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Listas de morosos: cómo evitarlas y cómo salir de ellas

 

¿Está seguro de que no aparece en ningún fichero de morosos? ¿Cómo evitarlos? Y sobre todo ¿cómo salir de ellos? Seguro que se ha hecho alguna vez alguna de estas preguntas. Vamos a darle respuesta y a tratar de algunas cuestiones sobre ellos que seguro le resultarán muy prácticas.

Los ficheros de morosos, o de insolvencia patrimonial y de crédito, se han convertido en una herramienta muy popular entre las empresas. El miedo al descrédito personal o al daño en la imagen reputacional de una empresa que supone figurar en uno de estos ficheros, se han convertido en su mejor aliado.

Es más, el coste de incluir a una persona en uno de estos ficheros -que ronda entre los veinte y los cincuenta céntimos por persona- ha ayudado enormemente a que las empresas prefieran incluir a los clientes en estos ficheros que publicitan su condición de deudores, que acudir a los tribunales exigiendo el pago de la deuda.

En España existen diversos ficheros de morosos, pero sin embargo son dos los que gozan de mayor popularidad: ASNEF y RAI. Pero la cuestión es, ¿qué necesitan las empresas para incluirme en estos ficheros? ¿Existe algún importe mínimo para que me incluyan?

Para figurar en este tipo de ficheros es imprescindible que: i) exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada; ii) que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que debió procederse a su abono; y iii) que se haya requerido previamente al deudor exigiéndole el pago del importe adeudado.

La cuestión se simplifica de manera considerable si tenemos en cuenta que no existe un importe mínimo, bastarían seis euros o incluso menos para entrar a formar parte del nada privilegiado club de morosos de España.

Dicho esto, ¿cómo puede averiguar si está en un fichero? Pues bien, en principio la empresa tiene la obligación de notificarle su intención de incluirle o registrar sus datos en el fichero de morosos. Además, el responsable del fichero, es decir, la entidad que lo gestiona, dispone de un plazo de treinta días tras el registro para notificarle, indicando todos los datos que hubiesen sido registrados, e informarle de la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

¿Cuál es el principal problema de esta notificación? Que suelen enviarse al domicilio que figura en el contrato sobre el que se ha generado la deuda. Las empresas no tienen la obligación de intentar una segunda notificación, por lo que basta con que asuman la responsabilidad de que el domicilio donde se efectúa la primera notificación es el que efectivamente figura en el contrato. De ahí que pueda estar en un fichero de morosos, sin ni siquiera saberlo.

Por tanto, si quiere conocer si le han incluido en alguno de estos ficheros debería ponerse en contacto directo con su responsable, que deberá contestarle un plazo máximo de diez días, informándole de todos los asientos registrados a su nombre, la cuantía o importe que adeuda y el acreedor, entre otros aspectos.

Ahora que acaba de descubrir que aparece en un fichero, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí solo caben dos opciones: si efectivamente tiene una deuda, páguela. La empresa debería ponerlo en conocimiento del responsable del fichero, que eliminará sus datos del mismo.

La cuestión se complica si se le ha incluido de manera errónea o, si aún tras haber pagado no cancelan sus condición de deudor. Aquí cobra todo el protagonismo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En esta tesitura, debe acudir inmediatamente a la AEPD para formalizar una denuncia en la que deberá explicar los hechos, los posibles responsables de los mismos, una eventual calificación de las infracciones y todo ello acompañado de toda la documentación pertinente.

La denuncia podrá dirigirla frente al acreedor o al responsable del fichero, o incluso frente a ambos, pero una vez interpuesta, será la AEPD quien tome las riendas. Abrirá un procedimiento de investigación, que de estimarse fundada la denuncia, podría terminar con la imposición de sanciones a la empresa acreedora o al responsable del fichero, que podrían alcanzar los 600.000€, dependiendo del carácter de la infracción.

Esa multa será ingresada por la AEPD. Entonces ¿quién le abonará los perjuicios sufridos como consecuencia de esa mala praxis?, ¿acaso no deben resarcirle esos daños?

Pues tendrá que acudir a un procedimiento judicial, pero cuide la estrategia procesal a seguir. Conviene elegir el momento para presentar la denuncia ante la AEPD y la demanda reclamando los daños y perjuicios irrogados, pues al fin y al cabo la resolución del procedimiento iniciado por la AEPD reforzará considerablemente la demanda judicial.

La más reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha establecido que basta la mera inclusión de los datos en uno de estos ficheros de la vergüenza para considerar lesionado el derecho al honor y la propia imagen. Por lo que no lo dude, si hay un error o si una vez saldada la deuda, sigue apareciendo en ellos, acuda en busca de asesoramiento jurídico y proteja su crédito personal y su imagen reputacional.

