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Lo que debes saber sobre la nueva ley de Protección de Datos.

 

 

Enlaces de interés para que estés al día.

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La protección de datos pone contra las cuerdas a las empresas españolas
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20170601/la-proteccion-de-datos-pondra-contra-las-cuerdas-a-las-empresas-espanolas-6074040
Consecuencias del incumplimiento del nuevo Reglamento de Protección de Datos
 
https://www.elderecho.com/tribuna/civil/proteccion-datos-reglamento_11_1212805002.html
Las implicaciones del RGPD
 
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/03/01/5a983d1046163fba308b45a8.html
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php
¿Cómo afectan la nueva LOPD / RGPD a las PYMES en España?
 
https://www.bilky.es/como-afectan-la-nueva-lopd-rgpd-las-pymes-en-espana/#respond
   

 

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Embargos mal aplicados; saldo de las cuentas bancarias con un único ingreso periódico.

Texto redactado y publicado por el LETRADO DEL ESTADO, Jaime Font de Mora Rullán.

Enlace original: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/el-embargo-del-saldo-de-las-cuentas-bancarias-con-un-unico-ingreso-periodico-ahorro-susceptible-de-traba-o-prestacion-inembargable

INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DEL PROBLEMA O SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA (ECCV) DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL DEL CGPJ.   

 Para comprender la dimensión que presenta en la práctica la cuestión que se aborda en este artículo resulta ineludible hacer una breve mención o referencia a cómo ha evolucionado el embargo del saldo de las cuentas bancarias desde la promulgación de la vigente LEC hasta la actualidad.

En este sentido, cuando se promulgó la vigente ley de ritos, disponía el artículo 588 de la LEC que “1. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine, por medio de auto, una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente.” Tras la reforma operada por la Ley 13/2009 dicha facultad para concretar el límite máximo embargable se atribuyó al Letrado de la Administración de Justicia. Por su parte, respecto a la forma de materializar ese embargo, las denominadas medidas de garantía de la traba, disponía el artículo 621.2 de la LEC tras la reforma del año 2009 que: “2. Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario judicial responsable de la ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado segundo del artículo 588. Esta orden podrá ser diligenciada por el procurador de la parte ejecutante. La entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo momento de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo se entregará en ese acto al procurador de la parte ejecutante que haya asumido su diligenciamiento; de no ser así, se remitirá directamente al órgano de la ejecución por el medio más rápido posible.”

Es decir, que se trataba de un procedimiento lento e ineficaz en muchas de ocasiones, pues o bien se tenía que averiguar previamente en qué entidades bancarias concretas tenía cuentas abiertas el demandado, lo que demoraba más la adopción de la medida, o bien se oficiaba a un elevado número de entidades bancarias, las principales, a fin de probar suerte por si se daba en la diana, siendo frecuentes los escritos de parte que incluían un amplísimo listado de bancos. Resulta además que ese oficio se cumplimentaba en formato papel y mediante correo o a través del procurador (en muy pocos casos), lo que originaba mayores retrasos. Además, en algunos casos sobrevolaba en el foro la sospecha, difícil de demostrar, de que el responsable de la entidad había dado el “chivatazo” al demandado-cliente habitual para que retirara fondos antes de verificar el cumplimiento de la orden judicial, siendo así que las cuentas se quedaban vacías haciendo ineficaz la medida.

El panorama descrito cambió radicalmente a partir del año 2011 cuando el CGPJ implementó a través del PNJ un sistema de embargo automático de cuentas. La piedra angular de dicho sistema está constituida por el convenio de colaboración suscrito por el Consejo al que se fueron adhiriendo paulatinamente las entidades bancarias españolas, primero las más importantes y en la actualidad prácticamente todas las del panorama nacional.

Este sistema, denominado “de embargo de cuentas corrientes a la vista” (conocido por las siglas ECCV) funciona de manera que por parte de la Oficina Judicial se ingresa en la aplicación de la cuenta de consignaciones (que actualmente gestiona el Banco Santander S.A) los datos del ejecutado, sobre todo su NIF, y la cantidad a embargar, y el programa procede  a efectuar un barrido automático en todas la entidades adheridas reteniendo y transfiriendo a las cuentas judiciales las cantidades que procedan hasta cubrir el importe reclamado. Utilizando un algoritmo interno para distribuir el embargo en cada ocasión entre todas las entidades. Y todo ello en cuestión de pocos días, un ciclo de 5 días como máximo. Además, recientemente se han introducido mejoras en el sistema para que la reexpedición de esas órdenes de embargo sea también automática, sin que tenga que darlas de alta nuevamente el órgano judicial cada vez.

El resultado de todo ello es que en la actualidad este tipo de embargos ha pasado a ser el más importante y eficaz de cuantos puede decretar el Juzgado, convirtiéndose en un auténtico “rodillo”, y además en un tiempo breve. Pero como contrapartida a esa maquinaria tan eficaz, surge el problema de que el sistema no permite discriminar qué se embarga, frente a la situación anterior de los oficios en papel, en que muchas veces las entidades bancarias contestaban negativamente informando que la cuenta se nutría únicamente de una prestación, normalmente sueldo o pensión, y que por lo tanto podía resultar inembargable conforme a los parámetros del artículo 607.2 de la LEC. En la práctica esto ha supuesto que en los Juzgados sea bastante habitual la comparecencia de los demandados solicitando el alzamiento del embargo acordado sobre sus cuentas por tal motivo, siendo además una cuestión que ha de resolverse de forma urgente, pues en muchas ocasiones las personas afectadas no tienen otros recursos con los que subsistir. Se plantea en tales casos si procede o no devolver en todo o en parte dichas cantidades y cómo debe acordarse esa devolución.

II LA CUESTIÓN ESENCIAL DE SI LA CANTIDAD EMBARGADA DEBE TENER LA CONDICIÓN DE AHORRO, SUSCEPTIBLE DE TRABA, O SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN INEMBARGABLE.

Pues bien, lo cierto es que sobre dicha cuestión existen dos tesis jurisprudenciales contrapuestas que se pueden resumir de la siguiente forma:

a) Tesis garantista o pro deudor: parte del entendimiento de que toda la cantidad que obra consignada en la cuenta, cualquiera que sea su importe, resulta inembargable al extenderse la consideración o calificación de sueldo o pensión inembargable a todo el saldo acumulado, pero ello siempre y cuando se pruebe por el deudor de manera cumplida que la cuenta no se nutre de ningún otro ingreso distinto, lo que desvirtuaría dicha protección.

