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Nueva normativa sobre las entrega de bolsas de plástico en los comercio.

ENTRA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2018

Esta norma se aplicará a todas las bolsas de plástico puestas en el mercado en España.

En cuanto a las obligaciones, decir que se establecen tres fechas:

  1. A partir del 1 de julio de 2018:

  • Se prohíbe la entrega gratuita a los  consumidores de bolsas de plásticos en los puntos de venta de bienes o productos. Están afectadas todas las bolsas de plástico proporcionadas a los consumidores en los puntos de venta de bienes o productos en el mercado nacional, lo que incluye la venta online y la entrega a domicilio, tengan o no asas e independientemente del espesor. No estarían incluidas las bolsas de basura, ya que no se consideran bolsas de plástico ni envase. Tampoco están incluidos los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien éstos deberán ser considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Sería el caso de los sobres de plástico que se usan para enviar revistas, propaganda, catálogos a los hogares o los sobres de plástico empleados por los servicios de paquetería.

  • Se podrán seguir entregando a los clientes de forma gratuita:

  • Las bolsas de plástico muy ligeras que son las que tienen un espesor inferior a 15 micras que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros, cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos. Es decir son las bolsas de sección que podemos encontrar en los supermercados para los alimentos a granel.

  • Las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. Siempre y cuando los comerciantes tengan las documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje.

  • Los comerciantes deberán cobrar una cantidad, por cada bolsa de plástico que se entregue al consumidor. Se pueden tomar como referencia los precios orientativos siguiente (publicados en el decreto)

 

  • Los comerciantes deberán informar a los consumidores de los precios exponiendolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores. Se propone:

“En aplicación de la obligación prevista en el artículo 4.1 del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores, a partir del 1 de julio de 2018 se cobrará por cada bolsa entregada al consumidor el siguiente precio: ……..”

  1. A partir del 1 de enero de 2020:

  • Se prohíbe la entrega gratuita a los  consumidores de bolsas de plástico fragmentable, es decir, bolsas de plástico fabricadas con aditivos que fragmentan el plástico en microplásticos. Se incluyen en esta prohibición las bolsas oxodegradables u oxofragmentables, fotofragmentables, hidrfragmentables y termofragmentables

  • A partir de esa fecha, las bolsas de más de 50 micras de espesor deben estar fabricadas con un mínimo del 50% de plástico reciclado.

  1. A partir del 1 de enero de 2021:  solo podrán ponerse en el mercado nacional bolsas ligeras y muy ligeras de plástico compostables, es decir, aquellas que puedan degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma UNE En 13432) o en compostadores domésticos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones recogidas en el Real Decreto el régimen sancionador que se aplicará es el establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. que en caso de ser infracción leve será de hasta 900€

[pinchar para ver el decreto].

Os dejamos en fichero adjunto un documento emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente donde se dan contestación a las preguntas frecuentes sobre la normativa.

preguntas frecuentes decreto bolsas de plástico

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Embargos mal aplicados; saldo de las cuentas bancarias con un único ingreso periódico.

Texto redactado y publicado por el LETRADO DEL ESTADO, Jaime Font de Mora Rullán.

Enlace original: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/el-embargo-del-saldo-de-las-cuentas-bancarias-con-un-unico-ingreso-periodico-ahorro-susceptible-de-traba-o-prestacion-inembargable

INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DEL PROBLEMA O SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA (ECCV) DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL DEL CGPJ.   

 Para comprender la dimensión que presenta en la práctica la cuestión que se aborda en este artículo resulta ineludible hacer una breve mención o referencia a cómo ha evolucionado el embargo del saldo de las cuentas bancarias desde la promulgación de la vigente LEC hasta la actualidad.

En este sentido, cuando se promulgó la vigente ley de ritos, disponía el artículo 588 de la LEC que “1. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine, por medio de auto, una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente.” Tras la reforma operada por la Ley 13/2009 dicha facultad para concretar el límite máximo embargable se atribuyó al Letrado de la Administración de Justicia. Por su parte, respecto a la forma de materializar ese embargo, las denominadas medidas de garantía de la traba, disponía el artículo 621.2 de la LEC tras la reforma del año 2009 que: “2. Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario judicial responsable de la ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado segundo del artículo 588. Esta orden podrá ser diligenciada por el procurador de la parte ejecutante. La entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo momento de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo se entregará en ese acto al procurador de la parte ejecutante que haya asumido su diligenciamiento; de no ser así, se remitirá directamente al órgano de la ejecución por el medio más rápido posible.”

