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¿Contratar la luz con una cooperativa? Dudas más frecuentes

Puede que muchas personas hayan oído estos días hablar de las llamadas ‘cooperativas de renovables’, al calor de las subidas en el precio de la luz, y se planteen un cambio a otro modelo de servicio que no esté ligado a las grandes del sector eléctrico, o bien a las comercializadoras con las que hasta ahora han trabajado.

Es posible que también una mayor conciencia de lo que implica el uso de las energías renovables esté detrás de esta motivación, tal como le sucede a Manuel, un socio que nos ha escrito para proponernos que hablemos sobre este tema y aclaremos sus dudas. Este artículo pretende responder a las preguntas y dudas más frecuentes con la colaboración de portavoces de las dos principales cooperativas del país: GoiEner y Som Energia

Además de Som Energia (con más de 30.000 socios) y GoiEner (3.350 socios en 2015), existen muchas otras cooperativas. Zencer (más de 1.000 socios en 2015) opera en Andalucía y Nosa Enerxia (260 socias y socios) en Galicia, por citar otros dos ejemplos.

1. ¿Por qué hay que poner un dinero inicial para poder contratar?

Marc Roselló, portavoz de Som Energia, explica que toda empresa que se rija por el modelo cooperativo implica la aportación de un capital inicial, ya que además de cliente se pasa a ser socio de la empresa. Erika Martínez, portavoz de GoiEner, añade que la cantidad aportada, normalmente unos cien euros, sirve también para paliar el estrés de caja que provoca el nuevo cliente, ya que habrá que proporcionarle la energía por adelantado. Posteriormente su aportación pasará a formar parte del capital social.

2. ¿Qué pasa con ese dinero si me voy?

El cliente está en pleno derecho a recuperar este dinero. Como no hay contratos de permanencia en las cooperativas de renovables, no existen penalizaciones que nos hagan perderlos.

3. ¿Sale la factura más cara que en una eléctrica convencional al usar renovables?

Los portavoces de ambas cooperativas consultados coinciden en que no. Aseguran que el mito de que las renovables son caras hace ya años que se superó y que a pesar de la hostilidad del Gobierno, sus infraestructuras están amortizadas. Por tanto como mínimo tienen el mismo precio de mercado que las fósiles, si no más bajo.

Roselló explica que ellos ofrecen la parte fija de la factura sin márgenes adicionales a lo que impone el Gobierno, y la variable depende de las estrategias de consumo del cliente. Martínez explica que revisan las tarifas trimestralmente y no según las subastas diarias del mercado libre, lo que amortigua mucho su volatilidad.

4. ¿Puedo llegar a tener problemas de suministro si la cooperativa es pequeña?

No. La mayoría de estas cooperativas, salvo Som Energia, son principalmente comercializadoras. Por lo tanto solo venden el servicio de un productor y un distribuidor que son más grandes y garantizan el suministro.

5. ¿Pueden las grandes tomar represalias contra mí por pasarme a una cooperativa?

No más de lo que las pueden tomar en el caso de pasarse a cualquier otra comercializadora, explica Martínez. Hay casos aislados, dice, pero en ningún caso son la norma. Roselló asegura que hoy en día es casi imposible tener problemas por un cambio.

6. En caso de que la cooperativa quebrase, ¿podría volver a otra compañía sin quedarme sin suministro?

Tanto Roselló como Martínez destacan que sí, sin el menor problema. Además, al no existir contratos de permanencia, podemos irnos cuando queramos. En caso de quiebra, por ley pasaríamos a la empresa de nuestra zona del mercado regulado hasta que decidiéramos contratar otra, explica Roselló.

7. ¿Qué ventajas tengo por estar en una cooperativa?

Según Martínez, al ser socio pasas a ser un consumidor activo que tiene trans parencia y participació n en las decisiones de la empresa. Además, tienes toda la información sobre las estructuras de la misma a tu disposición y puedes ejercer presión si en un tema estás en desacuerdo.

Roselló añade la importancia de participar en el cambio de modelo energético hacia otro más colaborativo y sostenible, donde se dé entrada al autoconsumo y las energías renovables sean la norma.

8. ¿Puedo llegar a ganar dinero como socio si la empresa va bien?

No. Estas cooperativas se constituyen como sociedades s in ánimo de lucro en las que se emplean a una serie de trabajadores pero no se reparten dividendos, sino que se reinvierte en la empresa.

