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Libreros versus Colegios

Fuente: http://www.hoy.es/extremadura/libreros-piden-junta-20170904000705-ntvo.html

Los libreros piden a la Junta que impida a los colegios comprar a las editoriales

Las librerías continúan notando el descenso en la venta de los libros escolares. :: david palma

Denuncian «la competencia desleal» a la que tienen que hacer frente por el «intrusismo» de algunos centros concertados

Un año más la polémica regresa con la llegada del nuevo curso escolar. Porque un año más, dicen los libreros, tienen que enfrentarse a la «competencia desleal» de algunos centros educativos, especialmente concertados.

«Porque no cumplen la normativa de comercio y, sin embargo, pueden vender libros de texto», explica José María Casado, presidente de la Asociación de Libreros de Extremadura.

Es el motivo por el que desde la organización reclaman a la Consejería de Educación que controle el destino de las becas que da para la adquisición de los libros escolares e impida que los centros compren directamente a las editoriales.

Aunque son mayoría los colegios que hoy dedican el dinero que les llega de las becas a la compra de los textos en las librerías de su localidad, como exige la Junta, los libreros mantienen que hay otros que las destinan a adquirirlos de forma directa a las editoriales. «Subastan el dinero con el que cuentan entre la editoriales y optan por los libros que les salen más baratos», señala Casado. «Es un trato de favor a los centros en detrimento de las librerías y estamos indefensos», añade. Además, porque mantiene que las condiciones de venta en unos y otros poco tienen que ver.

«La mayoría no tiene un local abierto al público durante todo el año, ni su actividad empresarial es esa, ni tienen el personal para la misma… No competimos en las mismas condiciones», resume Casado.

Los libreros reconocen que con el sistema de préstamos que posibilitan los bancos de libros escolares la venta de los textos ha ido descendiendo en la región. De tal modo que es el propio colegio el que reparte los libros que va aglutinando entre los alumnos becados y también entre los que no lo están a medida que el banco va contando con fondos suficientes.

«Pero cada curso se tienen que adquirir nuevos libros para ir completando el banco y reponiendo aquellos que ya están muy utilizados», recuerda un librero placentino. Por eso reiteran la necesidad de que la Junta controle el destino de las becas que da para los libros (120 euros en Primaria y 150 en Secundaria), que exija a los centros que las dediquen a adquirir libros en las librerías y no en las editoriales y que retire las ayudas a los centros que no cumplan. «Y si se les deja vender libros, aunque no es su actividad, como está ocurriendo, que se les obligue a hacerlo en las mismas condiciones que tenemos nosotros», zanja el presidente de los libreros extremeños.

En definitiva, que la Administración «ponga orden y que nos respalde en una de las mejores épocas para muchas librerías». A juicio de José María Casado, no hacerlo pondría de manifiesto una «actitud hipócrita» por parte de la Junta. «Dice que hay que ayudarnos como centros de cultura, especialmente en localidades pequeñas, y a la hora de la verdad, cuando se trata del grueso del negocio para muchos establecimientos, no lo hace», argumenta el presidente de un sector que cuenta con cerca de 500 puntos de venta en Extremadura y del que viven más de un millar de familias.

Actividad lucrativa

Sin embargo, la Junta recuerda que, frente a las demandas de los libreros, un informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y Empleo resuelve, literalmente, «a favor de la venta de libros por los centros concertados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. No obstante, tales actividades y sus cuotas deben ser autorizadas por el Consejo Escolar y comunicadas a la Administración. Lo que nunca podrá efectuar ningún centro concertado es ofrecer libros fuera del ámbito escolar».

En el mismo sentido, añade también la consejería, concluye un informe de una administración local, que señala que no existe competencia desleal ya que «los colegios actúan como consumidores finales, y no como libreros o distribuidores, que adquieren directamente los libros de texto para defender los intereses de los padres de los alumnos evitando intermediarios y consiguiendo un bajo coste».

