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Nueva normativa sobre las entrega de bolsas de plástico en los comercio.

ENTRA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2018

Esta norma se aplicará a todas las bolsas de plástico puestas en el mercado en España.

En cuanto a las obligaciones, decir que se establecen tres fechas:

  1. A partir del 1 de julio de 2018:

  • Se prohíbe la entrega gratuita a los  consumidores de bolsas de plásticos en los puntos de venta de bienes o productos. Están afectadas todas las bolsas de plástico proporcionadas a los consumidores en los puntos de venta de bienes o productos en el mercado nacional, lo que incluye la venta online y la entrega a domicilio, tengan o no asas e independientemente del espesor. No estarían incluidas las bolsas de basura, ya que no se consideran bolsas de plástico ni envase. Tampoco están incluidos los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien éstos deberán ser considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Sería el caso de los sobres de plástico que se usan para enviar revistas, propaganda, catálogos a los hogares o los sobres de plástico empleados por los servicios de paquetería.

  • Se podrán seguir entregando a los clientes de forma gratuita:

  • Las bolsas de plástico muy ligeras que son las que tienen un espesor inferior a 15 micras que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros, cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos. Es decir son las bolsas de sección que podemos encontrar en los supermercados para los alimentos a granel.

  • Las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. Siempre y cuando los comerciantes tengan las documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje.

  • Los comerciantes deberán cobrar una cantidad, por cada bolsa de plástico que se entregue al consumidor. Se pueden tomar como referencia los precios orientativos siguiente (publicados en el decreto)

 

  • Los comerciantes deberán informar a los consumidores de los precios exponiendolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores. Se propone:

“En aplicación de la obligación prevista en el artículo 4.1 del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores, a partir del 1 de julio de 2018 se cobrará por cada bolsa entregada al consumidor el siguiente precio: ……..”

  1. A partir del 1 de enero de 2020:

  • Se prohíbe la entrega gratuita a los  consumidores de bolsas de plástico fragmentable, es decir, bolsas de plástico fabricadas con aditivos que fragmentan el plástico en microplásticos. Se incluyen en esta prohibición las bolsas oxodegradables u oxofragmentables, fotofragmentables, hidrfragmentables y termofragmentables

  • A partir de esa fecha, las bolsas de más de 50 micras de espesor deben estar fabricadas con un mínimo del 50% de plástico reciclado.

  1. A partir del 1 de enero de 2021:  solo podrán ponerse en el mercado nacional bolsas ligeras y muy ligeras de plástico compostables, es decir, aquellas que puedan degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma UNE En 13432) o en compostadores domésticos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones recogidas en el Real Decreto el régimen sancionador que se aplicará es el establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. que en caso de ser infracción leve será de hasta 900€

[pinchar para ver el decreto].

Os dejamos en fichero adjunto un documento emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente donde se dan contestación a las preguntas frecuentes sobre la normativa.

preguntas frecuentes decreto bolsas de plástico

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Lo que debes saber sobre la nueva ley de Protección de Datos.

 

 

Enlaces de interés para que estés al día.

Noticia
Enlace
La protección de datos pone contra las cuerdas a las empresas españolas
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20170601/la-proteccion-de-datos-pondra-contra-las-cuerdas-a-las-empresas-espanolas-6074040
Consecuencias del incumplimiento del nuevo Reglamento de Protección de Datos
 
https://www.elderecho.com/tribuna/civil/proteccion-datos-reglamento_11_1212805002.html
Las implicaciones del RGPD
 
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/03/01/5a983d1046163fba308b45a8.html
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php
¿Cómo afectan la nueva LOPD / RGPD a las PYMES en España?
 
https://www.bilky.es/como-afectan-la-nueva-lopd-rgpd-las-pymes-en-espana/#respond
   

 

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Embargos mal aplicados; saldo de las cuentas bancarias con un único ingreso periódico.

Texto redactado y publicado por el LETRADO DEL ESTADO, Jaime Font de Mora Rullán.

Enlace original: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/el-embargo-del-saldo-de-las-cuentas-bancarias-con-un-unico-ingreso-periodico-ahorro-susceptible-de-traba-o-prestacion-inembargable

INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN DEL PROBLEMA O SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA (ECCV) DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL DEL CGPJ.   

 Para comprender la dimensión que presenta en la práctica la cuestión que se aborda en este artículo resulta ineludible hacer una breve mención o referencia a cómo ha evolucionado el embargo del saldo de las cuentas bancarias desde la promulgación de la vigente LEC hasta la actualidad.