Es decir, que se trataba de un procedimiento lento e ineficaz en muchas de ocasiones, pues o bien se tenía que averiguar previamente en qué entidades bancarias concretas tenía cuentas abiertas el demandado, lo que demoraba más la adopción de la medida, o bien se oficiaba a un elevado número de entidades bancarias, las principales, a fin de probar suerte por si se daba en la diana, siendo frecuentes los escritos de parte que incluían un amplísimo listado de bancos. Resulta además que ese oficio se cumplimentaba en formato papel y mediante correo o a través del procurador (en muy pocos casos), lo que originaba mayores retrasos. Además, en algunos casos sobrevolaba en el foro la sospecha, difícil de demostrar, de que el responsable de la entidad había dado el “chivatazo” al demandado-cliente habitual para que retirara fondos antes de verificar el cumplimiento de la orden judicial, siendo así que las cuentas se quedaban vacías haciendo ineficaz la medida.

El panorama descrito cambió radicalmente a partir del año 2011 cuando el CGPJ implementó a través del PNJ un sistema de embargo automático de cuentas. La piedra angular de dicho sistema está constituida por el convenio de colaboración suscrito por el Consejo al que se fueron adhiriendo paulatinamente las entidades bancarias españolas, primero las más importantes y en la actualidad prácticamente todas las del panorama nacional.

Este sistema, denominado “de embargo de cuentas corrientes a la vista” (conocido por las siglas ECCV) funciona de manera que por parte de la Oficina Judicial se ingresa en la aplicación de la cuenta de consignaciones (que actualmente gestiona el Banco Santander S.A) los datos del ejecutado, sobre todo su NIF, y la cantidad a embargar, y el programa procede  a efectuar un barrido automático en todas la entidades adheridas reteniendo y transfiriendo a las cuentas judiciales las cantidades que procedan hasta cubrir el importe reclamado. Utilizando un algoritmo interno para distribuir el embargo en cada ocasión entre todas las entidades. Y todo ello en cuestión de pocos días, un ciclo de 5 días como máximo. Además, recientemente se han introducido mejoras en el sistema para que la reexpedición de esas órdenes de embargo sea también automática, sin que tenga que darlas de alta nuevamente el órgano judicial cada vez.

El resultado de todo ello es que en la actualidad este tipo de embargos ha pasado a ser el más importante y eficaz de cuantos puede decretar el Juzgado, convirtiéndose en un auténtico “rodillo”, y además en un tiempo breve. Pero como contrapartida a esa maquinaria tan eficaz, surge el problema de que el sistema no permite discriminar qué se embarga, frente a la situación anterior de los oficios en papel, en que muchas veces las entidades bancarias contestaban negativamente informando que la cuenta se nutría únicamente de una prestación, normalmente sueldo o pensión, y que por lo tanto podía resultar inembargable conforme a los parámetros del artículo 607.2 de la LEC. En la práctica esto ha supuesto que en los Juzgados sea bastante habitual la comparecencia de los demandados solicitando el alzamiento del embargo acordado sobre sus cuentas por tal motivo, siendo además una cuestión que ha de resolverse de forma urgente, pues en muchas ocasiones las personas afectadas no tienen otros recursos con los que subsistir. Se plantea en tales casos si procede o no devolver en todo o en parte dichas cantidades y cómo debe acordarse esa devolución.

II LA CUESTIÓN ESENCIAL DE SI LA CANTIDAD EMBARGADA DEBE TENER LA CONDICIÓN DE AHORRO, SUSCEPTIBLE DE TRABA, O SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN INEMBARGABLE.

Pues bien, lo cierto es que sobre dicha cuestión existen dos tesis jurisprudenciales contrapuestas que se pueden resumir de la siguiente forma:

a) Tesis garantista o pro deudor: parte del entendimiento de que toda la cantidad que obra consignada en la cuenta, cualquiera que sea su importe, resulta inembargable al extenderse la consideración o calificación de sueldo o pensión inembargable a todo el saldo acumulado, pero ello siempre y cuando se pruebe por el deudor de manera cumplida que la cuenta no se nutre de ningún otro ingreso distinto, lo que desvirtuaría dicha protección.