Pero libreros consultados aseguran que los colegios hacen de intermediarios entre las editoriales y padres de los alumnos y que esta actividad les reporta un beneficio económico aunque puedan poner en algunos casos los libros a menor coste que en una librería. «Pero está claro que es un negocio; los centros que venden libros piden cada curso un buen número de ellos, frente a los que no los venden, que hacen que los padres tengan que adquirir los cuadernillos de trabajo y poco más, porque trabajan para que su banco de libros funcione de verdad en favor de sus alumnos, los becados y los que no lo están».

También desde la federación de asociaciones de padres Freapa se considera que los centros educativos no deberían vender los libros de texto. «Es una competencia desleal a los libreros, porque no cumplen las mismas condiciones que ellos y, por tanto, se trata de una práctica que debería corregirse», valora el presidente Joaquín León.

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MULTAS MILLONARIAS POR CALUMNIAS EN LA RED

Alemania plantea una ley para imponer multas millonarias por publicar calumnias en redes sociales

Las empresas que no retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas podrían llegar a pagar hasta 50 millones de euros.

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El Gobierno de Alemania ha lanzado una campaña contra la publicación en redes sociales de contenidos y materiales que promuevan la calumnia y la incitación, una iniciativa por la que compañías como Facebook y Twitter podrían llegar a ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros si no actúan contra este tipo de mensajes.

“Necesitamos aumentar la presión en las redes sociales para que las compañías se tomen aún más seriamente su responsabilidad para erradicar contenidos delictivos”, ha afirmado el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en la presentación de los detalles de un nuevo proyecto de ley este martes.

El proyecto legislativo concede a las compañías 24 horas para retirar de sus plataformas el material que pueda ser considerado como una calumnia o que incite al odio o, en caso contrario, serán sancionadas con costosas multas.

“Cuando se refiere a delitos punibles que impliquen incitación y calumnia solo puede haber tan poco espacio en las redes sociales como en las calles”, ha afirmado Maas. “Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos. Y no se hace lo suficientemente rápido”, añadió.

Las empresas que no actúen para retirar el material denunciado podrían ser sancionadas con multas que alcanzan los cinco millones de euros a los individuos responsables de los mensajes y hasta 50 millones para las empresas tecnológicas.

La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde pasar el visto bueno del Parlamento. Este proyecto de ley llega en un momento en el que Alemania encara un periodo de elecciones en medio de la preocupación por el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas y mensajes racistas y de incitación al odio.

El proyecto presentado por el Gobierno alemán también incluye la obligación de que las empresas publiquen cada trimestre un informe sobre su gestión de las denuncias por contenidos inapropiados en sus plataformas.

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Cómo no caer en las ‘trampas’ del decreto de las cláusulas suelo

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Aquí están, resumidas, quince claves para no caer en las trampas del decreto y de los bancos en la devolución de las cláusulas suelo.

1.- Asesorarse y no precipitarse

Desde el momento en que el consumidor se dirija al banco para solicitar este mecanismo extrajudicial de devolución de la cláusula suelo, este simple paso tendrá consecuencias para él aunque no lo sepa, ni esté asesorado. Así lo establece el decreto que entró en vigor el 21 de enero de 2017.

Conviene, por tanto, pedir consejo previo a a un letrado de confianza, a las asociaciones de consumidores o al colegio de abogados de la ciudad.

2.- Estudiar las alternativas

Caben dos posibilidades: poner una demanda en el juzgado directamente o acogerse al mecanismo extrajudicial.

Con la demanda, el consumidor verá reconocido posiblemente la devolución del dinero indebido cobrado con la cláusula suelo, más los intereses de demora, más el pago de su abogado por parte de la entidad financiera.

Con el mecanismo extrajudicial, esta devolución depende de la voluntad del banco, que además sólo pagará las costas de la parte contraria si luego el consumidor acude a un juzgado y debe devolver devolver más dinero del que ofreció al cliente.