En este sentido, cuando se promulgó la vigente ley de ritos, disponía el artículo 588 de la LEC que “1. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine, por medio de auto, una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente.” Tras la reforma operada por la Ley 13/2009 dicha facultad para concretar el límite máximo embargable se atribuyó al Letrado de la Administración de Justicia. Por su parte, respecto a la forma de materializar ese embargo, las denominadas medidas de garantía de la traba, disponía el artículo 621.2 de la LEC tras la reforma del año 2009 que: “2. Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario judicial responsable de la ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado segundo del artículo 588. Esta orden podrá ser diligenciada por el procurador de la parte ejecutante. La entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo momento de su presentación, expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo se entregará en ese acto al procurador de la parte ejecutante que haya asumido su diligenciamiento; de no ser así, se remitirá directamente al órgano de la ejecución por el medio más rápido posible.”

Es decir, que se trataba de un procedimiento lento e ineficaz en muchas de ocasiones, pues o bien se tenía que averiguar previamente en qué entidades bancarias concretas tenía cuentas abiertas el demandado, lo que demoraba más la adopción de la medida, o bien se oficiaba a un elevado número de entidades bancarias, las principales, a fin de probar suerte por si se daba en la diana, siendo frecuentes los escritos de parte que incluían un amplísimo listado de bancos. Resulta además que ese oficio se cumplimentaba en formato papel y mediante correo o a través del procurador (en muy pocos casos), lo que originaba mayores retrasos. Además, en algunos casos sobrevolaba en el foro la sospecha, difícil de demostrar, de que el responsable de la entidad había dado el “chivatazo” al demandado-cliente habitual para que retirara fondos antes de verificar el cumplimiento de la orden judicial, siendo así que las cuentas se quedaban vacías haciendo ineficaz la medida.

El panorama descrito cambió radicalmente a partir del año 2011 cuando el CGPJ implementó a través del PNJ un sistema de embargo automático de cuentas. La piedra angular de dicho sistema está constituida por el convenio de colaboración suscrito por el Consejo al que se fueron adhiriendo paulatinamente las entidades bancarias españolas, primero las más importantes y en la actualidad prácticamente todas las del panorama nacional.

Este sistema, denominado “de embargo de cuentas corrientes a la vista” (conocido por las siglas ECCV) funciona de manera que por parte de la Oficina Judicial se ingresa en la aplicación de la cuenta de consignaciones (que actualmente gestiona el Banco Santander S.A) los datos del ejecutado, sobre todo su NIF, y la cantidad a embargar, y el programa procede  a efectuar un barrido automático en todas la entidades adheridas reteniendo y transfiriendo a las cuentas judiciales las cantidades que procedan hasta cubrir el importe reclamado. Utilizando un algoritmo interno para distribuir el embargo en cada ocasión entre todas las entidades. Y todo ello en cuestión de pocos días, un ciclo de 5 días como máximo. Además, recientemente se han introducido mejoras en el sistema para que la reexpedición de esas órdenes de embargo sea también automática, sin que tenga que darlas de alta nuevamente el órgano judicial cada vez.

El resultado de todo ello es que en la actualidad este tipo de embargos ha pasado a ser el más importante y eficaz de cuantos puede decretar el Juzgado, convirtiéndose en un auténtico “rodillo”, y además en un tiempo breve. Pero como contrapartida a esa maquinaria tan eficaz, surge el problema de que el sistema no permite discriminar qué se embarga, frente a la situación anterior de los oficios en papel, en que muchas veces las entidades bancarias contestaban negativamente informando que la cuenta se nutría únicamente de una prestación, normalmente sueldo o pensión, y que por lo tanto podía resultar inembargable conforme a los parámetros del artículo 607.2 de la LEC. En la práctica esto ha supuesto que en los Juzgados sea bastante habitual la comparecencia de los demandados solicitando el alzamiento del embargo acordado sobre sus cuentas por tal motivo, siendo además una cuestión que ha de resolverse de forma urgente, pues en muchas ocasiones las personas afectadas no tienen otros recursos con los que subsistir. Se plantea en tales casos si procede o no devolver en todo o en parte dichas cantidades y cómo debe acordarse esa devolución.

II LA CUESTIÓN ESENCIAL DE SI LA CANTIDAD EMBARGADA DEBE TENER LA CONDICIÓN DE AHORRO, SUSCEPTIBLE DE TRABA, O SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN INEMBARGABLE.