Algunos formatos contemplan un tipo de financiación adicional para la creación de productos en los que la inversión se devuelve y el beneficio se obtiene en forma de energía a precio de coste. Un ejemplo es la planta solar de Alcolea del Río, en Sevilla, que construyó Som Energía con aportaciones de socios.

9. ¿Se puede contratar también el gas?

No. El gas no está contemplado como energía renovable. La excepción es el biogás, que se usa en el ciclo combinado para generar electricidad.

10. ¿Generan estas cooperativas energía renovable o solo hacen de intermediarios?

La mayoría solo comercializa, con estructura de cooperativa y la garantía de solo comprar renovable, pero Som Energía ya produce un 6% de la energía de vende, según Marc Roselló. Poseen nueve plantas fotovoltáicas, entre ellas la de Alcolea del Río y una minicentral hidráulica. Erika Martínez asegura que a lo largo de 2017 GoiEner podrá anunciar sus primeros proyectos de generación de renovables.

¿Por qué aparecieron estas cooperativas?

La desregulación del mercado de la energía a mediados de los noventa estaba destinada a romper con el modelo de grandes empresas zonales como Endesa, Fenosa, Fecsa, Viesgo, Iberduero, Hidroeléctrica Española, etc. Estas tenían un total dominio del vertical del mercado, es decir de la generación, la distribución de la electricidad y la venta de este servicio al cliente.

En realidad la venta del servicio no existía como tal, porque los clientes se repartían por zonas y se veían obligados a contratar con la compañía eléctrica zonal de referencia. La intención de la liberalización era:

  • Crear la figura de las comercializadoras.
  • Que cada uno de los tres tramos -generación, distribución y comercialización- pudiera ser asumido por nuevas empresas independientes.
  • Que el precio de la energía viniese fijado diariamente en una subasta abierta conocida como ‘pool’, a fin de lograr en teoría los precios más competitivos para el cliente.

Pero la eficacia de esta liberalización ha sido repetidamente discutida por muchos expertos, que la ponen en duda porque:

  1. Ha habido comparativamente muy poca entrada de otras empresas que aumentasen la competencia.
  2. El intervencionismo del Gobierno hace que la base fija, o potencia contratada, impuestos, y peajes de amortización, dejen la base variable, que depende de la subasta en el mercado libre, en una tercera parte de la factura.
  3. La incidencia de la libre competencia sobre el precio final apenas se nota.
  4. La infiltración de ex cargos políticos en las antiguas empresas de referencia, con poder de influencia sobre los legisladores del momento, ha provocado un cambio de leyes muy favorable a sus intereses, pero no tanto al bolsillo del consumidor.
  5. El consumidor ve subir su factura mes a mes en un proceso en extremo complejo y opaco.
  6. La liberalización no significó ningún compromiso con las energías renovables, si bien muchas grandes apuestan cada vez más por ellas.
  7. El consumidor final tiene poca capacidad de presión para hacer que la proporción de energías fósiles, y emisoras de gases contaminantes, en la generación de electricidad sea cada vez menor.

En este contexto nacen a partir de 2010 las cooperativas de renovables, cuyo compromiso es la generación y comercialización solo de energías renovables, la transparencia informativa y respecto a sus organigramas y la participación de sus clientes en las decisiones de la empresa.

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Para autónomos y empresas. Guias de autoprotección.

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0013-2015

GUIA BÁSICA DE MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A RIESGO DE INCENDIOS EN COMERCIO AL POR MENOR.

Archivo aquí: guia_comercio_ae-0012-2015

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Catálogo de Derechos del Contribuyente

El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se refiere a los derechos y garantías de los obligados tributarios, siendo su contenido el siguiente:

  1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
    1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    2. Derecho a obtener, en los términos previstos en esta ley, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
    3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
    4. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
    5. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
    6. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
    7. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el caso de que no deban obrar en el expediente.
    8. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.
    9. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
    10. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.
    11. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
    12. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
    13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previstos en esta ley.
    14. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
    15. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.
    16. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
    17. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria.
    18. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
    19. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
    20. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta ley.
    21. Este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
  2. Integrado en el Ministerio de Hacienda, el Consejo para la Defensa del Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuará las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se determinen.” Asimismo, el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo al desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, establece lo siguiente:
    1. En el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios, la Administración facilitará en todo momento a los obligados tributarios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos previstos en los apartados siguientes.
    2. Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria y de aquellos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. Se podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados.
    3. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas.
    4. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga la normativa vigente. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de resolución.
    5. El acceso a los registros y documentos que formen parte de un expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos únicamente podrá ser solicitado por el obligado tributario que haya sido parte en el procedimiento tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95 de esta ley.
    6. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
    7. Las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de cada procedimiento. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento u otros hechos o circunstancias relativos al mismo o efectúa los requerimientos que sean necesarios a cualquier persona o entidad. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que resulten necesarios para la aplicación de los tributos.
    8. En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el trámite de alegaciones.