Hay una tercera alternativa: seguir reclamando al banco por los mecanismos ordinarios que tiene creados por ley (la oficina de defensor del cliente o el servicio de atención.

3.- Analizar el documento que ofrece el banco

No firmar nada sin estar asesorado. El banco pueden incurrir en más abusos en el mecanismo extrajudicial.

Hay entidades, como CaixaBank, que han incluido más cláusulas abusivas en el documento de solicitud del mecanismo extrajudicial. Por ejemplo, el cliente renuncia a acudir al Banco de España durante los tres meses que se otorga a la entidad para estudiar el caso.

Ya se han detectado casos de entidades que sólo ofrecen la devolución desde mayo de 2013, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue tajante en su sentencia del pasado diciembre: el Tribunal Supremo nunca debió de limitar la devolución a dicha fecha; si una cláusula es nula, por abusiva, lo es desde que se firmó.

4.- Reclamar los gastos de formalización de la hipoteca

El consumidor puede reclamar, además, los gastos de formalización de la hipoteca. Hay una sentencia del Supremo que ampara esta devolución, porque estos gastos deben ser pagados por el banco o a medias con el cliente.

5.- No se puede demandar al banco en tres meses

El decreto otorga tres meses de gracia a la entidad para estudiar cada caso en el mecanismo extrajudicial, de tal manera que el consumidor no puede demandar al banco en este tiempo para pedir la devolución de la cláusula suelo.

Al aceptar este mecanismo, se activará el sistema de costas procesales que incluye el decreto y que beneficia al banco frente al consumidor. Además, la entidad corre con los gastos de notario y registrador, pero el decreto establece que pague lo “mínimo”.

6.- El banco no pagará intereses en tres meses

El banco no pagará los intereses de estos tres meses de margen que le da el decreto para devolver el dinero propiedad del consumidor y cobrado de manera indebida con la cláusula suelo, porque esta norma no lo contempla.

7.- Nadie supervisará lo que el banco ofrezca, por ahora

“No va a tener consecuencia alguna para el banco si de nuevo hace firmar lo que no es”, explica Verónica del Carpio, profesora de Derecho Civil.

El decreto-ley carece de un sistema sancionador para los bancos y habla de un mecanismo de revisión de la devolución de la cláusula suelo, pero deja para el futuro su creación.

8.- Exigir el certificado de los intereses

Exija al banco que certifique cuánto le ha cobrado de más con esta cláusula abusiva, aunque la entidad le asegure que no tiene que devolver el dinero porque no ha abusado.

Hay bancos que planean resistirse a entregar este certificado, porque el decreto ley quedó de manera ambigua en el caso de que crea que no hubo abuso. Pero las asociaciones de consumidores consideran que cabe requerirlo.

9.- Hacer números

El consumidor tiene derecho a que le devuelvan el dinero en metálico, y con sus intereses, cobrado de manera indebida con una cláusula suelo. Así lo establece la legislación en caso de allanamiento.

Pero el decreto pactado por el PP y el PSOE beneficia a la banca: el consumidor deberá pagar a Hacienda–por ejemplo, en la deducción por compra de vivienda- pero si acepta la oferta del banco de quitarlo del capital pendiente en caso de que el contrato siga vigente, entonces el cliente queda eximido de tributos.

10.- Casi todos los bancos están condenados

No todos los contratos con cláusula suelo son abusivos. Sin embargo, casi todos los bancos tienen condenas en su contra, jurisprudencia que puede ser esgrimida ante un juzgado en una demanda.

Los créditos hipotecarios con cláusulas suelo eran estándares en cada banco, por lo que si su entidad ha sido condenada y no le ofreció una información transparente en su caso particular, estaría ante una situación similar de cláusula abusiva y, por lo tanto, nula.

Sólo el Banco Sabadell no ha sido condenado -porque ha optado por pagar con antelación cuando le llegaba una demanda para evitar una condena-, así como el Banco de Santander, que no incurrió en esta práctica abusiva.