Esta postura se puede encontrar en numerosos autos, como por ejemplo el Auto nº 80/2010 de 14-5-2010 de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (Roj: AAP GR 140/2010 – ECLI: ES:APGR:2010:140A Id Cendoj: 18087370032010200040), ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES, cuando señala que: “SEGUNDO.- Es cierto que la ley distingue, al examinar los bienes y derechos, entre sueldos, salarios, pensiones, y cuentas corrientes de cualquier clase, siendo embargable el dinero existente en una cuenta corriente bancaria que se expresa en forma contable, como saldo positivo, disponible por su titular. También es cierto que el embargo litigioso lo fue de dinero existente en cuenta corriente, conforme permite el número 1º, 2 del artículo 592 de la LEC. Sin embargo, ello no permite desconocer la naturaleza del ingreso o dinero disponible, ya que cuando no se trata de ahorro disponible de dinero, una vez superado el periodo de percepción, normalmente mensual de los salarios, sueldos, pensiones, o retribución equivalente, a que se refiere el artículo 607.1 LEC, revelando la disponibilidad de otros fuentes de ingresos, que permiten al deudor subsistir con un mínimo vital acorde a la dignidad sin disponer de tales ingresos, ni ante saldos formados con otras fuentes de ingresos, realmente la traba de tal dinero disponible, lo será de pensiones o sueldos, cuyo tratamiento es el del artículo 607 de la LEC, precepto del que no cabe prescindir, en cuanto que trata de garantizar un mínimo vital acorde a la dignidad, y que en nuestro ordenamiento jurídico determina al salario mínimo interprofesional. Por ello, cuando el deudor pruebe que la cuenta sobre la que se hace la traba, se emplea como medio de cobro de la pensión, sin otras fuentes de ingresos, con independencia de los cargos que puedan llevarse a cabo en ella, donde no figuran saldos superiores a lo que efectivamente ingresa cada mes en concepto de salario o pensión el ejecutado, en tal caso el efectivo existente en la cuenta no debe ser considerado como un saldo en cuenta corriente, y sí como sueldo o parte de él, y atendiendo a la finalidad de la norma, que fácilmente en otro caso podría verse defraudada, debe tener la consideración de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, a los efectos del articulo 607.1 LEC.”

Y en el mismo sentido el Auto nº 333/2008 de 1-12-2008 de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Roj: AAP M 15979/2008 – ECLI: ES:APM:2008:15979A Id Cendoj: 28079370092008200322) Ponente: JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ-VALDES cuando dispone que: “Segundo.- Entrando en el fondo de la cuestión, alegándose infracción de lo dispuesto en los artículos 606 y 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto junto a la parte legal del sueldo también se embargó a la recurrente los saldos y depósitos en una cuenta corriente en la que ingresaba el salario por lo que, en definitiva, el embargo supera los límites establecidos legalmente, constando en las actuaciones que en la cuenta embargada la ejecutada percibe salario también trabado, procede limitar el embargo sobre la citada cuenta a los saldos existentes en la misma que no procedan del salario que percibe la ejecutada”.

b) Tesis restrictiva o pro acreedor: atendiendo a un criterio temporal entiende que únicamente queda protegido el último mes en que se cobró la prestación inembargable, pero la cantidad que supere los ingresos de la última mensualidad se consolida, por lo que adquirirá la consideración o calificación de ahorro o saldo en cuenta y por lo tanto sí que sería susceptible de traba.

Esta tesis la expone de manera muy clara el Auto nº 91/2004 de 2 de septiembre de 2004 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida (Roj: AAP L 407/2004 – ECLI: ES:APL:2004:407ª) ponente José María Pocino Moga, cuando señala que: “Establecidas las anteriores premisas, a tenor del examen del cuenta aportada, en realidad estamos ante un simple medio de cobro de la pensión, y no ante la existencia de un saldo significativo de ahorro o demostrativo de una capacidad económica superior a la subsistencia que señala el artículo 607 de la LEC , para aquél año la cantidad de 451’20 euros mensuales. Que en realidad, se ha embargado la pensión que cobra el deudor, pues el hecho de que no la dispusiera de forma efectiva en su integridad en fechas próximas a la de cobro no implica que no forme parte de su necesaria subsistencia, y más, cuando esta pensión es inferior al salario mínimo interprofesional que a tenor de la LEC se establece como mínimo indispensable para la subsistencia. Si acogemos el parámetro tiempo para determinar la naturaleza del ingreso o dinero disponible, y atendemos a este podemos advertir como el deudor solo pudo ahorrar en el mes anterior – abril – la cantidad de 50’51 euros, y que por tanto sólo ésta cantidad era susceptible de embargo al superar su tenencia más de un mes, solo ésta cantidad puede merecer el concepto de saldo o dinero en cuenta corriente susceptible de embargo de conformidad al artículo 592 de la LEC. Si por otro lado solo usamos el criterio del mínimo de subsistencia previsto por la ley y reconocido constitucionalmente del artículo 607 habríamos de determinar que ningún saldo en el presente caso es susceptible de embargo pues aquél sobrante o ahorro de 50’01 euros del mes anterior provenía igualmente de una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, sin embargo acoger éste parámetro como único podría conducir a la ineficacia del embargo de cuentas y depósitos de ahorro, pues en definitiva todos los depósitos disponibles tienen su origen en ingresos de sueldos, salarios, rentas o pensiones, obligando al examen del origen de cada una de las partidas sin tener en cuenta el destino de subsistencia o de ahorro. Y es por ello que en definitiva constando que en el presente caso el deudor pudo subsistir el mes anterior proveyendo para su ahorro la cantidad de 50’01 euros, y que transcurrido el mes de vigencia con carta de naturaleza de pensión, éste deviene, transcurrido el umbral del mes, ahorro disponible de dinero y por tanto susceptible de embargo, no el resto del dinero que ingresado como pensión no varió su naturaleza de pensión al no haber superado el mes. En consecuencia, debe prevalecer el criterio tiempo, por adecuarse a la realidad económica de subsistencia del deudor y por que en definitiva otorga seguridad jurídica al ejecutante y ejecutado, cumpliendo con la finalidad que otorga a la Constitución y la LEC al sistema de mínimo inembargable. El ingreso o dinero que no supera la periodicidad de cobro, en nuestro caso el mensual, no pierde su condición de pensión, y una vez transcurrido el mes de disponibilidad si traspasa al siguiente tendrá a partir de la fecha de nuevo cobro de pensión la consideración de dinero en cuenta o ahorro del artículo 592 de la LEC . En definitiva debe reconocerse al recurrente que en parte se ha producido una vulneración del artículo 607 LEC , y decretarse en el sentido expresado de devolución parcial del bien, dejando como embargo efectivo y acorde a Ley lo que es considerado como ahorro, la cantidad en este caso de 50’51 euros, y por tanto será superior al límite del artículo 607 LEC la cantidad de 175’51 euros.”

En la práctica, si se acoge esta segunda tesis, que parece la más razonable y equilibrada entre los intereses de acreedor y deudor, deberá calcularse en cado caso concreto la cantidad que resulta embargable al tener la consideración de ahorro, descontando los importes de la última mensualidad que resulten inembargables.

III SOBRE CÓMO SE DEBE DEJAR SIN EFECTO EL EMBARGO ACORDADO EN ESTOS CASOS.