El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.”

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Listas de morosos: cómo evitarlas y cómo salir de ellas

 

¿Está seguro de que no aparece en ningún fichero de morosos? ¿Cómo evitarlos? Y sobre todo ¿cómo salir de ellos? Seguro que se ha hecho alguna vez alguna de estas preguntas. Vamos a darle respuesta y a tratar de algunas cuestiones sobre ellos que seguro le resultarán muy prácticas.

Los ficheros de morosos, o de insolvencia patrimonial y de crédito, se han convertido en una herramienta muy popular entre las empresas. El miedo al descrédito personal o al daño en la imagen reputacional de una empresa que supone figurar en uno de estos ficheros, se han convertido en su mejor aliado.

Es más, el coste de incluir a una persona en uno de estos ficheros -que ronda entre los veinte y los cincuenta céntimos por persona- ha ayudado enormemente a que las empresas prefieran incluir a los clientes en estos ficheros que publicitan su condición de deudores, que acudir a los tribunales exigiendo el pago de la deuda.

En España existen diversos ficheros de morosos, pero sin embargo son dos los que gozan de mayor popularidad: ASNEF y RAI. Pero la cuestión es, ¿qué necesitan las empresas para incluirme en estos ficheros? ¿Existe algún importe mínimo para que me incluyan?

Para figurar en este tipo de ficheros es imprescindible que: i) exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada; ii) que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que debió procederse a su abono; y iii) que se haya requerido previamente al deudor exigiéndole el pago del importe adeudado.

La cuestión se simplifica de manera considerable si tenemos en cuenta que no existe un importe mínimo, bastarían seis euros o incluso menos para entrar a formar parte del nada privilegiado club de morosos de España.

Dicho esto, ¿cómo puede averiguar si está en un fichero? Pues bien, en principio la empresa tiene la obligación de notificarle su intención de incluirle o registrar sus datos en el fichero de morosos. Además, el responsable del fichero, es decir, la entidad que lo gestiona, dispone de un plazo de treinta días tras el registro para notificarle, indicando todos los datos que hubiesen sido registrados, e informarle de la posibilidad de ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

¿Cuál es el principal problema de esta notificación? Que suelen enviarse al domicilio que figura en el contrato sobre el que se ha generado la deuda. Las empresas no tienen la obligación de intentar una segunda notificación, por lo que basta con que asuman la responsabilidad de que el domicilio donde se efectúa la primera notificación es el que efectivamente figura en el contrato. De ahí que pueda estar en un fichero de morosos, sin ni siquiera saberlo.

Por tanto, si quiere conocer si le han incluido en alguno de estos ficheros debería ponerse en contacto directo con su responsable, que deberá contestarle un plazo máximo de diez días, informándole de todos los asientos registrados a su nombre, la cuantía o importe que adeuda y el acreedor, entre otros aspectos.

Ahora que acaba de descubrir que aparece en un fichero, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí solo caben dos opciones: si efectivamente tiene una deuda, páguela. La empresa debería ponerlo en conocimiento del responsable del fichero, que eliminará sus datos del mismo.

La cuestión se complica si se le ha incluido de manera errónea o, si aún tras haber pagado no cancelan sus condición de deudor. Aquí cobra todo el protagonismo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En esta tesitura, debe acudir inmediatamente a la AEPD para formalizar una denuncia en la que deberá explicar los hechos, los posibles responsables de los mismos, una eventual calificación de las infracciones y todo ello acompañado de toda la documentación pertinente.

La denuncia podrá dirigirla frente al acreedor o al responsable del fichero, o incluso frente a ambos, pero una vez interpuesta, será la AEPD quien tome las riendas. Abrirá un procedimiento de investigación, que de estimarse fundada la denuncia, podría terminar con la imposición de sanciones a la empresa acreedora o al responsable del fichero, que podrían alcanzar los 600.000€, dependiendo del carácter de la infracción.

Esa multa será ingresada por la AEPD. Entonces ¿quién le abonará los perjuicios sufridos como consecuencia de esa mala praxis?, ¿acaso no deben resarcirle esos daños?