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Proceso Monitorio

¿Qué es y cómo funciona?

dinero-mazoEl proceso monitorio es un procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe contradicción. Es un procedimiento rápido y sencillo cuya finalidad es conceder cuanto antes al demandante un título ejecutivo en aquellos juicios en los que el demandado no se opone formalmente a la demanda. Nació para combatir los problemas de impagados que se producen en un elevado porcentaje de transacciones comerciales. Resulta especialmente útil para los pequeños y medianos empresarios, así como para todos los profesionales que necesitan disponer de un mecanismo rápido y sencillo para el cobro de sus deudas. Asimismo, resulta muy práctico para el cobro a los propietarios morosos de sus deudas con la comunidad de que forman parte. Una ventaja añadida de este tipo de procedimiento es que la petición inicial que se dirige al Juzgado no requiere la intervención de abogado ni procurador, lo que redunda en un ahorro de costes para el acreedor.

El proceso monitorio español es documental, es decir, se deben aportar documentos que prueben la deuda. En cambio, el proceso monitorio europeo no es documental, ya que basta con que el demandante afirme que la deuda existe.

Adjuntamos un archivo PDF donde queda perfectamente explicado, para todo aquel que necesite de esta información: guia nº1_monitorio

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Empresas de recobro ¡Cuidado! No siempre dicen la verdad

No es la primera vez que advertimos sobre los excesos de las llamadas “compañías de recobro”, así como de esas otras empresas que se dedican a comprar la totalidad de las deudas que los bancos consideran difíciles, por un precio ridículo en relación al nominal, y que han crecido a la sombra de toda crisis financiera que se precie. (Cabe señalar sobre este último caso que el deudor, una vez recibe la notificación de que su deuda ha sido adquirida por la empresa, llamémosla “X”, puede ejercer su derecho a la recompra por el mismo valor que el banco se la vendió a “X”. La pega es que tan solo tiene 5 días para tramitar la gestión, lo que imposibilita de por sí a la inmensa mayoría de los empobrecidos españoles, incapaces tanto de contratar los servicios de un gabinete experto como de sortear el entramado burocrático que se encuentran por delante)

Pero hoy solo vamos a centrarnos en el sector específico del recobro:

Indudablemente las deudas que vienen reclamando, en la mayoría de los casos, se corresponden con la realidad. ¡Faltaría más! Pero hay algo en su actividad que podemos definir como realmente escandaloso, y no son solo las técnicas de presión que utilizan para cobrar, que de por sí llegan, dependiendo del caso, a constituir delito, sino que, además, en demasiadas ocasiones, las deudas reclamadas simplemente NO EXISTEN; de lo que se deduce que nos encontramos ante una soterrada estafa, alimentada por la complicada burocracia y la laxitud de las autoridades para frenar ciertas actitudes sospechosas de sobrepasar con mucho los límites de lo legal.

El caso que nos ocupa empezó de la forma típica: Nuestro asociado, del cual preservaremos el nombre por motivos obvios, se acercó a solicitar un contrato de telefonía móvil, en el que se le ofrecía como complemento la posibilidad financiar la compra de un aparato de última generación y así acceder a todos los servicios de telecomunicaciones que publicita la compañía.

Una vez había rellenado la documentación precisa, en una acto de falta absoluta de profesionalidad por parte del empleado, le comunican a nuestro asociado que no pueden continuar con la tramitación del contrato, ya que aparece inscrito en el fichero de morosos ASNEF-EQUIFAX, pues al parecer la compañía LEGAL PLUS S.L le reclamaba una factura de otra empresa tercera empresa de telecomunicaciones, por un valor de xx.xx€.

Como pueden imaginar, nuestro asociado no salía de su asombro, no solo por la actitud impropia del empleado, que con el establecimiento lleno de gente no tuvo reparo en anunciar la nueva situación del solicitante del contrato, sino que, además, era incapaz de recordar deuda alguna.

Después de contactar con las oficinas de “EMPRESARIAL VEGAS BAJAS y ADEMYC”, nos pusimos en marcha.

En primer lugar exigimos información detallada de la deuda, tanto a ASNEF-EQUIFAX, como a LEGAL PLUS S.L, ya que desconocíamos la procedencia. (Señalar que, de antemano, el asociado se había puesto en contacto con todas las compañías de telecomunicaciones que operan en el país, y ninguna reconocía ser su acreedora).

En la solicitud de información se incluyó la advertencia para ASNEF-EQUIFAX de las consecuencias de incluir en su fichero de morosos a un empresario por una deuda inexistente, y que vista las circunstancias nadie era capaz de identificar, por lo que se demandó la inmediata retirada de los datos del mismo, cosa que no procedieron a hacer hasta pasados unos días.

Pero sigamos con la historia.

LEGAL PLUS S.L recibió otra advertencia, donde se le invitaba a que nos hicieran llegar una copia de la factura reclamada, con los datos del reclamante original, para así proceder a su liquidación, en caso de que esa factura fuera legítima. Desde el primer momento se les quedó claro que el asociado no pensaba tratar con una empresa de recobro. Únicamente hablaríamos con la empresa que realizaba la reclamación original, sin intermediarios.

Pues bien, la respuesta de LEGAL PLUS S.L fue tan sorprendente como vergonzosa.