Esta postura se puede encontrar en numerosos autos, como por ejemplo el Auto nº 80/2010 de 14-5-2010 de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (Roj: AAP GR 140/2010 – ECLI: ES:APGR:2010:140A Id Cendoj: 18087370032010200040), ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES, cuando señala que: “SEGUNDO.- Es cierto que la ley distingue, al examinar los bienes y derechos, entre sueldos, salarios, pensiones, y cuentas corrientes de cualquier clase, siendo embargable el dinero existente en una cuenta corriente bancaria que se expresa en forma contable, como saldo positivo, disponible por su titular. También es cierto que el embargo litigioso lo fue de dinero existente en cuenta corriente, conforme permite el número 1º, 2 del artículo 592 de la LEC. Sin embargo, ello no permite desconocer la naturaleza del ingreso o dinero disponible, ya que cuando no se trata de ahorro disponible de dinero, una vez superado el periodo de percepción, normalmente mensual de los salarios, sueldos, pensiones, o retribución equivalente, a que se refiere el artículo 607.1 LEC, revelando la disponibilidad de otros fuentes de ingresos, que permiten al deudor subsistir con un mínimo vital acorde a la dignidad sin disponer de tales ingresos, ni ante saldos formados con otras fuentes de ingresos, realmente la traba de tal dinero disponible, lo será de pensiones o sueldos, cuyo tratamiento es el del artículo 607 de la LEC, precepto del que no cabe prescindir, en cuanto que trata de garantizar un mínimo vital acorde a la dignidad, y que en nuestro ordenamiento jurídico determina al salario mínimo interprofesional. Por ello, cuando el deudor pruebe que la cuenta sobre la que se hace la traba, se emplea como medio de cobro de la pensión, sin otras fuentes de ingresos, con independencia de los cargos que puedan llevarse a cabo en ella, donde no figuran saldos superiores a lo que efectivamente ingresa cada mes en concepto de salario o pensión el ejecutado, en tal caso el efectivo existente en la cuenta no debe ser considerado como un saldo en cuenta corriente, y sí como sueldo o parte de él, y atendiendo a la finalidad de la norma, que fácilmente en otro caso podría verse defraudada, debe tener la consideración de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, a los efectos del articulo 607.1 LEC.”

Y en el mismo sentido el Auto nº 333/2008 de 1-12-2008 de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Roj: AAP M 15979/2008 – ECLI: ES:APM:2008:15979A Id Cendoj: 28079370092008200322) Ponente: JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ-VALDES cuando dispone que: “Segundo.- Entrando en el fondo de la cuestión, alegándose infracción de lo dispuesto en los artículos 606 y 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto junto a la parte legal del sueldo también se embargó a la recurrente los saldos y depósitos en una cuenta corriente en la que ingresaba el salario por lo que, en definitiva, el embargo supera los límites establecidos legalmente, constando en las actuaciones que en la cuenta embargada la ejecutada percibe salario también trabado, procede limitar el embargo sobre la citada cuenta a los saldos existentes en la misma que no procedan del salario que percibe la ejecutada”.

b) Tesis restrictiva o pro acreedor: atendiendo a un criterio temporal entiende que únicamente queda protegido el último mes en que se cobró la prestación inembargable, pero la cantidad que supere los ingresos de la última mensualidad se consolida, por lo que adquirirá la consideración o calificación de ahorro o saldo en cuenta y por lo tanto sí que sería susceptible de traba.