Pues bien, lo cierto es que sobre dicha cuestión existen dos tesis jurisprudenciales contrapuestas que se pueden resumir de la siguiente forma:

a) Tesis garantista o pro deudor: parte del entendimiento de que toda la cantidad que obra consignada en la cuenta, cualquiera que sea su importe, resulta inembargable al extenderse la consideración o calificación de sueldo o pensión inembargable a todo el saldo acumulado, pero ello siempre y cuando se pruebe por el deudor de manera cumplida que la cuenta no se nutre de ningún otro ingreso distinto, lo que desvirtuaría dicha protección.

Esta postura se puede encontrar en numerosos autos, como por ejemplo el Auto nº 80/2010 de 14-5-2010 de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (Roj: AAP GR 140/2010 – ECLI: ES:APGR:2010:140A Id Cendoj: 18087370032010200040), ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES, cuando señala que: “SEGUNDO.- Es cierto que la ley distingue, al examinar los bienes y derechos, entre sueldos, salarios, pensiones, y cuentas corrientes de cualquier clase, siendo embargable el dinero existente en una cuenta corriente bancaria que se expresa en forma contable, como saldo positivo, disponible por su titular. También es cierto que el embargo litigioso lo fue de dinero existente en cuenta corriente, conforme permite el número 1º, 2 del artículo 592 de la LEC. Sin embargo, ello no permite desconocer la naturaleza del ingreso o dinero disponible, ya que cuando no se trata de ahorro disponible de dinero, una vez superado el periodo de percepción, normalmente mensual de los salarios, sueldos, pensiones, o retribución equivalente, a que se refiere el artículo 607.1 LEC, revelando la disponibilidad de otros fuentes de ingresos, que permiten al deudor subsistir con un mínimo vital acorde a la dignidad sin disponer de tales ingresos, ni ante saldos formados con otras fuentes de ingresos, realmente la traba de tal dinero disponible, lo será de pensiones o sueldos, cuyo tratamiento es el del artículo 607 de la LEC, precepto del que no cabe prescindir, en cuanto que trata de garantizar un mínimo vital acorde a la dignidad, y que en nuestro ordenamiento jurídico determina al salario mínimo interprofesional. Por ello, cuando el deudor pruebe que la cuenta sobre la que se hace la traba, se emplea como medio de cobro de la pensión, sin otras fuentes de ingresos, con independencia de los cargos que puedan llevarse a cabo en ella, donde no figuran saldos superiores a lo que efectivamente ingresa cada mes en concepto de salario o pensión el ejecutado, en tal caso el efectivo existente en la cuenta no debe ser considerado como un saldo en cuenta corriente, y sí como sueldo o parte de él, y atendiendo a la finalidad de la norma, que fácilmente en otro caso podría verse defraudada, debe tener la consideración de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, a los efectos del articulo 607.1 LEC.”

Y en el mismo sentido el Auto nº 333/2008 de 1-12-2008 de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Roj: AAP M 15979/2008 – ECLI: ES:APM:2008:15979A Id Cendoj: 28079370092008200322) Ponente: JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ-VALDES cuando dispone que: “Segundo.- Entrando en el fondo de la cuestión, alegándose infracción de lo dispuesto en los artículos 606 y 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en tanto en cuanto junto a la parte legal del sueldo también se embargó a la recurrente los saldos y depósitos en una cuenta corriente en la que ingresaba el salario por lo que, en definitiva, el embargo supera los límites establecidos legalmente, constando en las actuaciones que en la cuenta embargada la ejecutada percibe salario también trabado, procede limitar el embargo sobre la citada cuenta a los saldos existentes en la misma que no procedan del salario que percibe la ejecutada”.

b) Tesis restrictiva o pro acreedor: atendiendo a un criterio temporal entiende que únicamente queda protegido el último mes en que se cobró la prestación inembargable, pero la cantidad que supere los ingresos de la última mensualidad se consolida, por lo que adquirirá la consideración o calificación de ahorro o saldo en cuenta y por lo tanto sí que sería susceptible de traba.