Pues tendrá que acudir a un procedimiento judicial, pero cuide la estrategia procesal a seguir. Conviene elegir el momento para presentar la denuncia ante la AEPD y la demanda reclamando los daños y perjuicios irrogados, pues al fin y al cabo la resolución del procedimiento iniciado por la AEPD reforzará considerablemente la demanda judicial.

La más reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha establecido que basta la mera inclusión de los datos en uno de estos ficheros de la vergüenza para considerar lesionado el derecho al honor y la propia imagen. Por lo que no lo dude, si hay un error o si una vez saldada la deuda, sigue apareciendo en ellos, acuda en busca de asesoramiento jurídico y proteja su crédito personal y su imagen reputacional.

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Vivir sin el Banco es posible

Cómo hacer frente a la exclusión bancaria tras la reestructuración del sistema financiero

Más de un millón de consumidores vive en municipios en los que ni siquiera hay una sucursal bancaria. Un problema añadido para pagar recibos o disponer de dinero en efectivo. ¿Cómo organizar nuestra vida dependiendo menos del banco?

La crisis del sistema financiero y su reestructuración se ha llevado por delante, desde 2008, más de 10.500 sucursales bancarias. Estamos ante una reducción del 23% de las oficinas en solo 6 años. Más de 1 millón de consumidores vive en municipios en los que ni siquiera hay una oficina bancaria según datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). En 11 provincias españolas más de un 10% de su población reside en localidades sin bancos ni cajas de ahorros, superando el 25% en Zamora.

Aun hay más. Otro millón de habitantes residen en municipios en los que solo hay sucursales de cajas de ahorros. Y más de 200.000 lo hacen en localidades en las que únicamente operan cooperativas de crédito. Los bancos son los que menos población rescatan de la exclusión financiera, ya que apenas 150.000 ciudadanos habitan en poblaciones que solo tienen oficinas de bancos.

Cómo afrontar los problemas de la exclusión bancaria

El hecho de no tener disponible una sucursal bancaria en nuestro municipio, o que no esté la de la entidad con la que operamos puede llegar a ser un inconveniente para muchos consumidores, acostumbrados tal y como estamos a usar tarjetas, acudir a cajeros automáticos y domiciliar recibos y nóminas. Sin embargo, es posible hacer menos uso de las entidades financieras para estos menesteres.

Por ejemplo, muchos recibos se pueden pagar a través de las oficinas de Correos. Para ello se debe acudir a una de ellas, identificar el titular del recibo y la cantidad a pagar, o presentar directamente el recibo. En la web de Correos se pueden comprobar qué empresas están adheridas a este sistema de pago.

Además algunas empresas contemplan la posibilidad de afrontar el pago en tiendas u oficinas. Otra opción es pagar el recibo vía Internet, para lo que será necesario disponer de una tarjeta en la que efectuar el cargo del importe.

A la hora de cobrar el importe de la nómina, es posible negociar con la empresa para que éste se realice en efectivo en lugar de por transferencia bancaria, aunque hay que tener en cuenta que los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros están prohibidos en España.

Por otra parte, muchos consumidores quieren utilizar menos las tarjetas de crédito o débito y deciden tener un remanente de dinero en casa para los gastos mensuales. Si es su caso procure guardarlo en un lugar muy seguro, como pueda ser una caja fuerte, para evitar disgustos inesperados…

Además la difícil situación económica de muchos consumidores es el caldo de cultivo que permite la proliferación de negocios basados en el préstamo entre particulares, práctica legal pero que debe ser sometida a control y regulación férreos. Suelen plantear condiciones abusivas para los deudores, e incluso captar ahorro de inversores para estas operaciones de máximo riesgo. Cuidado si decide acudir a una de estas plataformas para obtener dinero extra…

En síntesis, como hemos visto, los consumidores que se encuentren en exclusión bancaria por la falta de oficinas en su zona, o quieran realizar un consumo crítico y responsable usando menos los cada vez más caros y elitistas servicios financieros pueden hacerlo aunque deben mantenerse vigilantes y extremar las precauciones si no quieren incurrir en impagos o tener problemas con sus ahorros.

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Becas y paro. ¿Son compatibles?

Becas y paro

¿Es posible recibir una beca mientras se cobra el paro?

Hay que analizar tres casos distintos, según que quien vaya a recibir la beca esté cobrando una prestación o un subsidio por desempleo y según el tipo de beca.

1.  Compatibilidad entre la beca y prestación por desempleo 

Si lo que está cobrando es un subsidio, no una prestación, pase directamente al punto 2º.