Tampoco está claro en la LEC cómo debe adoptarse la resolución para resolver sobre esta incidente y si es necesaria o no la postulación del demandado. Sobre esta segunda cuestión el criterio mayoritario en el foro es el de admitir la simple personación del demandado mediante comparecencia o escrito, y ello porque de lo contrario se le obligaría a tener que designar abogado y procurador, normalmente del turno de oficio, lo que puede demorar considerablemente la resolución de una cuestión que resulta urgente en muchos casos. Como fundamento a favor de esta tesis se puede citar el artículo 609 de la LEC que admite la actuación del ejecutado mediante la “simple comparecencia ante el Secretario judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo”

En cuanto a la forma de la resolución a dictar, se aboga por que sea un decreto de Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso de revisión ante el Juez. Y ello porque si bien es cierto que del citado artículo 609 de la LEC parece que debería acordarse la nulidad del embargo acordado, lo que necesariamente tendría que hacerse por auto del Juez, lo cierto es que la medida a adoptar puede incardinarse perfectamente en el concepto de reducción del embargo del artículo 612.2 de la LEC que sí es competencia en primer lugar del Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso ante el Juez.

Finalmente se plantean dudas respecto al trámite a seguir y, concretamente, si resultaría necesario o no conferir previo traslado al ejecutante antes de entrar a resolver la cuestión. Pues bien, sobre este punto parece más razonable entender que sí es posible entrar directamente a resolver siempre y cuando de la documentación aportada por el demandado, normalmente copia o resguardo de la cuenta embargada, resulte evidente que no constan otros ingresos. Ahora bien, cuando se planteen dudas por la existencia de apuntes contables que reflejen otros ingresos, sí sería razonable conferir un previo traslado al ejecutante a fin de que pueda posicionarse al respecto.

En definitiva, se trata de una resolución de Letrado de la Administración de Justicia de gran importancia y relevancia práctica puesto que requiere de una respuesta rápida y ágil para minimizar los efectos perniciosos que pueden provocarse al demandado en estos casos.

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Comisiones Bancarias. Como reclamar.

Fuente: http://www.publico.es/economia/comisiones-banco-no-deberia-cobrar.html

Las comisiones que el banco no te debería cobrar y por qué.

Clientes usando los cajeros automáticos de BBVA, Banco Santader y Banco Sabadell.

Las comisiones bancarias generan conflicto entre clientes y entidades. Una cuestión que ha generado ante el servicio de Reclamaciones del Banco de España, con los últimos datos presentados, casi 300 solicitudes por el consiguiente malestar que esto supone al consumidor final.

La tipología que engloba las comisiones bancarias es bastante amplia y variada. El Banco Central Europeo destaca que la banca española genera un 23% de sus ingresos por esta vía. Pero ¿cuál es el volumen que obtienen las entidades bancarias por este tipo de cobros periódicos a sus clientes? 5.298,7 millones de euros, según un estudio realizado por la agencia Servimedia y la asociación Facuaen la primera mitad de 2017. Esta ingente cantidad la suman seis bancos españoles; Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Banco Popular (los datos de este último se corresponden a momentos previos a su absorción por el Santander), que han recaudado en comisiones a sus clientes.

Según la norma, regulada en la Orden EHA/2899/2011, las entidades no están obligadas a registrar previamente al Banco de España las cantidades en comisiones que van a aplicar. Solo existe la necesidad de mantener información sobre las habitualmente percibidas por operaciones y servicios más frecuentes.

El Banco Santander lidera el importe cobrado a sus clientes en comisiones con 2.844 millones

Sin embargo, una nueva normativa, aprobada en el nuevo Real Decreto Ley 19/2017, aprobado por Consejo de Ministros el pasado 22 de noviembre da un paso más hacia la transparencia, dictado por normativa europea. Este decreto obliga a los bancos a establecer también en los contratos bancarios, no solamente en folletos informativos, un apartado donde señalar la tasa en comisiones de forma “breve y con una estructura clara”. Esta ley permitirá en 2018 ganar en transparencia y protección al cliente de servicios bancarios.

El estudio de Facua y Servimedia destaca una subida de 633,9 millones de euros cobrados en comisiones bancarias, con respecto a los 4.664,8 millones del mismo periodo en 2016.

El Banco Santander lidera el importe cobrado a sus clientes en comisiones con 2.844 millones de euros. BBVA ha captado 1.223 millones de euros. CaixaBank ha obtenido 588 millones, según el estudio presentado.

Otra de las entidades que registró una importante recaudación en estas cuotas ha sido el Banco de Sabadell con 296,7 millones de euros. En último lugar, el Banco Popular fue el único que redujo las comisiones cobradas en un 0,7 por ciento. En concreto, percibió 140 millones de euros.

Comisiones ¿indebidas?

Las comisiones bancarias resultan un aspecto decisivo a la hora de contratar una cuenta corriente, una hipoteca o un préstamo personal, aunque no siempre es sencillo conocer los derechos como consumidor de estos productos. Un aspecto clave es saber distinguir entre las comisiones que son indebidas y las que no. 

El abogado, experto en derecho bancario, Ignacio Ferrer-Bonsoms, del despacho Ferrer-Bonsoms&Sanjurjo aclara a Público que por lo general las comisiones indebidas son aquellas que están prohibidas por la Ley. “Podemos señalar que los bancos no pueden cobrar por servicios no prestados, no solicitados o que no han generado gasto. Está sería la esencia de la reclamación”.

En cuanto a las comisiones indebidas gestionadas por los bancos se encontrarían varias:

Cobros por descubierto en cuenta o número rojos, posiciones deudoras y devolución de efectos (talones, cheques). En estos casos, Ferrer-Bonsoms apunta que “tanto empresas, como particulares se han visto protegidos por los tribunales. En concreto el razonamiento ha sido que no se puede cobrar dos veces por lo mismo”. Por ejemplo, por el descubierto de una comisión, y además un tipo de interés de demora aparte.

Comisiones por tener una cuenta obligatoria por una hipoteca o depósito. El Banco de España explica muy claramente que “el Servicio considera que cuando las cuentas se mantienen por imposición de la entidad o cuando son utilizadas exclusivamente para abonar los intereses de un depósito o para dar servicio a un préstamo hipotecario no corresponde a los clientes correr con los gastos de ninguna comisión por mantenimiento o administración“.

Imposición del seguro de vida para la hipoteca. Se podrá reclamar su nulidad si se acredita que no era necesario, por ejemplo, por tener otro seguro de vida que te podía cubrir.

Comisión de demora en el caso de los préstamos hipotecarios. Este experto añade que “lo curioso del caso es que la banca tenía carta blanca en esta materia, aplicando comisiones superiores al 20 por ciento”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que no podían cobrar tales comisiones. Curiosamente y tras dicha resolución el gobierno reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil limitando el interés de demora sin superar el 3 por ciento del interés legal del dinero.

¿Cómo distinguir entre una comisión indebida de una normal?