Esta tesis la expone de manera muy clara el Auto nº 91/2004 de 2 de septiembre de 2004 de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Lleida (Roj: AAP L 407/2004 – ECLI: ES:APL:2004:407ª) ponente José María Pocino Moga, cuando señala que: “Establecidas las anteriores premisas, a tenor del examen del cuenta aportada, en realidad estamos ante un simple medio de cobro de la pensión, y no ante la existencia de un saldo significativo de ahorro o demostrativo de una capacidad económica superior a la subsistencia que señala el artículo 607 de la LEC , para aquél año la cantidad de 451’20 euros mensuales. Que en realidad, se ha embargado la pensión que cobra el deudor, pues el hecho de que no la dispusiera de forma efectiva en su integridad en fechas próximas a la de cobro no implica que no forme parte de su necesaria subsistencia, y más, cuando esta pensión es inferior al salario mínimo interprofesional que a tenor de la LEC se establece como mínimo indispensable para la subsistencia. Si acogemos el parámetro tiempo para determinar la naturaleza del ingreso o dinero disponible, y atendemos a este podemos advertir como el deudor solo pudo ahorrar en el mes anterior – abril – la cantidad de 50’51 euros, y que por tanto sólo ésta cantidad era susceptible de embargo al superar su tenencia más de un mes, solo ésta cantidad puede merecer el concepto de saldo o dinero en cuenta corriente susceptible de embargo de conformidad al artículo 592 de la LEC. Si por otro lado solo usamos el criterio del mínimo de subsistencia previsto por la ley y reconocido constitucionalmente del artículo 607 habríamos de determinar que ningún saldo en el presente caso es susceptible de embargo pues aquél sobrante o ahorro de 50’01 euros del mes anterior provenía igualmente de una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, sin embargo acoger éste parámetro como único podría conducir a la ineficacia del embargo de cuentas y depósitos de ahorro, pues en definitiva todos los depósitos disponibles tienen su origen en ingresos de sueldos, salarios, rentas o pensiones, obligando al examen del origen de cada una de las partidas sin tener en cuenta el destino de subsistencia o de ahorro. Y es por ello que en definitiva constando que en el presente caso el deudor pudo subsistir el mes anterior proveyendo para su ahorro la cantidad de 50’01 euros, y que transcurrido el mes de vigencia con carta de naturaleza de pensión, éste deviene, transcurrido el umbral del mes, ahorro disponible de dinero y por tanto susceptible de embargo, no el resto del dinero que ingresado como pensión no varió su naturaleza de pensión al no haber superado el mes. En consecuencia, debe prevalecer el criterio tiempo, por adecuarse a la realidad económica de subsistencia del deudor y por que en definitiva otorga seguridad jurídica al ejecutante y ejecutado, cumpliendo con la finalidad que otorga a la Constitución y la LEC al sistema de mínimo inembargable. El ingreso o dinero que no supera la periodicidad de cobro, en nuestro caso el mensual, no pierde su condición de pensión, y una vez transcurrido el mes de disponibilidad si traspasa al siguiente tendrá a partir de la fecha de nuevo cobro de pensión la consideración de dinero en cuenta o ahorro del artículo 592 de la LEC . En definitiva debe reconocerse al recurrente que en parte se ha producido una vulneración del artículo 607 LEC , y decretarse en el sentido expresado de devolución parcial del bien, dejando como embargo efectivo y acorde a Ley lo que es considerado como ahorro, la cantidad en este caso de 50’51 euros, y por tanto será superior al límite del artículo 607 LEC la cantidad de 175’51 euros.”

En la práctica, si se acoge esta segunda tesis, que parece la más razonable y equilibrada entre los intereses de acreedor y deudor, deberá calcularse en cado caso concreto la cantidad que resulta embargable al tener la consideración de ahorro, descontando los importes de la última mensualidad que resulten inembargables.

III SOBRE CÓMO SE DEBE DEJAR SIN EFECTO EL EMBARGO ACORDADO EN ESTOS CASOS.

Tampoco está claro en la LEC cómo debe adoptarse la resolución para resolver sobre esta incidente y si es necesaria o no la postulación del demandado. Sobre esta segunda cuestión el criterio mayoritario en el foro es el de admitir la simple personación del demandado mediante comparecencia o escrito, y ello porque de lo contrario se le obligaría a tener que designar abogado y procurador, normalmente del turno de oficio, lo que puede demorar considerablemente la resolución de una cuestión que resulta urgente en muchos casos. Como fundamento a favor de esta tesis se puede citar el artículo 609 de la LEC que admite la actuación del ejecutado mediante la “simple comparecencia ante el Secretario judicial si no se hubiera personado en la ejecución ni deseara hacerlo”

En cuanto a la forma de la resolución a dictar, se aboga por que sea un decreto de Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso de revisión ante el Juez. Y ello porque si bien es cierto que del citado artículo 609 de la LEC parece que debería acordarse la nulidad del embargo acordado, lo que necesariamente tendría que hacerse por auto del Juez, lo cierto es que la medida a adoptar puede incardinarse perfectamente en el concepto de reducción del embargo del artículo 612.2 de la LEC que sí es competencia en primer lugar del Letrado de la Administración de Justicia con posibilidad de recurso ante el Juez.