Veamos lo que indica el SEPE sobre esta cuestión:

Es compatible cobrar la prestación contributiva por desempleo con “las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación ocupacional o para realizar prácticas en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre dichas entidades y el centro docente de que se trate”.  

Es decir: se puede cobrar el paro (la prestación contributiva) y recibir al mismo tiempo una beca de tipo formativo.

La cuestión es ¿cuál es la diferencia entre becas formativas y no formativas?

 

El art. 221 LGSS las establece las incompatibilidades de las prestaciones y subsidios por desempleo:

1. La prestación o el subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando éste se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.

2.  (Las prestaciones) serán, asimismo, incompatibles con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que éstas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación por desempleo.

Visto lo anterior,

a) Si la beca es de tipo FORMATIVO, sería COMPATIBLE con el cobro de la prestación por desempleo.  

La razón es que no existe relación laboral y no hay alta en la Seguridad Social. Son los casos en los que la beca o ayuda está asociada a un programa de formación ocupacional (formación para desempleados en centros concertados, por ejemplo) o reglada en centros que tengan concertadas las prácticas con entidades públicas o privadas. Hay que asegurarse de que estamos realmente ante una beca y no en un contrato para la formación o  en un contrato en prácticas, porque a veces se confunden las denominaciones.

b) Si la beca es COLABORATIVA y REMUNERADA, con una prestación de trabajo, entonces sería INCOMPATIBLE con el cobro del paro.

Hay que tener especial atención al nuevo régimen general de la seguridad social para los becarios, ya que se están dando casos en los que la Tesorería da de alta de oficio al becario y se produce automáticamente la baja en la prestación por desempleo.

Es de interés la siguiente consulta/respuesta del SEPE INEM sobre las Becas de Investigación que exigen dedicación exclusiva :

Pregunta:

¿Es compatible una beca de investigación con mi prestación por desempleo?

Respuesta:

La protección por desempleo es incompatible con las becas de investigación, en primer lugar, porque se pactan en régimen de dedicación exclusiva y ello conlleva una falta de disponibilidad de su titular ante la búsqueda activa de empleo y los servicios públicos de empleo, inherente a la condición de beneficiario de prestaciones. En segundo lugar, dichas becas no son compatibles con la prestación o el subsidio por desempleo al no tener la consideración de ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación ocupacional. Por último y desde que el 04.11.2003 se incluyera a los becarios de investigación en el Régimen General de la Seguridad Social, quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, no podrá simultanear esta actividad con las prestaciones por desempleo.

Referencia normativa: Art. 221.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Art. 15.1 del R.D. 625/1985, de 2 de abril, que desarrolla la Ley de Protección por Desempleo. Art. 6 del R.D. 1326/2003.

En estos casos, cuando la beca es remuneratoria, es obligatorio informar a la oficina de empleo.

En función de la duración de la jornada de trabajo, habrá que suspender totalmente el pago de la prestación (si la beca remunerada es jornada completa) o bien, si  el contrato no es a jornada completa, cabría la posibilidad de simultanearlo con la prestación por desempleo.  Si la prestación se ha suspendido, se reanudará cuando termine el contrato, cobrándose el mismo importe y con los mismos días pendientes que quedaban anteriormente.

2.  Las becas y los subsidios por desempleo

Para recibir los subsidios y las ayudas por desempleo hay unos límites de rentas. Siempre se tiene en cuenta la renta del quien recibe el subsidio, que nunca puede superar los 483,98 euros mensuales (tope para el año 2014)  y además, para los subsidios que tienen en cuenta la unidad familiar, se analizan tambien los ingresos de todos los miembros de la familia y se saca la media mensual para cada miembro, que tampoco debe superar el tope de 483,98 euros mensuales.

Las becas que se reciben, ¿se consideran como rentas y hay que incluirlas en el conjunto para ver si superamos el límite máximo que admite el subsidio?

Veamos lo que indice en respuesta a una consulta el SEPE INEM

“Se consideran rentas las becas o ayudas para cursar estudios, prácticas profesionales o investigación. No se consideran rentas, ni del solicitante o beneficiario del subsidio, ni de los miembros de su unidad familiar, las becas o ayudas públicas para suplir gastos de transporte, alojamiento o manutención, que se obtengan por la asistencia a acciones de formación ocupacional previstas en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional u otras subvencionadas con fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.”

Por lo tanto hay distintos casos posibles:

  • ¿Se tiene que considerar como renta de la familia la beca que el Ministerio de Educación concede a un hijo para estudios académicos no profesionales?