Como hemos señalado antes, no es fácil distinguir entre una comisión ilegal y una normal. Por ello los expertos destacan que “hay que acudir a la jurisprudencia”. Y ver si se trata de servicios concretos, prestados y que generan un gasto para la entidad.

Por tanto, en todos aquellos casos en que no concurran estos dos requisitos (prestación de servicio o generación de gasto), las comisiones son indebidas. Además, el cliente ha tenido que aceptar previamente dicho servicio. 

Casos recientes con sentencias

Banco Popular ha sido una de las entidades que ha tenido casos recientes en materia de comisiones ante la justicia. El pasado mes de diciembre, la entidad había sido condenada a devolver 14.402,43 euros que había cobrado ilegalmente a dos consumidores “en concepto de gastos de reclamación de posiciones deudoras y liquidaciones de cuenta”.

Los consumidores fueron condenados, en primera instancia, a pagar al Banco Popular, la cantidad de 14.402,43 euros tras estimarse la demanda que se presentó contra ellos.

La Audiencia Provincial de Segovia, tras recurrir en Apelación ante la Audiencia Provincial aclara, como argumento fundamental en la sentencia condenatoria que “la entidad financiera no hace el menor esfuerzo en explicar la forma en que se han calculado, ni el principal tipo sobre el que se calcula, ni el aplicado, ni el tiempo, nada en absoluto”.

Veinte años de comisiones por tener un préstamo hipotecario en la cuenta

Marta González ha sido una de las afectadas por el pago de comisiones indebidas en relación a su cuenta vinculada a un préstamo hipotecario. A través de Facua ha presentado un expediente de reclamación. No se conoce desde la organización el número de afectados por el pago irregular de comisiones de este tipo. El pasado mes de mayo, esta usuaria tramitó una reclamación al BBVA para resolver la devolución de las cuotas de mantenimiento abonadas años tras año en la cuenta de su préstamo hipotecario.

“Me han cobrado comisiones durante veinte años en mi cuenta de la hipoteca del BBVA. Y era ilegal”

Esta cordobesa, ama de casa, recuerda a Público que ha estado casi dos décadas pagando estas cantidades sin tener información de las comisiones a las que estaba expuesta. La entidad ha realizado pagos periódicos de 60 euros anuales en cuotas de mantenimiento y administración por una cartilla que sólo se encontraba abierta para el pago obligatorio del préstamo. La hipoteca, sujeta a 25 años, le ha obligado a abonar casi 2.000 euros en comisiones desde 1997. “Me han cobrado comisiones durante veinte años en mi cuenta de la hipoteca del BBVA. Y era ilegal”, aclara esta usuaria.

Hasta el momento el trámite abierto por Facua al BBVA solo le ha permitido la devolución de las comisiones de los últimos cinco años. En total Marta ha logrado recuperar 296,43 euros cobrados por las cuotas de comisión de administración en una cuenta únicamente abierta para las letras del préstamo.

El expediente, abierto por Facua Córdoba, llegó a su sucursal del BBVA en Córdoba en menos de treinta días con una respuesta negativa por parte de la entidad. Marta decidió entonces tramitar la reclamación ante el Departamento de Conducta y Mercado del Banco de España para resolver el asunto. Así se lo indicaron los abogados de Facua con los que había iniciado los trámites.

276 reclamaciones por comisiones en el Banco de España durante 2016

Cuando Marta tramitó su expediente dentro del Departamento de Conducta y Mercado del Banco de España recibió la siguiente resolución que fue directamente enviada a la sucursal del BBVA en Córdoba: “Cuando las cuentas son utilizadas exclusivamente para el pago del préstamo, la prestación del servicio se lleva a cabo por exclusiva imposición de la entidad, sin que corresponda a los prestatarios soportar el cargo de importe alguno por tal función”. Dos semanas después, Marta recibió el abono de las cuantías cobradas por el banco a su cuenta bancaria.

Desde este departamento del Banco de España, se han tramitado por el concepto de ‘comisiones bancarias’ un total de 276 reclamaciones en 2016, según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, a la que ha tenido acceso Público.

¿Ante quién hay que reclamar?

Según se desprende del informe de Servimedia y Facua, todos los bancos analizados dejan “de cobrar la mayoría de comisiones de administración si el usuario tiene domiciliada la nómina, la prestación por desempleo o la pensión y siempre que alcancen una determinada cantidad de liquidez”.

Hay que dirigirse al “banco y pedir explicaciones sobre la aplicación de la comisión indebida”

Rubén Sánchez, portavoz de Facua aclara a Público que las comisiones de administración y mantenimiento son por regla general “una cuota fija cobrada de forma periódica y cuyo objeto es cubrir el servicio de administrar tu cuenta o por el servicio prestado”, sin haber sido solicitado previamente.

Sobre las reclamaciones, la organización de consumidores y usuarios OCU, recalca que una vez cuente el cliente con motivos suficientes para reclamar, hay que dirigirse al “banco y pedir explicaciones sobre la aplicación de la comisión indebida, solicitando la retirada de la misma”. Si no consigue nada, hay que trasladar la reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente o ante el Defensor del Cliente de la entidad financiera, exponiendo los motivos que han generado este recargo.

Si un plazo máximo de dos meses no se ha tenido respuesta, la queja puede llevarse ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Y finalmente, si el caso no tuviera resolución la última vía abierta sería llegar a presentar demanda ante los Tribunales de Justicia.

Una estrategia comercial para la patronal

Por su parte el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano aclara a Público que “en el cobro de comisiones cada entidad diseña su propia estrategia comercial, en función de muchos parámetros y, además, esta estrategia es cambiante en el tiempo. Las diferentes estrategias de los bancos también muestran que éstos compiten a cara de perro y que el consumidor se puede beneficiar de ello al elegir el mejor servicio al mejor precio”.

Además, el portavoz de AEB afirma que “un buen servicio requiere un pago adecuado que lo mantenga y una rentabilidad razonable para que mejore. Los clientes deben conocer lo que vale el servicio financiero que reciben”.

Una cuenta básica bancaria libre de comisiones

El Consejo de ministros acordó el pasado mes de noviembre cumplir con la directiva europea 2014/92/UE, a través del Real Decreto Ley 19/2017 que permitiría, con una determinada renta, acceder al derecho universal de una cuenta bancaria básica sin comisiones. En la práctica esto supone que las entidades financieras estarán obligadas a ofrecer una cuenta para operaciones básicas (domiciliación de nómina y recibos, transferencias y una tarjeta de débito). El Ministerio de Economía será el encargado de fijar las tasas que se abonen a estas cuentas.

La Proposición no de Ley fue trasladada al Congreso el pasado mes de abril por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea. El texto insta a crear, a través del Banco de España, una cuenta corriente de servicios mínimos esenciales o “Cuenta Básica”. Podemos afirma que esta cuenta beneficiaria a 2,6 millones de españoles tras su aprobación en el Consejo de Ministros. El máximo de comisiones estipuladas sería de un uno por ciento del Salario Mínimo Interprofesional anual o coste cero.