Finalmente se plantean dudas respecto al trámite a seguir y, concretamente, si resultaría necesario o no conferir previo traslado al ejecutante antes de entrar a resolver la cuestión. Pues bien, sobre este punto parece más razonable entender que sí es posible entrar directamente a resolver siempre y cuando de la documentación aportada por el demandado, normalmente copia o resguardo de la cuenta embargada, resulte evidente que no constan otros ingresos. Ahora bien, cuando se planteen dudas por la existencia de apuntes contables que reflejen otros ingresos, sí sería razonable conferir un previo traslado al ejecutante a fin de que pueda posicionarse al respecto.

En definitiva, se trata de una resolución de Letrado de la Administración de Justicia de gran importancia y relevancia práctica puesto que requiere de una respuesta rápida y ágil para minimizar los efectos perniciosos que pueden provocarse al demandado en estos casos.

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Programas para gestión empresarial GRATIS

Si no deseas invertir tu dinero en un programa informático de pago, siempre puedes seleccionar  una herramienta software gratis para gestionar tu negocio. Es conveniente que busques y pruebes varias, para comprobar cuál es la mejor para ti y para tu empresa. Aquí te presentamos algunas con las que puedes empezar a experimentar y comprobar las ventajas que este tipo de tecnología te ofrece:

  1. VISIONWIN. Esta herramienta gratuita te permite acceder a funciones diversas a través de las que  llevar a cabo la contabilidad  y facturación de tu empresa. La realización de pedidos, el control de inventarios, la elaboración de albaranes, facturas o recibos, la organización de todos tus documentos, incluso la gestión de clientes, son algunas de las funciones de las que te puedes beneficiar con este programa.
  2. Factusol:. Con este software, puedes crear tú mismo, de forma sencilla y con un aspecto profesional, tus propias facturas. Gracias a esta herramienta, podrás controlar todo lo relacionado con las compras y ventas realizadas por tu empresa, conocer tu stock real, generar recibos, informes o enviar, a través de un simple click, toda la información a tu gestor.
  3. Ganttproject. Planifica tus proyectos y distribuye las tareas con esta sencilla herramienta. Granttproject te permite diseñar organigramas de actividades, basados en el diagrama de Gantt, para organizar las tareas de todo tu equipo y llevar a cabo un seguimiento y control más eficaz.
  4. Mis clientes 3.02. Si lo que necesitas es una herramienta con la que administrar a tus clientes, esta puede ser una buena opción. Este programa te permite crear una base de datos con tus clientes y realizar búsquedas de manera sencilla, además de llevar un control de los trabajos realizados o que se están llevando a cabo.

 

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MULTAS MILLONARIAS POR CALUMNIAS EN LA RED

Alemania plantea una ley para imponer multas millonarias por publicar calumnias en redes sociales

Las empresas que no retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas podrían llegar a pagar hasta 50 millones de euros.

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El Gobierno de Alemania ha lanzado una campaña contra la publicación en redes sociales de contenidos y materiales que promuevan la calumnia y la incitación, una iniciativa por la que compañías como Facebook y Twitter podrían llegar a ser sancionadas con multas de hasta 50 millones de euros si no actúan contra este tipo de mensajes.

“Necesitamos aumentar la presión en las redes sociales para que las compañías se tomen aún más seriamente su responsabilidad para erradicar contenidos delictivos”, ha afirmado el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en la presentación de los detalles de un nuevo proyecto de ley este martes.

El proyecto legislativo concede a las compañías 24 horas para retirar de sus plataformas el material que pueda ser considerado como una calumnia o que incite al odio o, en caso contrario, serán sancionadas con costosas multas.

“Cuando se refiere a delitos punibles que impliquen incitación y calumnia solo puede haber tan poco espacio en las redes sociales como en las calles”, ha afirmado Maas. “Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos. Y no se hace lo suficientemente rápido”, añadió.

Las empresas que no actúen para retirar el material denunciado podrían ser sancionadas con multas que alcanzan los cinco millones de euros a los individuos responsables de los mensajes y hasta 50 millones para las empresas tecnológicas.

La propuesta tiene ahora que ser revisada por el Gobierno y más tarde pasar el visto bueno del Parlamento. Este proyecto de ley llega en un momento en el que Alemania encara un periodo de elecciones en medio de la preocupación por el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas y mensajes racistas y de incitación al odio.