No, las becas escolares no debe formar parte de la renta familiar. Aunque a veces el INEM sostuvo lo contrario, el Tribunal Supremo lo dejó claro en en STS de 2010 (ver en pdf)

  • Y si la beca no es del Ministerio de Educación, sino que es una beca por colaboración en un proyecto de investigación vinculado a una actividad profesional  ¿se tiene que considerar entonces como renta a declarar?

Si, en ese caso hay que considerar la beca como renta e incluirla en el cálculo.

Consideramos interesante esta aclaración que publica el SEPE en su página web:

Pregunta:
    ¿Se puede compatibilizar el cobro de la prestación con la realización de prácticas formativas remuneradas en una empresa que tiene convenio con mi universidad ? Respuesta:
    La realización de un contrato de prácticas (Convenio Universidad – Empresa) es compatible con el percibo de prestación o subsidio, pues se entiende que la remuneración se produce por la asistencia a esa acción de formación ocupacional y siempre que no se pacte en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, suponga la falta de disponibilidad de su titular para una búsqueda activa de empleo. En el caso de los perceptores de subsidio por desempleo, la remuneración de las prácticas será computable como renta individual del interesado para el límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No son compatibles con las prestaciones por desempleo los contratos en prácticas que implican el alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, excepto en los casos de contratos a tiempo parcial, que serán compatibles, pero reduciendo la parte proporcional al tiempo trabajado del importe de la prestación.
 
Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de contratos  de prácticas los llamamos normalmente “becas”, pero realmente son contratos. 
– Si la colaboración no implica alta en Seguridad Social ni dedicación exclusiva, la persona que está cobrando el subsidio puede mantener la beca mientras cobra el subsidio, aunque tendrá que tener en cuenta que esos ingresos hay que declararlos como renta, para ver que no se pase del tope.
– Si la colaboración implica alta en Seguridad Social y dedicación completa, entonces es incompatible con seguir cobrando el paro, porque no existiría disponibilidad para trabajar. Hay que informar a la oficina de empleo para que suspenda el pago del subsidio.
– Si la colaboración implica alta en Seguridad Social y dedicación a tiempo parcial, se puede hacer compatible con el cobro del subsidio, aunque habrá que reducirlo en la misma proporcióna las horas que se trabaje.  A un contrato de media jornada, corresponderá medio subsidio y siempre sin que se sobrepase el tope de 483,98 euros mensuales.

3.  Las becas mientras se reciben ayudas extraordinarias, como la RAI

Para ayudas concretas que no sean ni prestación ni subsidio por desempleo, hay que tener en cuenta su normativa específica:

  • Para la Renta Activa de Inserción por ejemplo, la norma dice que la RAI es compatible con “becas y ayudas, de cualquier naturaleza, que se obtengan por la asistencia a acciones de formación profesional vinculadas al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional”.   Fuente: SEPE

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Hipotecas titulizadas no Embargables.

Las hipotecas titulizadas no son embargables.

La resolución judicial considera que si una entidad cede íntegramente un préstamo hipotecario a un fondo de titulizaciones pierde el derecho a ser acreedora del mismo y por tanto a reclamarla.
“De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que lo concedió deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto contrario, su administración”.

Si no puedes hacer frente a tu hipoteca y el banco ha iniciado un proceso de ejecución de la misma, o incluso ya está en subasta o en fase de deshaucio, puedes oponerte si tu hipoteca fue titulizada, ya que el banco no es el propietario de tu deuda.

Varias sentencias judiciales nos dan la razón, infórmate al respecto, puede ser definitivo para defender tus intereses frente al banco.

Hemos preparado una breve explicación sobre  la titulización de préstamos con garantía hipotecaria.
Intentaremos explicarlo de forma coloquial, para que todos aquellos que nunca hayáis oído hablar de este tema podáis comprender esta problemática.

Empecemos…

¿Qué es una titulización?

Es el proceso en el que una entidad  bancaria que concedió  una serie de préstamos en un determinado tiempo, con el fin de aumentar su liquidez, utilizan el proceso de la titulación, es decir los juntan los préstamos hipotecarios en un paquete y se venden en forma de bonos, deuda pública  y otros, a veces toda la hipoteca en su conjunto, y otras, para diversificar el riesgo, venden tu hipoteca a trozos entre diferentes inversores.

Actores de esta situación…

1.- La entidad bancaria: La que te da el crédito. 2.- La sociedad gestora: Que se encarga de gestionar y administrar el fondo de titulación (la que adquiere el paquete de préstamos que luego vende a los inversores en el mercado financiero) 3.- El bonista: que es el que los compra. 4.- Los deudores, que sin ¨nosotros¨ no hay negocio.