El BBVA decidió hace dos años empezar a devolver este dinero indebido, y ahora se ha sumado Bankia y BMN. Casi todas las cajas incurrieron en esta práctica abusiva.

11.- ¿Desde cuándo deben devolver el dinero?

Desde que se firmó el contrato con la cláusula suelo. Es más, la Directiva  europea que ampara los derechos de los consumidores en cláusulas abusivas entró en vigor en España en 1993.

Se trata de una ley de cumplimiento obligado desde 1993, no es sólo jurisprudencia. Se puede solicitar la devolución a todos los contratos firmados desde dicho año. (Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores y profesionales).

12.-Si soy autónomo o PYME, ¿qué puedo hacer?

El decreto sólo contempla la devolución de la cláusula suelo para los consumidores en las hipotecas para la adquisición de vivienda. Esto es, excluye a un autónomo que haya comprado con un crédito una nave industrial o a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).

En estos casos, conviene asesorarse porque ya hay sentencias que apuntan a que un autónomo o una PYME podrían ampararse en la legislación que protege a los consumidores. Hay abogados que intentan abrir ese camino en los juzgados.

13.- ¿Y si el banco sólo devolvió desde 2013?

Hay cuatro tipo de contratos hipotecarios con cláusulas suelo, según su situación de reclamación.

Están los no judicializados, los que aún están pendientes de ser resueltos en los juzgados, los que sólo recibieron la devolución conforme a lo que dijo el Supremo (a partir de 2013 –jurisprudencia anulada por el TJUE el pasado diciembre-, y los ya juzgados.

El decreto tramitado este martes por el Congreso está previsto para los contratos no judicializados.

Para los consumidores a los que la justicia sólo les devolvió el dinero desde mayo de 2013 -porque así lo decidió el Supremo- cabe la posibilidad de que el perjudicado reclame la responsabilidad patrimonial del Estado por mala administración de Justicia.

Como siempre, el TJUE ha apuntado el camino sobre la responsabilidad del Estado en caso de cláusula suelo. En una demanda presentada frente a Eslovaquia por la consumidora Milena Tomášová, el tribunal europeo resolvió el pasado julio que un Estado es responsable de los daños causados si un órgano jurisdiccional “ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable” en su resolución cuando existe “una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia”.

Los jueces han comenzado a dictar sentencia sobre los 4.000-5.000 demandas que tenían paralizadas a la espera de la decisión del TJUE. A estas sentencias hay que sumar las varias decenas de miles de demandas que se han presentado desde diciembre en los juzgados. Se calcula que sólo en mes y medio se presentaron 20.000 demandas… y subiendo.

14.- ¿Podría haber más cláusulas abusivas?

Si. El TJUE lleva desde 2011 dictando sentencias contra las prácticas abusivas de los bancos en España. Sólo en este año lleva 10 condenas a nuestro país por cláusulas abusivas.

Una reciente sentencia del TJUE ha frenado la barra libre que tenían los bancos en el sistema de ejecución hipotecario español.

Dicha sentencia, de consecuencias profundas, permite al juez estudiar si un contrato tiene otras cláusulas abusivas aunque el consumidor no las haya expuesto y aún cuando ya hubiera dictado sentencia sobre una cláusula diferente a la nueva tóxica en el mismo contrato.

Esta sentencia del TJUE del pasado 26 de enero respondía a varias cuestiones, entre ellas una cláusula tóxica de una hipoteca: el interés estaba calculado sobre el año comercial (360 días, en lugar de 365 que arañaba el banco a su favor).

Además, diversos abogados consultados consideran que abre camino a solicitar la declaración de cláusula abusiva al interés ordinario (el nominal) calculado con referencias fuera de lo normal, como el IRPH (Indice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios).

15.- ¿Cuándo una cláusula suelo es abusiva?