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Programas para gestión empresarial GRATIS

Si no deseas invertir tu dinero en un programa informático de pago, siempre puedes seleccionar  una herramienta software gratis para gestionar tu negocio. Es conveniente que busques y pruebes varias, para comprobar cuál es la mejor para ti y para tu empresa. Aquí te presentamos algunas con las que puedes empezar a experimentar y comprobar las ventajas que este tipo de tecnología te ofrece:

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  2. Factusol:. Con este software, puedes crear tú mismo, de forma sencilla y con un aspecto profesional, tus propias facturas. Gracias a esta herramienta, podrás controlar todo lo relacionado con las compras y ventas realizadas por tu empresa, conocer tu stock real, generar recibos, informes o enviar, a través de un simple click, toda la información a tu gestor.
  3. Ganttproject. Planifica tus proyectos y distribuye las tareas con esta sencilla herramienta. Granttproject te permite diseñar organigramas de actividades, basados en el diagrama de Gantt, para organizar las tareas de todo tu equipo y llevar a cabo un seguimiento y control más eficaz.
  4. Mis clientes 3.02. Si lo que necesitas es una herramienta con la que administrar a tus clientes, esta puede ser una buena opción. Este programa te permite crear una base de datos con tus clientes y realizar búsquedas de manera sencilla, además de llevar un control de los trabajos realizados o que se están llevando a cabo.

 

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Libreros versus Colegios

Fuente: http://www.hoy.es/extremadura/libreros-piden-junta-20170904000705-ntvo.html

Los libreros piden a la Junta que impida a los colegios comprar a las editoriales

Las librerías continúan notando el descenso en la venta de los libros escolares. :: david palma

Denuncian «la competencia desleal» a la que tienen que hacer frente por el «intrusismo» de algunos centros concertados

Un año más la polémica regresa con la llegada del nuevo curso escolar. Porque un año más, dicen los libreros, tienen que enfrentarse a la «competencia desleal» de algunos centros educativos, especialmente concertados.

«Porque no cumplen la normativa de comercio y, sin embargo, pueden vender libros de texto», explica José María Casado, presidente de la Asociación de Libreros de Extremadura.

Es el motivo por el que desde la organización reclaman a la Consejería de Educación que controle el destino de las becas que da para la adquisición de los libros escolares e impida que los centros compren directamente a las editoriales.

Aunque son mayoría los colegios que hoy dedican el dinero que les llega de las becas a la compra de los textos en las librerías de su localidad, como exige la Junta, los libreros mantienen que hay otros que las destinan a adquirirlos de forma directa a las editoriales. «Subastan el dinero con el que cuentan entre la editoriales y optan por los libros que les salen más baratos», señala Casado. «Es un trato de favor a los centros en detrimento de las librerías y estamos indefensos», añade. Además, porque mantiene que las condiciones de venta en unos y otros poco tienen que ver.

«La mayoría no tiene un local abierto al público durante todo el año, ni su actividad empresarial es esa, ni tienen el personal para la misma… No competimos en las mismas condiciones», resume Casado.

Los libreros reconocen que con el sistema de préstamos que posibilitan los bancos de libros escolares la venta de los textos ha ido descendiendo en la región. De tal modo que es el propio colegio el que reparte los libros que va aglutinando entre los alumnos becados y también entre los que no lo están a medida que el banco va contando con fondos suficientes.

«Pero cada curso se tienen que adquirir nuevos libros para ir completando el banco y reponiendo aquellos que ya están muy utilizados», recuerda un librero placentino. Por eso reiteran la necesidad de que la Junta controle el destino de las becas que da para los libros (120 euros en Primaria y 150 en Secundaria), que exija a los centros que las dediquen a adquirir libros en las librerías y no en las editoriales y que retire las ayudas a los centros que no cumplan. «Y si se les deja vender libros, aunque no es su actividad, como está ocurriendo, que se les obligue a hacerlo en las mismas condiciones que tenemos nosotros», zanja el presidente de los libreros extremeños.

En definitiva, que la Administración «ponga orden y que nos respalde en una de las mejores épocas para muchas librerías». A juicio de José María Casado, no hacerlo pondría de manifiesto una «actitud hipócrita» por parte de la Junta. «Dice que hay que ayudarnos como centros de cultura, especialmente en localidades pequeñas, y a la hora de la verdad, cuando se trata del grueso del negocio para muchos establecimientos, no lo hace», argumenta el presidente de un sector que cuenta con cerca de 500 puntos de venta en Extremadura y del que viven más de un millar de familias.

Actividad lucrativa

Sin embargo, la Junta recuerda que, frente a las demandas de los libreros, un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y Empleo resuelve, literalmente, «a favor de la venta de libros por los centros concertados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. No obstante, tales actividades y sus cuotas deben ser autorizadas por el Consejo Escolar y comunicadas a la Administración. Lo que nunca podrá efectuar ningún centro concertado es ofrecer libros fuera del ámbito escolar».

En el mismo sentido, añade también la consejería, concluye un informe de una administración local, que señala que no existe competencia desleal ya que «los colegios actúan como consumidores finales, y no como libreros o distribuidores, que adquieren directamente los libros de texto para defender los intereses de los padres de los alumnos evitando intermediarios y consiguiendo un bajo coste».

Pero libreros consultados aseguran que los colegios hacen de intermediarios entre las editoriales y padres de los alumnos y que esta actividad les reporta un beneficio económico aunque puedan poner en algunos casos los libros a menor coste que en una librería. «Pero está claro que es un negocio; los centros que venden libros piden cada curso un buen número de ellos, frente a los que no los venden, que hacen que los padres tengan que adquirir los cuadernillos de trabajo y poco más, porque trabajan para que su banco de libros funcione de verdad en favor de sus alumnos, los becados y los que no lo están».

También desde la federación de asociaciones de padres Freapa se considera que los centros educativos no deberían vender los libros de texto. «Es una competencia desleal a los libreros, porque no cumplen las mismas condiciones que ellos y, por tanto, se trata de una práctica que debería corregirse», valora el presidente Joaquín León.

Filed under: Impuestos

MULTAS MILLONARIAS POR CALUMNIAS EN LA RED

Alemania plantea una ley para imponer multas millonarias por publicar calumnias en redes sociales

Las empresas que no retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas podrían llegar a pagar hasta 50 millones de euros.

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El Gobierno de Alemania ha lanzado una campaña contra la publicación en redes sociales de contenidos y materiales que promuevan la calumnia y la incitación, una iniciativa por la que compañías como Facebook y Twitter podrían llegar a ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros si no actúan contra este tipo de mensajes.

“Necesitamos aumentar la presión en las redes sociales para que las compañías se tomen aún más seriamente su responsabilidad para erradicar contenidos delictivos”, ha afirmado el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en la presentación de los detalles de un nuevo proyecto de ley este martes.