Osea…

El banco cambia los derechos de esas hipotecas (el interés que les pagábamos en nuestra cuota hipotecaria) a cambio de efectivo inmediato (liquidez), para reinvertirlo y seguir el mismo proceso. Forma mágica de hacer más y más liquidez y volver a reinvertirla.

Si tu hipoteca está titulizada (se calcula que lo están el 80% de las hipotecas de la mayoría de entidades españolas), la toma de posesión en caso de embargo por parte del Banco sería nula de pleno derecho, y la adjudicación de la propiedad del inmueble al Banco resultaría asimismo un enriquecimiento injusto.
Por las mismas razones, deberá denegarse la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor de la entidad bancaria, no pudiéndose por otra parte hacerlo en beneficio del Fondo de Titulización, al carecer el mismo de personalidad jurídica.

Recuerda: Posiblemente tu vivienda no es embargable aunque no puedas pagar tu hipoteca: Es posible que el banco no sea el legitimo propietario de la deuda, y el Fondo de Titulización propietario no tiene personalidad jurídica para ejecutarla.

¿Cómo puedo saber si mi hipoteca está titulizada?

No es una tarea fácil, debes solicitarlo a tu banco, CNMV, al Banco de España  o incluso podrías hacerlo a través del juzgado, o a través de despachos de abogados especializados.

Si crees que puede ser tu caso, ponte en contacto con abogados especialistas en demandas bancarias.

P.D. Autorizamos expresamente que se copie parcial o literalmente este escrito, ya que entendemos que es positiva la difusión para el conjunto de los ciudadanos.

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Obligaciones Fiscales Noviembre de 2015

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Tercer trimestre 2015. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195

CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA

  • Solicitud de inclusión para el año 2016: CCT
    La renuncia se formula en el modelo de “solicitud de inclusión/comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”.

HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

RENTA

  • Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2014.Si se fraccionó el pago: 102

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Octubre 2015. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
    · IVA
    · Octubre 2015. Autoliquidación: 303
    · Octubre 2015. Grupo de entidades, modelo individual: 322
    · Octubre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340
    · Octubre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
  • Octubre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado: 353
    · Octubre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Octubre 2015: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Agosto 2015. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    · Agosto 2015. Grandes empresas: 561, 562, 563
    · Octubre 2015. Grandes empresas: 560
    · Octubre 2015: 548, 566, 581
    · Octubre 2015: 570, 580
    · Tercer trimestre 2015. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    · Tercer trimestre 2015. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

Los destinatarios registrados, incluso ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados, utilizarán como declaración de operaciones el modelo 510

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Tercer trimestre 2015. Pago fraccionado: 583

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

IVA

  • Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual: 036
    · Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2015: sin modelo

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Año 2014. Autoliquidación: 583

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Modelos SEPA

mapa_sepa

Este folleto contiene un modelo normalizado simplificado de mandatos básico y B2B para su uso previo a la emisión de adeudos directos SEPA en las respectivas modalidades. Ha sido diseñado con el objeto de facilitar la cumplimentación de las órdenes de domiciliación y contiene la información mínima necesaria para operar de conformidad con las reglas que se definen para cada uno de los esquemas.

Descarga PDF: Orden de domiciliación SEPA

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CONSEJOS PARA CAMBIAR DE COMPAÑÍA DE TELEFONÍA Y NO MORIR EN EL INTENTO

1. Ojo con las permanencias cuando cambiamos de operador móvil

Si tenemos intención de cambiarnos de compañía de móvil, en un principio no es necesario que nos pongamos en contacto con la empresa que abandonamos. Lo normal es que el nuevo servicio se encargue de las gestiones y realice la portabilidad, puesto que la agilidad de trámites le beneficia. En estos casos, la compañía en la que nos damos de alta se pondrá en contacto con la antigua y gestionará los detalles. Ahora bien, esto no necesariamente quiere decir que debamos despreocuparnos totalmente. Por ejemplo, podemos estar dentro del periodo de permanencia del contrato y por tanto deberemos pagar la penalización a la antigua compañía por no haberlo superado.

Como recibiremos una llamada de la compañía que dejamos en la que nos pedirá confirmar la baja, lo mejor es que aprovechando que la llamada se graba, nos informemos del coste de dicha penalización. En el pasado la compañía estimaba el precio de la penalización y nos la imponía en función de las cláusulas del contrato. De este modo, podíamos estar a un mes de finalizar la permanencia e incluso así nos podían cobrar 200 euros.