El Tribunal Supremo fijó las causas por las cuales una cláusula suelo es abusiva en su sentencia de mayo de 2013, en base a la jurisprudencia del TJUE sobre cláusulas abusivas en los contratos firmados entre consumidores y empresas profesionales, como pueden ser bancos, aseguradoras…

En el decreto tramitado en el Congreso, los bancos han conseguido  que el Gobierno excluyera estas alusiones. La razón de las presiones bancarias es que la mayoría no los ha cumplido en todos estos años.

Aquí está un resumen de los criterios que siguen los jueces para resolver si una cláusula es abusiva o no:

– Falta de información suficientemente clara.

– La cláusula suelo se inserta en el contrato de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación.

– El banco no entregó al consumidor simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

– No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad.

– La cláusula se enmascara entre una abrumadora cantidad de datos que diluyen la atención del consumidor.

Se estima que los afectados por cláusulas abusivas oscilan entre 1,2 millones a 2 millones, en función de computar hipotecas ya canceladas, aquellas en las que ya hay sentencias o acuerdos individuales y las de personas jurídicas que pueden no ser consumidores.

Esta ley enmascara la falta de voluntad del Gobierno de reforzar los juzgados, a diferencia de lo que ocurrió con las preferentes, otras cláusulas abusivas frente a las que Ministerio de Justicia destinó dinero para reforzar los juzgados y resolver las demandas.

Con este mecanismo extrajudicial, la banca se ahorra 1.500 millones de euros, que era el dinero que tendría que haber pagado por costas procesales.

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Para autónomos y empresas. Guias de autoprotección.

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0013-2015

GUIA BÁSICA DE MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A RIESGO DE INCENDIOS EN COMERCIO AL POR MENOR.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0012-2015

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Catálogo de Derechos del Contribuyente

El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se refiere a los derechos y garantías de los obligados tributarios, siendo su contenido el siguiente:

  1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
    1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    2. Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
    3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
    4. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
    5. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
    6. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
    7. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
    8. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
    9. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
    10. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
    11. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    12. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
    14. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
    15. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
    16. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
    17. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
    18. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
    19. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
    20. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
    21. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.” Asimismo, el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo al desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, establece lo siguiente:
    1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
    2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
    3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
    4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
    5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
    6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
    7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
    8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.”

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Vivir sin el Banco es posible

Cómo hacer frente a la exclusión bancaria tras la reestructuración del sistema financiero

Más de un millón de consumidores vive en municipios en los que ni siquiera hay una sucursal bancaria. Un problema añadido para pagar recibos o disponer de dinero en efectivo. ¿Cómo organizar nuestra vida dependiendo menos del banco?

La crisis del sistema financiero y su reestructuración se ha llevado por delante, desde 2008, más de 10.500 sucursales bancarias. Estamos ante una reducción del 23% de las oficinas en solo 6 años. Más de 1 millón de consumidores vive en municipios en los que ni siquiera hay una oficina bancaria según datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). En 11 provincias españolas más de un 10% de su población reside en localidades sin bancos ni cajas de ahorros, superando el 25% en Zamora.

Aun hay más. Otro millón de habitantes residen en municipios en los que solo hay sucursales de cajas de ahorros. Y más de 200.000 lo hacen en localidades en las que únicamente operan cooperativas de crédito. Los bancos son los que menos población rescatan de la exclusión financiera, ya que apenas 150.000 ciudadanos habitan en poblaciones que solo tienen oficinas de bancos.

Cómo afrontar los problemas de la exclusión bancaria

El hecho de no tener disponible una sucursal bancaria en nuestro municipio, o que no esté la de la entidad con la que operamos puede llegar a ser un inconveniente para muchos consumidores, acostumbrados tal y como estamos a usar tarjetas, acudir a cajeros automáticos y domiciliar recibos y nóminas. Sin embargo, es posible hacer menos uso de las entidades financieras para estos menesteres.