El proyecto presentado por el Gobierno alemán también incluye la obligación de que las empresas publiquen cada trimestre un informe sobre su gestión de las denuncias por contenidos inapropiados en sus plataformas.

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¿Contratar la luz con una cooperativa? Dudas más frecuentes

Puede que muchas personas hayan oído estos días hablar de las llamadas ‘cooperativas de renovables’, al calor de las subidas en el precio de la luz, y se planteen un cambio a otro modelo de servicio que no esté ligado a las grandes del sector eléctrico, o bien a las comercializadoras con las que hasta ahora han trabajado.

Es posible que también una mayor conciencia de lo que implica el uso de las energías renovables esté detrás de esta motivación, tal como le sucede a Manuel, un socio que nos ha escrito para proponernos que hablemos sobre este tema y aclaremos sus dudas. Este artículo pretende responder a las preguntas y dudas más frecuentes con la colaboración de portavoces de las dos principales cooperativas del país: GoiEner y Som Energia

Además de Som Energia (con más de 30.000 socios) y GoiEner (3.350 socios en 2015), existen muchas otras cooperativas. Zencer (más de 1.000 socios en 2015) opera en Andalucía y Nosa Enerxia (260 socias y socios) en Galicia, por citar otros dos ejemplos.

1. ¿Por qué hay que poner un dinero inicial para poder contratar?

Marc Roselló, portavoz de Som Energia, explica que toda empresa que se rija por el modelo cooperativo implica la aportación de un capital inicial, ya que además de cliente se pasa a ser socio de la empresa. Erika Martínez, portavoz de GoiEner, añade que la cantidad aportada, normalmente unos cien euros, sirve también para paliar el estrés de caja que provoca el nuevo cliente, ya que habrá que proporcionarle la energía por adelantado. Posteriormente su aportación pasará a formar parte del capital social.

2. ¿Qué pasa con ese dinero si me voy?

El cliente está en pleno derecho a recuperar este dinero. Como no hay contratos de permanencia en las cooperativas de renovables, no existen penalizaciones que nos hagan perderlos.

3. ¿Sale la factura más cara que en una eléctrica convencional al usar renovables?

Los portavoces de ambas cooperativas consultados coinciden en que no. Aseguran que el mito de que las renovables son caras hace ya años que se superó y que a pesar de la hostilidad del Gobierno, sus infraestructuras están amortizadas. Por tanto como mínimo tienen el mismo precio de mercado que las fósiles, si no más bajo.

Roselló explica que ellos ofrecen la parte fija de la factura sin márgenes adicionales a lo que impone el Gobierno, y la variable depende de las estrategias de consumo del cliente. Martínez explica que revisan las tarifas trimestralmente y no según las subastas diarias del mercado libre, lo que amortigua mucho su volatilidad.

4. ¿Puedo llegar a tener problemas de suministro si la cooperativa es pequeña?

No. La mayoría de estas cooperativas, salvo Som Energia, son principalmente comercializadoras. Por lo tanto solo venden el servicio de un productor y un distribuidor que son más grandes y garantizan el suministro.

5. ¿Pueden las grandes tomar represalias contra mí por pasarme a una cooperativa?

No más de lo que las pueden tomar en el caso de pasarse a cualquier otra comercializadora, explica Martínez. Hay casos aislados, dice, pero en ningún caso son la norma. Roselló asegura que hoy en día es casi imposible tener problemas por un cambio.

6. En caso de que la cooperativa quebrase, ¿podría volver a otra compañía sin quedarme sin suministro?

Tanto Roselló como Martínez destacan que sí, sin el menor problema. Además, al no existir contratos de permanencia, podemos irnos cuando queramos. En caso de quiebra, por ley pasaríamos a la empresa de nuestra zona del mercado regulado hasta que decidiéramos contratar otra, explica Roselló.

7. ¿Qué ventajas tengo por estar en una cooperativa?

Según Martínez, al ser socio pasas a ser un consumidor activo que tiene trans parencia y participació n en las decisiones de la empresa. Además, tienes toda la información sobre las estructuras de la misma a tu disposición y puedes ejercer presión si en un tema estás en desacuerdo.

Roselló añade la importancia de participar en el cambio de modelo energético hacia otro más colaborativo y sostenible, donde se dé entrada al autoconsumo y las energías renovables sean la norma.

8. ¿Puedo llegar a ganar dinero como socio si la empresa va bien?

No. Estas cooperativas se constituyen como sociedades s in ánimo de lucro en las que se emplean a una serie de trabajadores pero no se reparten dividendos, sino que se reinvierte en la empresa.