Esta tesis la expone de manera muy clara el Auto nº 91/2004 de 2 de septiembre de 2004 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida (Roj: AAP L 407/2004 – ECLI: ES:APL:2004:407ª) ponente José María Pocino Moga, cuando señala que: “Establecidas las anteriores premisas, a tenor del examen del cuenta aportada, en realidad estamos ante un simple medio de cobro de la pensión, y no ante la existencia de un saldo significativo de ahorro o demostrativo de una capacidad económica superior a la subsistencia que señala el artículo 607 de la LEC , para aquél año la cantidad de 451’20 euros mensuales. Que en realidad, se ha embargado la pensión que cobra el deudor, pues el hecho de que no la dispusiera de forma efectiva en su integridad en fechas próximas a la de cobro no implica que no forme parte de su necesaria subsistencia, y más, cuando esta pensión es inferior al salario mínimo interprofesional que a tenor de la LEC se establece como mínimo indispensable para la subsistencia. Si acogemos el parámetro tiempo para determinar la naturaleza del ingreso o dinero disponible, y atendemos a este podemos advertir como el deudor solo pudo ahorrar en el mes anterior – abril – la cantidad de 50’51 euros, y que por tanto sólo ésta cantidad era susceptible de embargo al superar su tenencia más de un mes, solo ésta cantidad puede merecer el concepto de saldo o dinero en cuenta corriente susceptible de embargo de conformidad al artículo 592 de la LEC. Si por otro lado solo usamos el criterio del mínimo de subsistencia previsto por la ley y reconocido constitucionalmente del artículo 607 habríamos de determinar que ningún saldo en el presente caso es susceptible de embargo pues aquél sobrante o ahorro de 50’01 euros del mes anterior provenía igualmente de una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, sin embargo acoger éste parámetro como único podría conducir a la ineficacia del embargo de cuentas y depósitos de ahorro, pues en definitiva todos los depósitos disponibles tienen su origen en ingresos de sueldos, salarios, rentas o pensiones, obligando al examen del origen de cada una de las partidas sin tener en cuenta el destino de subsistencia o de ahorro. Y es por ello que en definitiva constando que en el presente caso el deudor pudo subsistir el mes anterior proveyendo para su ahorro la cantidad de 50’01 euros, y que transcurrido el mes de vigencia con carta de naturaleza de pensión, éste deviene, transcurrido el umbral del mes, ahorro disponible de dinero y por tanto susceptible de embargo, no el resto del dinero que ingresado como pensión no varió su naturaleza de pensión al no haber superado el mes. En consecuencia, debe prevalecer el criterio tiempo, por adecuarse a la realidad económica de subsistencia del deudor y por que en definitiva otorga seguridad jurídica al ejecutante y ejecutado, cumpliendo con la finalidad que otorga a la Constitución y la LEC al sistema de mínimo inembargable. El ingreso o dinero que no supera la periodicidad de cobro, en nuestro caso el mensual, no pierde su condición de pensión, y una vez transcurrido el mes de disponibilidad si traspasa al siguiente tendrá a partir de la fecha de nuevo cobro de pensión la consideración de dinero en cuenta o ahorro del artículo 592 de la LEC . En definitiva debe reconocerse al recurrente que en parte se ha producido una vulneración del artículo 607 LEC , y decretarse en el sentido expresado de devolución parcial del bien, dejando como embargo efectivo y acorde a Ley lo que es considerado como ahorro, la cantidad en este caso de 50’51 euros, y por tanto será superior al límite del artículo 607 LEC la cantidad de 175’51 euros.”

En la práctica, si se acoge esta segunda tesis, que parece la más razonable y equilibrada entre los intereses de acreedor y deudor, deberá calcularse en cado caso concreto la cantidad que resulta embargable al tener la consideración de ahorro, descontando los importes de la última mensualidad que resulten inembargables.

III SOBRE CÓMO SE DEBE DEJAR SIN EFECTO EL EMBARGO ACORDADO EN ESTOS CASOS.

Tampoco está claro en la LEC cómo debe adoptarse la resolución para resolver sobre esta incidente y si es necesaria o no la postulación del demandado. Sobre esta segunda cuestión el criterio mayoritario en el foro es el de admitir la simple personación del demandado mediante comparecencia o escrito, y ello porque de lo contrario se le obligaría a tener que designar abogado y procurador, normalmente del turno de oficio, lo que puede demorar considerablemente la resolución de una cuestión que resulta urgente en muchos casos. Como fundamento a favor de esta tesis se puede citar el artículo 609 de la LEC que admite la actuación del ejecutado mediante la “simple comparecencia ante el Secretario judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo”

En cuanto a la forma de la resolución a dictar, se aboga por que sea un decreto de Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso de revisión ante el Juez. Y ello porque si bien es cierto que del citado artículo 609 de la LEC parece que debería acordarse la nulidad del embargo acordado, lo que necesariamente tendría que hacerse por auto del Juez, lo cierto es que la medida a adoptar puede incardinarse perfectamente en el concepto de reducción del embargo del artículo 612.2 de la LEC que sí es competencia en primer lugar del Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso ante el Juez.

Finalmente se plantean dudas respecto al trámite a seguir y, concretamente, si resultaría necesario o no conferir previo traslado al ejecutante antes de entrar a resolver la cuestión. Pues bien, sobre este punto parece más razonable entender que sí es posible entrar directamente a resolver siempre y cuando de la documentación aportada por el demandado, normalmente copia o resguardo de la cuenta embargada, resulte evidente que no constan otros ingresos. Ahora bien, cuando se planteen dudas por la existencia de apuntes contables que reflejen otros ingresos, sí sería razonable conferir un previo traslado al ejecutante a fin de que pueda posicionarse al respecto.