Por ejemplo, muchos recibos se pueden pagar a través de las oficinas de Correos. Para ello se debe acudir a una de ellas, identificar el titular del recibo y la cantidad a pagar, o presentar directamente el recibo. En la web de Correos se pueden comprobar qué empresas están adheridas a este sistema de pago.

Además algunas empresas contemplan la posibilidad de afrontar el pago en tiendas u oficinas. Otra opción es pagar el recibo vía Internet, para lo que será necesario disponer de una tarjeta en la que efectuar el cargo del importe.

A la hora de cobrar el importe de la nómina, es posible negociar con la empresa para que éste se realice en efectivo en lugar de por transferencia bancaria, aunque hay que tener en cuenta que los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros están prohibidos en España.

Por otra parte, muchos consumidores quieren utilizar menos las tarjetas de crédito o débito y deciden tener un remanente de dinero en casa para los gastos mensuales. Si es su caso procure guardarlo en un lugar muy seguro, como pueda ser una caja fuerte, para evitar disgustos inesperados…

Además la difícil situación económica de muchos consumidores es el caldo de cultivo que permite la proliferación de negocios basados en el préstamo entre particulares, práctica legal pero que debe ser sometida a control y regulación férreos. Suelen plantear condiciones abusivas para los deudores, e incluso captar ahorro de inversores para estas operaciones de máximo riesgo. Cuidado si decide acudir a una de estas plataformas para obtener dinero extra…

En síntesis, como hemos visto, los consumidores que se encuentren en exclusión bancaria por la falta de oficinas en su zona, o quieran realizar un consumo crítico y responsable usando menos los cada vez más caros y elitistas servicios financieros pueden hacerlo aunque deben mantenerse vigilantes y extremar las precauciones si no quieren incurrir en impagos o tener problemas con sus ahorros.

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Subvención a la contratación

  • Para la comunidad de Extremadura
  • Hasta 6.000€
  • Solo hasta Junio

 

empleogobLa ayuda subvenciona la contratación de trabajadores, donde las empresas ó entidades
contratan directamente conforme a sus necesidades, cumpliendo los requisitos
establecidos en las bases reguladoras.

Documentos anexos

Anexo I solicitud Empleo Social

CIRCULAR PLAN DE EMPLEO SOCIAL. PROGRAMA II

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Becas y paro. ¿Son compatibles?

Becas y paro

¿Es posible recibir una beca mientras se cobra el paro?

Hay que analizar tres casos distintos, según que quien vaya a recibir la beca esté cobrando una prestación o un subsidio por desempleo y según el tipo de beca.

1.  Compatibilidad entre la beca y prestación por desempleo 

Si lo que está cobrando es un subsidio, no una prestación, pase directamente al punto 2º.

Veamos lo que indica el SEPE sobre esta cuestión:

Es compatible cobrar la prestación contributiva por desempleo con “las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación ocupacional o para realizar prácticas en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate”.  

Es decir: se puede cobrar el paro (la prestación contributiva) y recibir al mismo tiempo una beca de tipo formativo.

La cuestión es ¿cuál es la diferencia entre becas formativas y no formativas?

 

El art. 221 LGSS las establece las incompatibilidades de las prestaciones y subsidios por desempleo:

1. La prestación o el subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando éste se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.

2.  (Las prestaciones) serán, asimismo, incompatibles con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que éstas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación por desempleo.

Visto lo anterior,

a) Si la beca es de tipo FORMATIVO, sería COMPATIBLE con el cobro de la prestación por desempleo.  

La razón es que no existe relación laboral y no hay alta en la Seguridad Social. Son los casos en los que la beca o ayuda está asociada a un programa de formación ocupacional (formación para desempleados en centros concertados, por ejemplo) o reglada en centros que tengan concertadas las prácticas con entidades públicas o privadas. Hay que asegurarse de que estamos realmente ante una beca y no en un contrato para la formación o  en un contrato en prácticas, porque a veces se confunden las denominaciones.

b) Si la beca es COLABORATIVA y REMUNERADA, con una prestación de trabajo, entonces sería INCOMPATIBLE con el cobro del paro.