Algunos formatos contemplan un tipo de financiación adicional para la creación de productos en los que la inversión se devuelve y el beneficio se obtiene en forma de energía a precio de coste. Un ejemplo es la planta solar de Alcolea del Río, en Sevilla, que construyó Som Energía con aportaciones de socios.

9. ¿Se puede contratar también el gas?

No. El gas no está contemplado como energía renovable. La excepción es el biogás, que se usa en el ciclo combinado para generar electricidad.

10. ¿Generan estas cooperativas energía renovable o solo hacen de intermediarios?

La mayoría solo comercializa, con estructura de cooperativa y la garantía de solo comprar renovable, pero Som Energía ya produce un 6% de la energía de vende, según Marc Roselló. Poseen nueve plantas fotovoltáicas, entre ellas la de Alcolea del Río y una minicentral hidráulica. Erika Martínez asegura que a lo largo de 2017 GoiEner podrá anunciar sus primeros proyectos de generación de renovables.

¿Por qué aparecieron estas cooperativas?

La desregulación del mercado de la energía a mediados de los noventa estaba destinada a romper con el modelo de grandes empresas zonales como Endesa, Fenosa, Fecsa, Viesgo, Iberduero, Hidroeléctrica Española, etc. Estas tenían un total dominio del vertical del mercado, es decir de la generación, la distribución de la electricidad y la venta de este servicio al cliente.

En realidad la venta del servicio no existía como tal, porque los clientes se repartían por zonas y se veían obligados a contratar con la compañía eléctrica zonal de referencia. La intención de la liberalización era:

  • Crear la figura de las comercializadoras.
  • Que cada uno de los tres tramos -generación, distribución y comercialización- pudiera ser asumido por nuevas empresas independientes.
  • Que el precio de la energía viniese fijado diariamente en una subasta abierta conocida como ‘pool’, a fin de lograr en teoría los precios más competitivos para el cliente.

Pero la eficacia de esta liberalización ha sido repetidamente discutida por muchos expertos, que la ponen en duda porque:

  1. Ha habido comparativamente muy poca entrada de otras empresas que aumentasen la competencia.
  2. El intervencionismo del Gobierno hace que la base fija, o potencia contratada, impuestos, y peajes de amortización, dejen la base variable, que depende de la subasta en el mercado libre, en una tercera parte de la factura.
  3. La incidencia de la libre competencia sobre el precio final apenas se nota.
  4. La infiltración de ex cargos políticos en las antiguas empresas de referencia, con poder de influencia sobre los legisladores del momento, ha provocado un cambio de leyes muy favorable a sus intereses, pero no tanto al bolsillo del consumidor.
  5. El consumidor ve subir su factura mes a mes en un proceso en extremo complejo y opaco.
  6. La liberalización no significó ningún compromiso con las energías renovables, si bien muchas grandes apuestan cada vez más por ellas.
  7. El consumidor final tiene poca capacidad de presión para hacer que la proporción de energías fósiles, y emisoras de gases contaminantes, en la generación de electricidad sea cada vez menor.

En este contexto nacen a partir de 2010 las cooperativas de renovables, cuyo compromiso es la generación y comercialización solo de energías renovables, la transparencia informativa y respecto a sus organigramas y la participación de sus clientes en las decisiones de la empresa.

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Para autónomos y empresas. Guias de autoprotección.

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0013-2015

GUIA BÁSICA DE MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A RIESGO DE INCENDIOS EN COMERCIO AL POR MENOR.

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Catálogo de Derechos del Contribuyente

El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se refiere a los derechos y garantías de los obligados tributarios, siendo su contenido el siguiente:

  1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
    1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    2. Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
    3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
    4. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
    5. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
    6. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
    7. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
    8. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
    9. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
    10. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
    11. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    12. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
    14. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
    15. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
    16. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
    17. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
    18. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
    19. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
    20. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
    21. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.” Asimismo, el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo al desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, establece lo siguiente:
    1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
    2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
    3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
    4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
    5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
    6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
    7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
    8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.”

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Listas de morosos: cómo evitarlas y cómo salir de ellas

 

¿Está seguro de que no aparece en ningún fichero de morosos? ¿Cómo evitarlos? Y sobre todo ¿cómo salir de ellos? Seguro que se ha hecho alguna vez alguna de estas preguntas. Vamos a darle respuesta y a tratar de algunas cuestiones sobre ellos que seguro le resultarán muy prácticas.