En definitiva, se trata de una resolución de Letrado de la Administración de Justicia de gran importancia y relevancia práctica puesto que requiere de una respuesta rápida y ágil para minimizar los efectos perniciosos que pueden provocarse al demandado en estos casos.

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MULTAS MILLONARIAS POR CALUMNIAS EN LA RED

Alemania plantea una ley para imponer multas millonarias por publicar calumnias en redes sociales

Las empresas que no retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas podrían llegar a pagar hasta 50 millones de euros.

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El Gobierno de Alemania ha lanzado una campaña contra la publicación en redes sociales de contenidos y materiales que promuevan la calumnia y la incitación, una iniciativa por la que compañías como Facebook y Twitter podrían llegar a ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros si no actúan contra este tipo de mensajes.

“Necesitamos aumentar la presión en las redes sociales para que las compañías se tomen aún más seriamente su responsabilidad para erradicar contenidos delictivos”, ha afirmado el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en la presentación de los detalles de un nuevo proyecto de ley este martes.

El proyecto legislativo concede a las compañías 24 horas para retirar de sus plataformas el material que pueda ser considerado como una calumnia o que incite al odio o, en caso contrario, serán sancionadas con costosas multas.

“Cuando se refiere a delitos punibles que impliquen incitación y calumnia solo puede haber tan poco espacio en las redes sociales como en las calles”, ha afirmado Maas. “Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos. Y no se hace lo suficientemente rápido”, añadió.

Las empresas que no actúen para retirar el material denunciado podrían ser sancionadas con multas que alcanzan los cinco millones de euros a los individuos responsables de los mensajes y hasta 50 millones para las empresas tecnológicas.

La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde pasar el visto bueno del Parlamento. Este proyecto de ley llega en un momento en el que Alemania encara un periodo de elecciones en medio de la preocupación por el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas y mensajes racistas y de incitación al odio.

El proyecto presentado por el Gobierno alemán también incluye la obligación de que las empresas publiquen cada trimestre un informe sobre su gestión de las denuncias por contenidos inapropiados en sus plataformas.

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Catálogo de Derechos del Contribuyente

El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se refiere a los derechos y garantías de los obligados tributarios, siendo su contenido el siguiente:

  1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
    1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    2. Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
    3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
    4. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
    5. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
    6. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
    7. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
    8. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
    9. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
    10. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
    11. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    12. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
    14. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
    15. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
    16. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
    17. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
    18. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
    19. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
    20. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
    21. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.” Asimismo, el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo al desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, establece lo siguiente:
    1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
    2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
    3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
    4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
    5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
    6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
    7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
    8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.”

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BOE Marzo de 2016 INF de interés

Enlace a la siguiente información publicada en el Boletín Oficial del Estado del día de hoy:

proyectos_licencia_de_apertura_ingenieros_oficina_tecnica_61

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. Orden HAP/365/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2015, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra normativa tributaria. PDF (BOE-A-2016-2824 – 69 págs. – 2.085 KB)

Ley de comercio de Extremadura. Ley 1/2016, de 29 de febrero, de modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. PDF (BOE-A-2016-2830 – 2 págs. – 182 KB)

Convenio restauración colectiva. Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. PDF (BOE-A-2016-2856 – 89 págs. – 2.494 KB)

Recipientes a presión. Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples. PDF (BOE-A-2016-2827 – 30 págs. – 511 KB)

 

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OBLIGACIONES FISCALES MARZO 2016


Hasta el 21 de marzo

 

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

 

  • Febrero 2016. Grandes empresas : 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 

IVA

  • Febrero 2016. Autoliquidación: 303
  • Febrero 2016. Grupo de entidades, modelo individual: 322
  • Febrero 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340
  • Febrero 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
  • Febrero 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
  • Febrero 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febrero 2016: 430

 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Diciembre 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Diciembre 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563
  • Febrero 2016: 548, 566, 581
  • Febrero 2016: 570, 580

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

  • Febrero 2016. Grandes empresas: 560

 

 Hasta el 31 de marzo

 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES, DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE LOS COBROS DE CUALQUIER DOCUMENTO