Hay que tener especial atención al nuevo régimen general de la seguridad social para los becarios, ya que se están dando casos en los que la Tesorería da de alta de oficio al becario y se produce automáticamente la baja en la prestación por desempleo.

Es de interés la siguiente consulta/respuesta del SEPE INEM sobre las Becas de Investigación que exigen dedicación exclusiva :

Pregunta:

¿Es compatible una beca de investigación con mi prestación por desempleo?

Respuesta:

La protección por desempleo es incompatible con las becas de investigación, en primer lugar, porque se pactan en régimen de dedicación exclusiva y ello conlleva una falta de disponibilidad de su titular ante la búsqueda activa de empleo y los servicios públicos de empleo, inherente a la condición de beneficiario de prestaciones. En segundo lugar, dichas becas no son compatibles con la prestación o el subsidio por desempleo al no tener la consideración de ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación ocupacional. Por último y desde que el 04.11.2003 se incluyera a los becarios de investigación en el Régimen General de la Seguridad Social, quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, no podrá simultanear esta actividad con las prestaciones por desempleo.

Referencia normativa: Art. 221.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Art. 15.1 del R.D. 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley de Protección por Desempleo. Art. 6 del R.D. 1326/2003.

En estos casos, cuando la beca es remuneratoria, es obligatorio informar a la oficina de empleo.

En función de la duración de la jornada de trabajo, habrá que suspender totalmente el pago de la prestación (si la beca remunerada es jornada completa) o bien, si  el contrato no es a jornada completa, cabría la posibilidad de simultanearlo con la prestación por desempleo.  Si la prestación se ha suspendido, se reanudará cuando termine el contrato, cobrándose el mismo importe y con los mismos días pendientes que quedaban anteriormente.

2.  Las becas y los subsidios por desempleo

Para recibir los subsidios y las ayudas por desempleo hay unos límites de rentas. Siempre se tiene en cuenta la renta del quien recibe el subsidio, que nunca puede superar los 483,98 euros mensuales (tope para el año 2014)  y además, para los subsidios que tienen en cuenta la unidad familiar, se analizan tambien los ingresos de todos los miembros de la familia y se saca la media mensual para cada miembro, que tampoco debe superar el tope de 483,98 euros mensuales.

Las becas que se reciben, ¿se consideran como rentas y hay que incluirlas en el conjunto para ver si superamos el límite máximo que admite el subsidio?

Veamos lo que indice en respuesta a una consulta el SEPE INEM

“Se consideran rentas las becas o ayudas para cursar estudios, prácticas profesionales o investigación. No se consideran rentas, ni del solicitante o beneficiario del subsidio, ni de los miembros de su unidad familiar, las becas o ayudas públicas para suplir gastos de transporte, alojamiento o manutención, que se obtengan por la asistencia a acciones de formación ocupacional previstas en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional u otras subvencionadas con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.”

Por lo tanto hay distintos casos posibles:

  • ¿Se tiene que considerar como renta de la familia la beca que el Ministerio de Educación concede a un hijo para estudios académicos no profesionales?

No, las becas escolares no debe formar parte de la renta familiar. Aunque a veces el INEM sostuvo lo contrario, el Tribunal Supremo lo dejó claro en en STS de 2010 (ver en pdf)

  • Y si la beca no es del Ministerio de Educación, sino que es una beca por colaboración en un proyecto de investigación vinculado a una actividad profesional  ¿se tiene que considerar entonces como renta a declarar?

Si, en ese caso hay que considerar la beca como renta e incluirla en el cálculo.