El proyecto legislativo concede a las compañías 24 horas para retirar de sus plataformas el material que pueda ser considerado como una calumnia o que incite al odio o, en caso contrario, serán sancionadas con costosas multas.

“Cuando se refiere a delitos punibles que impliquen incitación y calumnia solo puede haber tan poco espacio en las redes sociales como en las calles”, ha afirmado Maas. “Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos. Y no se hace lo suficientemente rápido”, añadió.

Las empresas que no actúen para retirar el material denunciado podrían ser sancionadas con multas que alcanzan los cinco millones de euros a los individuos responsables de los mensajes y hasta 50 millones para las empresas tecnológicas.

La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde pasar el visto bueno del Parlamento. Este proyecto de ley llega en un momento en el que Alemania encara un periodo de elecciones en medio de la preocupación por el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas y mensajes racistas y de incitación al odio.

El proyecto presentado por el Gobierno alemán también incluye la obligación de que las empresas publiquen cada trimestre un informe sobre su gestión de las denuncias por contenidos inapropiados en sus plataformas.

Filed under: Decretos, General, Gobierno, Impuestos, ,

Cómo no caer en las ‘trampas’ del decreto de las cláusulas suelo

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Aquí están, resumidas, quince claves para no caer en las trampas del decreto y de los bancos en la devolución de las cláusulas suelo.

1.- Asesorarse y no precipitarse

Desde el momento en que el consumidor se dirija al banco para solicitar este mecanismo extrajudicial de devolución de la cláusula suelo, este simple paso tendrá consecuencias para él aunque no lo sepa, ni esté asesorado. Así lo establece el decreto que entró en vigor el 21 de enero de 2017.

Conviene, por tanto, pedir consejo previo a a un letrado de confianza, a las asociaciones de consumidores o al colegio de abogados de la ciudad.

2.- Estudiar las alternativas

Caben dos posibilidades: poner una demanda en el juzgado directamente o acogerse al mecanismo extrajudicial.

Con la demanda, el consumidor verá reconocido posiblemente la devolución del dinero indebido cobrado con la cláusula suelo, más los intereses de demora, más el pago de su abogado por parte de la entidad financiera.

Con el mecanismo extrajudicial, esta devolución depende de la voluntad del banco, que además sólo pagará las costas de la parte contraria si luego el consumidor acude a un juzgado y debe devolver devolver más dinero del que ofreció al cliente.

Hay una tercera alternativa: seguir reclamando al banco por los mecanismos ordinarios que tiene creados por ley (la oficina de defensor del cliente o el servicio de atención.

3.- Analizar el documento que ofrece el banco

No firmar nada sin estar asesorado. El banco pueden incurrir en más abusos en el mecanismo extrajudicial.

Hay entidades, como CaixaBank, que han incluido más cláusulas abusivas en el documento de solicitud del mecanismo extrajudicial. Por ejemplo, el cliente renuncia a acudir al Banco de España durante los tres meses que se otorga a la entidad para estudiar el caso.

Ya se han detectado casos de entidades que sólo ofrecen la devolución desde mayo de 2013, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue tajante en su sentencia del pasado diciembre: el Tribunal Supremo nunca debió de limitar la devolución a dicha fecha; si una cláusula es nula, por abusiva, lo es desde que se firmó.

4.- Reclamar los gastos de formalización de la hipoteca

El consumidor puede reclamar, además, los gastos de formalización de la hipoteca. Hay una sentencia del Supremo que ampara esta devolución, porque estos gastos deben ser pagados por el banco o a medias con el cliente.

5.- No se puede demandar al banco en tres meses

El decreto otorga tres meses de gracia a la entidad para estudiar cada caso en el mecanismo extrajudicial, de tal manera que el consumidor no puede demandar al banco en este tiempo para pedir la devolución de la cláusula suelo.

Al aceptar este mecanismo, se activará el sistema de costas procesales que incluye el decreto y que beneficia al banco frente al consumidor. Además, la entidad corre con los gastos de notario y registrador, pero el decreto establece que pague lo “mínimo”.

6.- El banco no pagará intereses en tres meses

El banco no pagará los intereses de estos tres meses de margen que le da el decreto para devolver el dinero propiedad del consumidor y cobrado de manera indebida con la cláusula suelo, porque esta norma no lo contempla.

7.- Nadie supervisará lo que el banco ofrezca, por ahora

“No va a tener consecuencia alguna para el banco si de nuevo hace firmar lo que no es”, explica Verónica del Carpio, profesora de Derecho Civil.

El decreto-ley carece de un sistema sancionador para los bancos y habla de un mecanismo de revisión de la devolución de la cláusula suelo, pero deja para el futuro su creación.

8.- Exigir el certificado de los intereses

Exija al banco que certifique cuánto le ha cobrado de más con esta cláusula abusiva, aunque la entidad le asegure que no tiene que devolver el dinero porque no ha abusado.

Hay bancos que planean resistirse a entregar este certificado, porque el decreto ley quedó de manera ambigua en el caso de que crea que no hubo abuso. Pero las asociaciones de consumidores consideran que cabe requerirlo.

9.- Hacer números

El consumidor tiene derecho a que le devuelvan el dinero en metálico, y con sus intereses, cobrado de manera indebida con una cláusula suelo. Así lo establece la legislación en caso de allanamiento.

Pero el decreto pactado por el PP y el PSOE beneficia a la banca: el consumidor deberá pagar a Hacienda–por ejemplo, en la deducción por compra de vivienda- pero si acepta la oferta del banco de quitarlo del capital pendiente en caso de que el contrato siga vigente, entonces el cliente queda eximido de tributos.

10.- Casi todos los bancos están condenados

No todos los contratos con cláusula suelo son abusivos. Sin embargo, casi todos los bancos tienen condenas en su contra, jurisprudencia que puede ser esgrimida ante un juzgado en una demanda.

Los créditos hipotecarios con cláusulas suelo eran estándares en cada banco, por lo que si su entidad ha sido condenada y no le ofreció una información transparente en su caso particular, estaría ante una situación similar de cláusula abusiva y, por lo tanto, nula.

Sólo el Banco Sabadell no ha sido condenado -porque ha optado por pagar con antelación cuando le llegaba una demanda para evitar una condena-, así como el Banco de Santander, que no incurrió en esta práctica abusiva.

El BBVA decidió hace dos años empezar a devolver este dinero indebido, y ahora se ha sumado Bankia y BMN. Casi todas las cajas incurrieron en esta práctica abusiva.

11.- ¿Desde cuándo deben devolver el dinero?

Desde que se firmó el contrato con la cláusula suelo. Es más, la Directiva  europea que ampara los derechos de los consumidores en cláusulas abusivas entró en vigor en España en 1993.

Se trata de una ley de cumplimiento obligado desde 1993, no es sólo jurisprudencia. Se puede solicitar la devolución a todos los contratos firmados desde dicho año. (Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores y profesionales).

12.-Si soy autónomo o PYME, ¿qué puedo hacer?