Les recomiendo que la lean detenidamente, y que se paren en el punto QUINTO, que hemos resaltado con un recuadro rojo, donde la empresa de recobro reconoce no tener los datos solicitados. O dicho de otro modo; “vamos a intentar cobrarte una factura de la que desconocemos absolutamente sus términos, el servicio ofrecido y tan siquiera si realmente existe”.

 legal plus1

Nuestro asociado ya no está incluido en el fichero de morosos ASNEF-EQUIFAX, como bien señala el texto, ya que una compañía de telecomunicaciones misteriosa, de la que aún desconocemos el nombre, decidió retirar la anotación de forma preventiva (y no me extraña, porque estábamos a tan solo unas horas de comunicar el caso a la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS).

En definitiva, si usted se encuentra en una situación parecida y LEGAL PLUS S.L está molestándole, es posible que se trate de una burda estrategia para presionar a ciudadanos incautos e indefensos con deudas pequeñas, que suelen pagarse por el simple hecho de evitar los perjuicios que acarrean.

Dicho esto, no se fie de nadie que no le detalle escrupulosamente el contenido de una reclamación de deuda. Contacte con nosotros y le asesoraremos como enfrentarse a estos, cada vez más habituales, sospechosos casos de estafa.

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La ley antimorosidad no se cumple

deudaEn Marzo entro en vigor la nueva normativa contra la morosidad. Pero el 78% de las empresas sigue concediendo plazos superiores a los marcados por la Ley en los vencimientos de sus facturas, según credito y caución. Una realidad que hace peligrar al 14% de ellas.

Las administraciones públicas tienen un plazo de 30 días para pagar sus facturas a los autónomos, al menos antes de que se apliquen las sanciones correspondientes. Sin embargo la realidad es bien distinta. Lo que en principio se celebró con júbilo por parte de los trabajadores y propietarios de PYMES que mantienen relaciones comerciales con los gobiernos autonómicos y municipales, hoy se ha convertido en decepción. No solo se ignoran los plazos, sino que además no existe un procolo sancionador efectivo.

La ley no se cumple, y no solo entre particulares. La administración pública, deudora de enormes sumas a la pequeña y mediana empresa, es otro de los escollos para el desarrollo de nuestro tejido empresarial.

FUNETES DE INFORMACIÓN:

http://www.lavanguardia.com/economia/20111017/54232854247/la-ley-de-la-morosidad-no-se-cumple-porque-faltan-sanciones.html

http://www.laopinion.es/canarias/2013/08/08/pago-facturas-autonomos-triplica-plazo/491806.html

http://www.anifer.es/html/esp/6278/ley_de_morosidad.html

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/exigen-a-junta-que-cumpla-ley-de-morosidad-en-sus-pagos_820431.html

http://www.asset.es/index.php/actualidad/3619-los-directivos-financieros-constatan-que-la-ley-de-morosidad-ha-tenido-unos-efectos-poco-significativos-y-no-se-cumplen-los-plazos

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Intrum Justicia y otras alimañas del recobro

Este tipo de empresas de recobro, como información pormenorizada, podemos asegurarles que trabajan al borde de la Ley, con técnicas de coacción, extorsión y acoso que según nuestra legislación son constitutivas de delito.

La persona física o empresa suele encontrarse una comunicación del tipo a la de la imagen.

Intrum

Tras esto llegan las llamadas insistentes, amenazas, etc…

En nuestra asociación nos hemos encontrado con este problema sobre todo entre aquellos hosteleros que han renunciado al uso del repertorio SGAE, dejando por tanto de pagar las tasas por reproducción de obras protegidas bajo Copyright.

Es evidente que Intrum, en el caso concreto, estaba reclamando un dinero que el socio no debía, como también suele darse en contratos finiquitados de telefonía, tarjetas de crédito canceladas o comisiones abusivas de Banca.

Nosotros podemos darle algunas recomendaciones, entre las que se incluyen la grabación de cualquier intento de comunicación telefónica que estos señores pretendan con ustedes. Ese es el momento de hacerles saber que no reconocen la deuda, exponer las razones y dejar muy claro que en caso de insistir en cobrarles la deuda se les denunciará por acoso en las oficinas del Consumidor y en los Tribunales de Justicia.

De igual forma también deben recordarles que ustedes jamás dieron autorización a Intrum Justicia para que pudiera hacer uso de sus datos personales, y que por tanto podrán el asunto en manos de la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.(Intrum, a pesar de tener un gabinete jurídico, no es una demanda lo que les interpone, sino que utiliza el acoso como arma de cobro de una deuda que ha adquirido a precio de saldo, comprándosela a un tercero que a su vez la consideraba complicada o de difícil solución)

Pero sobre todo RECUERDEN; jamás, y digo jamás, sean ustedes quienes llamen a sus teléfonos o pretendan una comunicación con ellos.

Para todo lo demás nuestra asociación ADEMYC, les mantendrá informados de sus derechos.

No duden en llamarnos al teléfono 924 453 729 en horario de 10:00 a 12:00

O escriban al correo info@ademyc.com

POSDATA: Existen otras empresas similares. Antes de ceder a la coacción, llámennos.

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