Los ficheros de morosos, o de insolvencia patrimonial y de crédito, se han convertido en una herramienta muy popular entre las empresas. El miedo al descrédito personal o al daño en la imagen reputacional de una empresa que supone figurar en uno de estos ficheros, se han convertido en su mejor aliado.

Es más, el coste de incluir a una persona en uno de estos ficheros -que ronda entre los veinte y los cincuenta céntimos por persona- ha ayudado enormemente a que las empresas prefieran incluir a los clientes en estos ficheros que publicitan su condición de deudores, que acudir a los tribunales exigiendo el pago de la deuda.

En España existen diversos ficheros de morosos, pero sin embargo son dos los que gozan de mayor popularidad: ASNEF y RAI. Pero la cuestión es, ¿qué necesitan las empresas para incluirme en estos ficheros? ¿Existe algún importe mínimo para que me incluyan?

Para figurar en este tipo de ficheros es imprescindible que: i) exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada; ii) que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que debió procederse a su abono; y iii) que se haya requerido previamente al deudor exigiéndole el pago del importe adeudado.

La cuestión se simplifica de manera considerable si tenemos en cuenta que no existe un importe mínimo, bastarían seis euros o incluso menos para entrar a formar parte del nada privilegiado club de morosos de España.

Dicho esto, ¿cómo puede averiguar si está en un fichero? Pues bien, en principio la empresa tiene la obligación de notificarle su intención de incluirle o registrar sus datos en el fichero de morosos. Además, el responsable del fichero, es decir, la entidad que lo gestiona, dispone de un plazo de treinta días tras el registro para notificarle, indicando todos los datos que hubiesen sido registrados, e informarle de la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

¿Cuál es el principal problema de esta notificación? Que suelen enviarse al domicilio que figura en el contrato sobre el que se ha generado la deuda. Las empresas no tienen la obligación de intentar una segunda notificación, por lo que basta con que asuman la responsabilidad de que el domicilio donde se efectúa la primera notificación es el que efectivamente figura en el contrato. De ahí que pueda estar en un fichero de morosos, sin ni siquiera saberlo.

Por tanto, si quiere conocer si le han incluido en alguno de estos ficheros debería ponerse en contacto directo con su responsable, que deberá contestarle un plazo máximo de diez días, informándole de todos los asientos registrados a su nombre, la cuantía o importe que adeuda y el acreedor, entre otros aspectos.

Ahora que acaba de descubrir que aparece en un fichero, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí solo caben dos opciones: si efectivamente tiene una deuda, páguela. La empresa debería ponerlo en conocimiento del responsable del fichero, que eliminará sus datos del mismo.

La cuestión se complica si se le ha incluido de manera errónea o, si aún tras haber pagado no cancelan sus condición de deudor. Aquí cobra todo el protagonismo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En esta tesitura, debe acudir inmediatamente a la AEPD para formalizar una denuncia en la que deberá explicar los hechos, los posibles responsables de los mismos, una eventual calificación de las infracciones y todo ello acompañado de toda la documentación pertinente.

La denuncia podrá dirigirla frente al acreedor o al responsable del fichero, o incluso frente a ambos, pero una vez interpuesta, será la AEPD quien tome las riendas. Abrirá un procedimiento de investigación, que de estimarse fundada la denuncia, podría terminar con la imposición de sanciones a la empresa acreedora o al responsable del fichero, que podrían alcanzar los 600.000€, dependiendo del carácter de la infracción.

Esa multa será ingresada por la AEPD. Entonces ¿quién le abonará los perjuicios sufridos como consecuencia de esa mala praxis?, ¿acaso no deben resarcirle esos daños?

Pues tendrá que acudir a un procedimiento judicial, pero cuide la estrategia procesal a seguir. Conviene elegir el momento para presentar la denuncia ante la AEPD y la demanda reclamando los daños y perjuicios irrogados, pues al fin y al cabo la resolución del procedimiento iniciado por la AEPD reforzará considerablemente la demanda judicial.

La más reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha establecido que basta la mera inclusión de los datos en uno de estos ficheros de la vergüenza para considerar lesionado el derecho al honor y la propia imagen. Por lo que no lo dude, si hay un error o si una vez saldada la deuda, sigue apareciendo en ellos, acuda en busca de asesoramiento jurídico y proteja su crédito personal y su imagen reputacional.

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Fiestas Extremadura 2017

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves el decreto por el que se fija el calendario de fiestas laborales retribuidas y no recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017.

Este calendario de festivos ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de este pasado martes.

Descarga el documento: Dias Festivos 2017 para Comunidad Extremeña

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