  • Año 2015: 171

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS

  • Año 2015: 189

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

  • Año 2015: 290

DECLARACIÓN ANUAL DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS POR PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS CON LOS QUE SE HAYA ESTABLECIDO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

  • Año 2015: 299

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

  • Año 2015. Relación anual de destinatarios de productos de la tarifa segunda: 512
  • Año 2015. Relación anual de kilómetros realizados

DECLARACIÓN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

  • Año 2015: 586

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

  • Año 2015: 720

Filed under: General, Gobierno, Impuestos,

Novedades legales: Bonificaciones Ss

LEY 31/2015, de 9 de Septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social,

ESTA LEY SE ENCUENTRA EN VIGOR DESDE EL 10 de Octubre de 2015:

NOVEDADES

  • LAS REDUCCIONES Y BONIFICACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA SE GENERALIZAN PARA TODAS LAS EDADES Y CONDICIÓN

(Artículo 31 Ley 20/2007, Estatuto del Trabajo Autónomo)

Las bonificaciones que se contemplaban únicamente para menores de 30 años o de 35 en el caso de mujeres, incluidos discapacitados, siempre que no emplearan trabajadores, con la modificación que introduce esta Ley, se aplica a todos los trabajadores autónomos, incluidos discapacitados, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo, empleen o no trabajadores.

Del mismo modo, se elimina el requisito de la edad para beneficiarse las entidades que forman parte de la Economía Social -esto es, a cooperativas y sociedades laborales y a empresas de inserción- de las bonificaciones por la incorporación de nuevos socios a (art. 9 Ley 5/2011).

Para beneficiarse de ellas, se mantiene la condición de causar alta inicial o no haber estado en situación de alta en los 5 años anteriores en el Régimen Especial de Autónomos

  • SE ESTABLECE UNA “TARIFA PLANA” DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE ACTIVIDAD

(Artículos 31 y 32 Ley 20/2007, Estatuto del Trabajo Autónomo)

Cuando el trabajador autónomo opta por la base mínima de cotización, la cuota por contingencias comunes durante los seis primeros meses (12 en el caso de discapacitados, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo) será de 50 euros mensuales; si opta por una base superior, la cuota se reducirá en un 80% de la mínima posible.

A partir de ahí, las reducciones en la cotización se mantienen prácticamente como eran hasta ahora durante los doce meses siguientes, con una bonificación adicional a menores de hasta 12 meses más y a discapacitados, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo de hasta 48 meses más.

  • LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES (TRADES) PODRÁN CONTRATAR A FIN DE CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

(Artículo 11.2 a) Ley 20/2007 Estatuto del trabajo Autónomo)

Se contempla la posibilidad de que estos trabajadores puedan contratar un solo trabajador, cuando la interrupción de la actividad por causas vinculadas a la conciliación de su actividad profesional con su vida familiar pueda ocasionar la resolución del contrato con su cliente.

Tales causas son:

— Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de un menor de 9 meses

— Períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente

— Cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo

— Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia

— Tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33%

El contrato se regula conforme al contrato de interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo (art. 15.1 c ET).

  • LA EDAD DEJA DE SER UNA EXIGENCIA PARA COMPATIBILIZAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO CON EL TRABAJO AUTÓNOMO

(Artículo 33 Ley 20/2007 Estatuto del Trabajo Autónomo)

La posibilidad de compatibilizar desempleo y trabajo por cuenta propia durante un periodo de 270 días ya existía para menores de 30 años.

Con la nueva Ley se amplía a todos titulares de la prestación por desempleo contributivo que causen alta como trabajadores por cuenta propia en algún régimen de Seguridad Social, tengan la edad que tengan.

  • LA EDAD TAMBIÉN DEJA DE SER UN MOTIVO DIFERENCIADOR PARA EL DESTINO QUE SE DA AL DESEMPLEO EN PAGO ÚNICO

(Artículo 34 Ley 20/2007 Estatuto del Trabajo Autónomo)

Para destinar el desempleo en pago único al control efectivo de una entidad mercantil y desarrollar en ella una actividad como trabajador por cuenta propia, la edad deja de ser elemento diferenciador, a diferencia de la normativa anterior, que únicamente otorgaba esta posibilidad a los menores de 30 años.

En lo demás, se mantiene la posibilidad de destinarlo a constituirse como trabajador autónomo, o a subvencionar parcialmente su cotización.

  • LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD EN PAGO ÚNICO, PODRÁ DESTINARSE AL CONTROL EFECTIVO DE UNA ENTIDAD MERCANTIL

(Artículo 39 Ley 20/2007 Estatuto del Trabajo Autónomo)

En este sentido, la prestación por cese de actividad se equipara al desempleo, al poder ahora destinarse, además de a realizar una actividad autónoma, a aportarlo al capital social de una entidad mercantil para poseer su control efectivo y ejercer en ella una actividad profesional por cuenta propia.

  • SE MEJORA LA BONIFICACIÓN EN LAS CUOTAS EMPRESARIALES PARA AQUELLOS TRABAJADORES QUE PROCEDAN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

(Artículo 2.5 Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo)

La bonificación en las cuotas empresariales para aquellos trabajadores que procedan de empresas de inserción se amplía a 1.650 euros el primer año, y se mantiene en 600 euros anuales durante los tres años posteriores (500 en caso de contratos temporales).

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LA LISTA NEGRA DEL CALZADO

Retiran 53 modelos de calzado por posible alergia e intoxicación

La organización para la defensa del consumidor Facua-Consumidores en Acción informó ayer mediante un comunicado de la orden de retirada del mercado y prohibición de la importación de un total de 53 modelos de calzado de diecinueve marcas al poder ocasionar alergias e intoxicaciones por su alto contenido en cromo VI.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y las autoridades de consumo de varias comunidades autónomas han lanzado 35 alertas por estos motivos en lo que va de 2015, y la referida agencia incluso prohibió la importación de los mismos el pasado mes de julio.

Esta medida de protección del consumidor es debida a que los compuestos de cromo VI pueden formarse en el cuero por oxidación de los de cromo III, un producto que se añade en algunos procesos de curtido para incrementar la estabilidad dimensional del cuero.

Para hacerse una idea del riesgo que corre el usuario de estos calzados cabe destacar que entre los efectos que ocasiona el Cromo VI al contacto con la piel se encuentran las alergias e intoxicaciones, tal y como ya informó Facua a mediados de julio.

En realidad, la medida adoptada por la agencia española y varias comunidades autónomas deviene de una decisión adoptada por las autoridades europeas. Así, la modificación del anexo XVII del reglamento Reach (Registro, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado mes de mayo, ya incluye “la prohibición de la comercialización de artículos que contengan cuero con un contenido de cromo hexavalente (Cromo VI) igual o superior a tres miligramos/kilogramos”.

Las marcas con modelos incluidos este año en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos por presencia de cromo VI son las siguientes: Focos, Eleven, Paez, Bellota, Fereva, XTI Tertutions, Super Ego, Coronel Tapioca, Mendi, Sifer, Pekis, AM2, Ofma, Bimba y Lola, Y.SO, Bondoss, Yiming, Camelot y Heymo.

Aunque muchos de estos modelos son zapatos de seguridad, también los hay normales e incluso sandalias, tanto para hombre como para mujer.

Los modelos incluídos en la zona pública de la red de alerta de productos no alimentarios inseguros de Aecosan son:

– Calzado adultos. Zapato de vestir para hombre, marca Heymo, modelo 751, incluido el 14 de enero de 2015 y notificado por el Gobierno Balear.
– Calzado adultos. Botín de piel de color negro, marca Heymo, modelo 4169503-CLAS/169-503, incluido el 14 de enero de 2015 y notificado por el Gobierno Balear.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, modelo 72208G, gama Nonmetal (light gris S3), incluido el 16 de enero de 2015 y notificado por el Gobierno Vasco.
– Vestimenta infantil. Zapato de bebé, marca Camelot, color rosa, referencia 20010/68, inluido el 26 de enero de 2015 y notificado por la Generalitat de Cataluña.
– Calzado adultos. Botín de señora, marca Bimba y Lola, modelo 42BZ0616T0200/PC007333, incluido el 2 de febrero de 2015 y notificado por la Xunta de Galicia.
– Equipos de protección individual. Calzado de seguridad, marca Yiming, modelo YM9775, incluido el 4 de febrero de 2015 y notificado por la propia Aecosan.
– Calzado adultos. Botines de caballero ‘Fango’, marca Brondoss, modelo 97003, incluido el 11 de febrero de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Botín de señora, marca Y.SO, modelo 14-402, incluido el 16 de febrero de 2015 y notificado por la Comunidad de Madrid.
– Calzado adultos. Botines de señora, marca Bimba y Lola, modelos 42BZ0651, 42BZ0616 y 42BZ0620, incluidos el 20 de febrero de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, gama Nonmetal, modelos 72206, 72208B y 72209G, incluidos el 7 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, gama Classic, modelo 72207, incluido el 14 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelo Corbeta, referencia 026P, incluido el 14 de abril y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelo Olimpia, referencia 042W, incluido el 15 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelos Galeón, referencia 002P, y Fragata, referencia 040P, incluidos el 15 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Ofma, modelo Odin, referencia 012W, incluido el 15 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Calzado de seguridad, marca AM2, modelo G-148 (S1P SRC), incluido el 21 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, gama Classic, modelo 72205 S1P, incluido el 23 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado infantil. Calzado para niña, marca Pekis, referencia 846 (marino 23), incluido el 30 de abril de 2015 y notificado por el Gobierno de La Rioja.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Bellota, modelo 722209B, gama Nonmetal, incluido el 30 de abril de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipos de protección individual. Botas de seguridad, marca Sifer, modelos S1PU207, S1PU418 y S1YSS9190, incluidos el 5 de mayo de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipo de protección individual. Zapato de seguridad, marca Mendi, modelo Hiedra, referencia 542W, incluido el 3 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipo de protección individual. Zapato de seguridad, marca Mendi, modelo Marte, referencia 535W, incluido el 3 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Equipo de protección individual. Zapato de seguridad, marca Mendi, modelo Kentia, referencia 531W, incluido el 3 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias para hombre, marca Coronel Tapioca, modelo C213-31, incluido el 11 de junio de 2015 y notificado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
– Calzado adultos. Sandalias para hombre, marca Coronel Tapioca, modelo C211-21, incluido el 11 de junio de 2015 y notificado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
– Calzado EPI. Zapato de seguridad, marca Super Ego, modelo KTA 1002, incluido el 29 de junio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES205, modelos 72205, 72215 y 72235, incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES200, modelos 72211N, 72211R, 72212G y 72212M incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES202NM, modelos 72206, 72221 y 72226, incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado EPI. Calzado de seguridad, marca Bellota, lote BES196NM, modelos 72206, 72216 y 72227, incluido el 3 de julio y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias de caballero, marca Fereva, referencia 320-01 (negro) y 320-08 (marrón), incluido el 6 de julio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias de señora, marca XTI Tertutions, modelo 29712, incluido el 6 de julio de 2015 y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Marca Paez, modelos alpargata de señora (Suralaska (2015113)) y náutico para niños (Brilorca (2015117)), incluidos el 23 de julio de 2015 y notificado por la Generalitat de Cataluña.
– Calzado adultos. Sandalias de señora de piel, marca Focos, modelo 2333 205 123 (SARA2), incluido el 25 de agosto y notificado por Aecosan.
– Calzado adultos. Sandalias de caballero de piel, marca Eleven, modelo MMS11161, incluido el 25 de agosto de 2015 y notificado por Aecosan.

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Ayudas tipos de interés _Extremadura_

tasa-de-interesesORDEN de 22 de julio de 2015 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre de 2015 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social.

Enlace al PDF: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1480o/15050186.pdf

Filed under: Decretos, Extremadura, Gobierno, Proyectos, , , ,

OBLIGACIONES FISCALES – JUNIO 2015

HASTA EL 1 DE JUNIO

calendario-fiscal-2015DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

– Año 2014: 290

HASTA EL 22 DE JUNIO

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

– Mayo 2015. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

– Mayo 2015. Autoliquidación: 303

– Mayo 2015. Grupo de entidades, modelo individual: 322

– Mayo 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340

– Mayo 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349

– Mayo 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: 353

– Mayo 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

– Mayo 2015: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

– Marzo 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

– Marzo 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563

– Mayo 2015. Grandes empresas: 560

– Mayo 2015: 548, 566, 581

– Mayo 2015: 570, 580

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados, utilizarán como declaración de operaciones el modelo: 510.

HASTA EL 26 DE JUNIO

RENTA Y PATRIMONIO

– Borrador y declaración anual 2014 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta: D-100, D-714

HASTA EL 30 DE JUNIO

RENTA Y PATRIMONIO

– Borrador y declaración anual 2014 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación: D-100, D-714

– Régimen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2014: 150

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