El decreto sólo contempla la devolución de la cláusula suelo para los consumidores en las hipotecas para la adquisición de vivienda. Esto es, excluye a un autónomo que haya comprado con un crédito una nave industrial o a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

En estos casos, conviene asesorarse porque ya hay sentencias que apuntan a que un autónomo o una PYME podrían ampararse en la legislación que protege a los consumidores. Hay abogados que intentan abrir ese camino en los juzgados.

13.- ¿Y si el banco sólo devolvió desde 2013?

Hay cuatro tipo de contratos hipotecarios con cláusulas suelo, según su situación de reclamación.

Están los no judicializados, los que aún están pendientes de ser resueltos en los juzgados, los que sólo recibieron la devolución conforme a lo que dijo el Supremo (a partir de 2013 –jurisprudencia anulada por el TJUE el pasado diciembre-, y los ya juzgados.

El decreto tramitado este martes por el Congreso está previsto para los contratos no judicializados.

Para los consumidores a los que la justicia sólo les devolvió el dinero desde mayo de 2013 -porque así lo decidió el Supremo- cabe la posibilidad de que el perjudicado reclame la responsabilidad patrimonial del Estado por mala administración de Justicia.

Como siempre, el TJUE ha apuntado el camino sobre la responsabilidad del Estado en caso de cláusula suelo. En una demanda presentada frente a Eslovaquia por la consumidora Milena Tomášová, el tribunal europeo resolvió el pasado julio que un Estado es responsable de los daños causados si un órgano jurisdiccional “ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable” en su resolución cuando existe “una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia”.

Los jueces han comenzado a dictar sentencia sobre los 4.000-5.000 demandas que tenían paralizadas a la espera de la decisión del TJUE. A estas sentencias hay que sumar las varias decenas de miles de demandas que se han presentado desde diciembre en los juzgados. Se calcula que sólo en mes y medio se presentaron 20.000 demandas… y subiendo.

14.- ¿Podría haber más cláusulas abusivas?

Si. El TJUE lleva desde 2011 dictando sentencias contra las prácticas abusivas de los bancos en España. Sólo en este año lleva 10 condenas a nuestro país por cláusulas abusivas.

Una reciente sentencia del TJUE ha frenado la barra libre que tenían los bancos en el sistema de ejecución hipotecario español.

Dicha sentencia, de consecuencias profundas, permite al juez estudiar si un contrato tiene otras cláusulas abusivas aunque el consumidor no las haya expuesto y aún cuando ya hubiera dictado sentencia sobre una cláusula diferente a la nueva tóxica en el mismo contrato.

Esta sentencia del TJUE del pasado 26 de enero respondía a varias cuestiones, entre ellas una cláusula tóxica de una hipoteca: el interés estaba calculado sobre el año comercial (360 días, en lugar de 365 que arañaba el banco a su favor).

Además, diversos abogados consultados consideran que abre camino a solicitar la declaración de cláusula abusiva al interés ordinario (el nominal) calculado con referencias fuera de lo normal, como el IRPH (Indice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios).

15.- ¿Cuándo una cláusula suelo es abusiva?

El Tribunal Supremo fijó las causas por las cuales una cláusula suelo es abusiva en su sentencia de mayo de 2013, en base a la jurisprudencia del TJUE sobre cláusulas abusivas en los contratos firmados entre consumidores y empresas profesionales, como pueden ser bancos, aseguradoras…

En el decreto tramitado en el Congreso, los bancos han conseguido  que el Gobierno excluyera estas alusiones. La razón de las presiones bancarias es que la mayoría no los ha cumplido en todos estos años.

Aquí está un resumen de los criterios que siguen los jueces para resolver si una cláusula es abusiva o no:

– Falta de información suficientemente clara.

– La cláusula suelo se inserta en el contrato de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación.

– El banco no entregó al consumidor simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

– No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad.

– La cláusula se enmascara entre una abrumadora cantidad de datos que diluyen la atención del consumidor.

Se estima que los afectados por cláusulas abusivas oscilan entre 1,2 millones a 2 millones, en función de computar hipotecas ya canceladas, aquellas en las que ya hay sentencias o acuerdos individuales y las de personas jurídicas que pueden no ser consumidores.

Esta ley enmascara la falta de voluntad del Gobierno de reforzar los juzgados, a diferencia de lo que ocurrió con las preferentes, otras cláusulas abusivas frente a las que Ministerio de Justicia destinó dinero para reforzar los juzgados y resolver las demandas.

Con este mecanismo extrajudicial, la banca se ahorra 1.500 millones de euros, que era el dinero que tendría que haber pagado por costas procesales.

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Para autónomos y empresas. Guias de autoprotección.

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0013-2015

GUIA BÁSICA DE MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A RIESGO DE INCENDIOS EN COMERCIO AL POR MENOR.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0012-2015

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Catálogo de Derechos del Contribuyente

El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se refiere a los derechos y garantías de los obligados tributarios, siendo su contenido el siguiente:

  1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
    1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    2. Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
    3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
    4. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
    5. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
    6. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
    7. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
    8. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
    9. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
    10. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
    11. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    12. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
    14. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
    15. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
    16. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
    17. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
    18. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
    19. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
    20. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
    21. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.” Asimismo, el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo al desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, establece lo siguiente:
    1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
    2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
    3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
    4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
    5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
    6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
    7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
    8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.”

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Vivir sin el Banco es posible

Cómo hacer frente a la exclusión bancaria tras la reestructuración del sistema financiero

Más de un millón de consumidores vive en municipios en los que ni siquiera hay una sucursal bancaria. Un problema añadido para pagar recibos o disponer de dinero en efectivo. ¿Cómo organizar nuestra vida dependiendo menos del banco?

La crisis del sistema financiero y su reestructuración se ha llevado por delante, desde 2008, más de 10.500 sucursales bancarias. Estamos ante una reducción del 23% de las oficinas en solo 6 años. Más de 1 millón de consumidores vive en municipios en los que ni siquiera hay una oficina bancaria según datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). En 11 provincias españolas más de un 10% de su población reside en localidades sin bancos ni cajas de ahorros, superando el 25% en Zamora.

Aun hay más. Otro millón de habitantes residen en municipios en los que solo hay sucursales de cajas de ahorros. Y más de 200.000 lo hacen en localidades en las que únicamente operan cooperativas de crédito. Los bancos son los que menos población rescatan de la exclusión financiera, ya que apenas 150.000 ciudadanos habitan en poblaciones que solo tienen oficinas de bancos.

Cómo afrontar los problemas de la exclusión bancaria

El hecho de no tener disponible una sucursal bancaria en nuestro municipio, o que no esté la de la entidad con la que operamos puede llegar a ser un inconveniente para muchos consumidores, acostumbrados tal y como estamos a usar tarjetas, acudir a cajeros automáticos y domiciliar recibos y nóminas. Sin embargo, es posible hacer menos uso de las entidades financieras para estos menesteres.