Consideramos interesante esta aclaración que publica el SEPE en su página web:

Pregunta:
    ¿Se puede compatibilizar el cobro de la prestación con la realización de prácticas formativas remuneradas en una empresa que tiene convenio con mi universidad ? Respuesta:
    La realización de un contrato de prácticas (Convenio Universidad – Empresa) es compatible con el percibo de prestación o subsidio, pues se entiende que la remuneración se produce por la asistencia a esa acción de formación ocupacional y siempre que no se pacte en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, suponga la falta de disponibilidad de su titular para una búsqueda activa de empleo. En el caso de los perceptores de subsidio por desempleo, la remuneración de las prácticas será computable como renta individual del interesado para el límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No son compatibles con las prestaciones por desempleo los contratos en prácticas que implican el alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, excepto en los casos de contratos a tiempo parcial, que serán compatibles, pero reduciendo la parte proporcional al tiempo trabajado del importe de la prestación.
 
Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de contratos  de prácticas los llamamos normalmente “becas”, pero realmente son contratos. 
– Si la colaboración no implica alta en Seguridad Social ni dedicación exclusiva, la persona que está cobrando el subsidio puede mantener la beca mientras cobra el subsidio, aunque tendrá que tener en cuenta que esos ingresos hay que declararlos como renta, para ver que no se pase del tope.
– Si la colaboración implica alta en Seguridad Social y dedicación completa, entonces es incompatible con seguir cobrando el paro, porque no existiría disponibilidad para trabajar. Hay que informar a la oficina de empleo para que suspenda el pago del subsidio.
– Si la colaboración implica alta en Seguridad Social y dedicación a tiempo parcial, se puede hacer compatible con el cobro del subsidio, aunque habrá que reducirlo en la misma proporcióna las horas que se trabaje.  A un contrato de media jornada, corresponderá medio subsidio y siempre sin que se sobrepase el tope de 483,98 euros mensuales.

3.  Las becas mientras se reciben ayudas extraordinarias, como la RAI

Para ayudas concretas que no sean ni prestación ni subsidio por desempleo, hay que tener en cuenta su normativa específica:

  • Para la Renta Activa de Inserción por ejemplo, la norma dice que la RAI es compatible con “becas y ayudas, de cualquier naturaleza, que se obtengan por la asistencia a acciones de formación profesional vinculadas al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional”.   Fuente: SEPE

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BOE Marzo de 2016 INF de interés

Enlace a la siguiente información publicada en el Boletín Oficial del Estado del día de hoy:

proyectos_licencia_de_apertura_ingenieros_oficina_tecnica_61

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. Orden HAP/365/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2015, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra normativa tributaria. PDF (BOE-A-2016-2824 – 69 págs. – 2.085 KB)

Ley de comercio de Extremadura. Ley 1/2016, de 29 de febrero, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. PDF (BOE-A-2016-2830 – 2 págs. – 182 KB)

Convenio restauración colectiva. Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. PDF (BOE-A-2016-2856 – 89 págs. – 2.494 KB)

Recipientes a presión. Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples. PDF (BOE-A-2016-2827 – 30 págs. – 511 KB)

 

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OBLIGACIONES FISCALES MARZO 2016


Hasta el 21 de marzo

 

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

 

  • Febrero 2016. Grandes empresas : 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

  • Febrero 2016. Autoliquidación: 303
  • Febrero 2016. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Febrero 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340
  • Febrero 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
  • Febrero 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
  • Febrero 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febrero 2016: 430

 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Diciembre 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Diciembre 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Febrero 2016: 548, 566, 581
  • Febrero 2016: 570, 580

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

  • Febrero 2016. Grandes empresas: 560

 

 Hasta el 31 de marzo

 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES, DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE LOS COBROS DE CUALQUIER DOCUMENTO

  • Año 2015: 171

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS

  • Año 2015: 189

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

  • Año 2015: 290

DECLARACIÓN ANUAL DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS POR PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS CON LOS QUE SE HAYA ESTABLECIDO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

  • Año 2015: 299

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

  • Año 2015. Relación anual de destinatarios de productos de la tarifa segunda: 512
  • Año 2015. Relación anual de kilómetros realizados

DECLARACIÓN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

  • Año 2015: 586

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

  • Año 2015: 720

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