Por ejemplo, muchos recibos se pueden pagar a través de las oficinas de Correos. Para ello se debe acudir a una de ellas, identificar el titular del recibo y la cantidad a pagar, o presentar directamente el recibo. En la web de Correos se pueden comprobar qué empresas están adheridas a este sistema de pago.

Además algunas empresas contemplan la posibilidad de afrontar el pago en tiendas u oficinas. Otra opción es pagar el recibo vía Internet, para lo que será necesario disponer de una tarjeta en la que efectuar el cargo del importe.

A la hora de cobrar el importe de la nómina, es posible negociar con la empresa para que éste se realice en efectivo en lugar de por transferencia bancaria, aunque hay que tener en cuenta que los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros están prohibidos en España.

Por otra parte, muchos consumidores quieren utilizar menos las tarjetas de crédito o débito y deciden tener un remanente de dinero en casa para los gastos mensuales. Si es su caso procure guardarlo en un lugar muy seguro, como pueda ser una caja fuerte, para evitar disgustos inesperados…

Además la difícil situación económica de muchos consumidores es el caldo de cultivo que permite la proliferación de negocios basados en el préstamo entre particulares, práctica legal pero que debe ser sometida a control y regulación férreos. Suelen plantear condiciones abusivas para los deudores, e incluso captar ahorro de inversores para estas operaciones de máximo riesgo. Cuidado si decide acudir a una de estas plataformas para obtener dinero extra…

En síntesis, como hemos visto, los consumidores que se encuentren en exclusión bancaria por la falta de oficinas en su zona, o quieran realizar un consumo crítico y responsable usando menos los cada vez más caros y elitistas servicios financieros pueden hacerlo aunque deben mantenerse vigilantes y extremar las precauciones si no quieren incurrir en impagos o tener problemas con sus ahorros.

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Llevo unos meses denunciando la peculiar situación que se está viviendo en los juzgados de lo mercantil de la comunidad gallega, donde la simple denuncia por parte de SGAE, independientemente de que existiera prueba alguna sobre la infracción, o incluso con la chapucera gestión en lo referido a la instrucción de actas por parte de […]

NOTICIAS: Enlaces de interés.

Hoy os dejamos algunos enlaces sobre el conflicto que los comerciantes Malagueños tienen abierto con SGAE. Al igual que en el resto de España, pocas son las empresas que no consideren las actividades de esta asociación de autores y editores como un exceso carente de sentido. http://www.axarquiaplus.es/news/comerciantes-velenos-piden-a-la-sgae-que-no-cobren-impuestos-por-poner-musica-en-su-tienda.aspx http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20161125/412163846709/recogen-firmas-para-que-negocios-no-paguen-por-tener-radio-o-tele-puesta.html http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201611/25/recogen-firmas-para-negocios-830299.html ADEMYC se ha puesto en contacto […]

CANALES YOUTUBE de música libre

Es sorprendente que a pesar de los avances tecnológicos, de la apertura que representa Internet y de la amplia gama de productos para la amenización de locales comerciales licenciados de diversas formas, muchos tribunales de justicia aún sigan firmando sentencias que le conceden a SGAE presunciones legales que rayan el absurdo. De hecho, como hemos […]

Entradas recientes: No Pagues al Banco

Los bancos no pueden cobrar por los certificados de cancelación de la hipoteca

Debes saber: El Banco de España, en su Memoria de Reclamaciones 2016, no considera legítimas estas acciones y anima a los usuarios a denunciar si se produce esta situación. La cancelación de una deuda hipotecaria supone una serie de pasos que involucran tanto al usuario como al banco en cuestión. En primer lugar la entidad debe […]

Se acabó la “barra libre” para la banca.

El Tribunal de la UE cierra a la banca su ‘barra libre’ para ejecutar a los hipotecados en caso de impago de cuotas El banco sólo conseguirá el vencimiento anticipado de una hipoteca en los casos graves y siempre que el consumidor pueda reaccionar y no haya pagado los plazos pendientes. La sentencia abre la […]

Un juez anula por primera vez la cláusula que permite desahuciar con un mes de impago

Fuente:  Publicado el 11 de Septiembre de 2017 en https://www.elindependiente.com/economia/2017/09/11/un-juez-anula-por-primera-vez-la-clausula-que-permite-desahuciar-con-un-mes-de-impago/?utm_source=share_buttons&utm_medium=twitter&utm_campaign=social_share El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, que en la comunidad afectada tiene la exclusividad de las cláusulas abusivas tras la especialización de los juzgados, ha resuelto por primera vez un caso relativo a las cláusulas de vencimiento anticipado anulando este punto de un […]

Una juez de Mérida, pionera en aplicar la sentencia sobre las cláusulas suelo

Dictó un fallo cuatro horas después de que se conociera la postura del Tribunal de la UE el pasado 21 de diciembre Algo menos de cuatro horas después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) es lo que tardó una juez de Mérida en aplicar el fallo que ha revolucionado […]

FACUA pide que se detengan de oficio los desahucios de hipotecas titulizadas

FACUA-Consumidores en Acción pide a los jueces que paralicen de oficio todos los desahucios de hipotecas que hayan sido titulizadas, esto es, cuyas deudas han sido vendidas a fondos de inversión por parte de las entidades financieras. Numerosas sentencias de primera instancia están reconociendo que una vez que venden la deuda, los bancos no tienen […]

Unltima Hora: SENTENCIA NULIDAD CLAUSULAS SUELO

En este enlace podeis acceder a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid que declara la nulidad de las cláusulas suelo: Sentencia Clausula Suelo Macrodemanda Adicae[3]

Qué cuentas no tienen comisiones

Que no te engañen: la cuenta destinada al pago en exclusiva de la hipoteca no tiene comisiones La supresión de las cláusulas suelo en miles de hipotecas ha dado paso a que algunas entidades financieras hayan tirado de comisiones para poder compensar el   La supresión de las cláusulas suelo en miles de hipotecas ha […]

Hipotecas titulizadas no Embargables.

Las hipotecas titulizadas no son embargables. La resolución judicial considera que si una entidad cede íntegramente un préstamo hipotecario a un fondo de titulizaciones pierde el derecho a ser acreedora del mismo y por tanto a reclamarla. “De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos […]

La dichosa dirección del servicio de atención al cliente

Quieres hacer una reclamación a tu Banco y debes dirigirte al SAC (servicio de atención al cliente) Pero resulta que no lo encuentras. De hecho es una situación muy típica. No es raro perderse en las Webs de las entidades financieras sin dar con la dichosa dirección.  Pues bien, no te preocupes. Deja de rayarte […]

Acciones conjuntas contra la Banca “El supremo abre la puerta”

Los engañados por la banca tienen vía libre para unirse en los tribunales y ahorrarse tiempo y dinero El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez en España que los afectados por malas prácticas bancarias puedan demandar de forma conjunta para reclamar daños y perjuicios Amplía el acceso a la justicia ya que permite compartir […]

¿QUE ES BITCOIN?

Nueva moneda para nuevos negocios

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA

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