Pero desde julio de 2014 la ley estipula que la compensación por romper la permanencia debe ser proporcional al tiempo de servicio transcurrido y nunca una tarifa fija. En concreto, debe ser el importe que nos descontaron al darnos de alta -por ejemplo sobre el precio de un móvil- prorrateado sobre los días que llevamos usándolo.

Es una operación matemática sencilla y que nosotros mismos podemos hacer para saber qué es lo que debemos pagar: dividimos el descuento por los días que comportaba la permanencia y tendremos la cantidad amortizada por día. Después multiplicamos esta cantidad por los días que nos quedan para terminarla. Se pueden hacer también por meses, pero no es tan preciso.
2. Las contraofertas, claras y sin amenazas

Nos harán también una contraoferta para que nos quedemos: podemos rechazarla o aceptarla siempre amparados por la ley, pero en caso de rechazo, los operadores no pueden usar amenazas de costes extraordinarios para forzarnos a aceptar. Por ejemplo, no pueden decir que si aceptamos la contraoferta nos perdonarán la penalización del contrato de permanencia o que si la rechazamos perderemos el número actual. En el primer caso porque de continuar con la operadora habría una renegociación del contrato que podría implicar nuevas permanencias. En el segundo, porque la operadora saliente está obligada a ceder el número a la entrante.

Si nos amenazan, debemos hacerles constar de viva voz que conocemos nuestros derechos y que sabemos que su proceder es ilegal, ya que nuestra advertencia quedará grabada en la llamada. Por otro lado, si decidimos aceptar una contraoferta, es muy importante que nos aseguremos que el operador indicado tramita la baja de la oferta que teníamos hasta la fecha. Es decir, que se da de alta la contraoferta y de baja el contrato actual. De otro modo, nos podemos encontrar pagando dos servicios a nuestra vieja compañía por la ineficacia o mala fe de un operador, un lío administrativo que después puede costar mucho de resolver.

Finalmente, la compañía de la que nos damos de baja deberá enviarnos un SMS avisándonos de que procesa la baja y dándonos un plazo aproximado en que esta será ejecutada, con el fin de que no nos coja desprevenidos. También deberá avisarnos justo antes de que esta se haga efectiva. Además, el trámite debe estar acompañado de un número de referencia que identifique las gestiones.
3. Sangre fría si queremos cambiarnos de proveedor de internet

Aquí vamos sin red. Cuando nos cambiemos de proveedor de acceso, seremos nosotros quienes deberemos realizar todos los trámites y gestiones. Antes que nada, una dato importante: podemos realizar todas estas gestiones por teléfono amparados por la ley, puesto que las conversaciones deben grabarse y cada incidencia debe estar acompañada de un número de referencia que se nos enviará por correo electrónico o por SMS. En otras palabras, si el operador intenta recurrir a la argucia de que la baja debe tramitarse por carta, fax o buró fax, debemos hacerle saber que conocemos nuestros derechos y que sabemos que la conversación se está grabando.

Adicionalmente, si el operador argumenta que no puede darnos de baja porque tenemos facturas pendientes, de nuevo hay que hacerle saber que la ley permite darse de baja de un servicio con independencia de tener impagados. También es posible que nos acose con ofertas o incluso con inquisiciones sobre el motivo de nuestra decisión. Ni tenemos por qué explicarle los motivos ni nadie nos obliga a aceptar las ofertas.

Ahora un consejo que dicta la experiencia: es mejor que esta conversación la realicemos de una forma exquisitamente educada, puesto que en cierto modo estamos en manos del operador, que puede cortarnos la llamada, dejarnos eternamente en espera o incluso señalar nuestro caso con algún código especial que haga que otros operadores nos den mal trato o no nos hagan los trámites de baja aunque nos hagan creer que sí. Si sospechamos que nos dan repetidamente un trato discriminatorio, lo mejor es reclamar de nuevo y explicar tranquilamente el caso a otro operador o a un superior de este para que los trámites se hagan de forma definitiva.
4. Niégate a pagar por un router que no volverás a utilizar

Otra argucia que puede utilizar el proveedor de acceso cuando te quieres dar de baja es cobrarte una cantidad fija en concepto del material que te quedas y que es propiedad de la compañía. Por ejemplo el router, que todos creemos que nos regalan. En realidad no es así y el operador está en su derecho a cobrar por él, ya que puede tener mucha vida útil por delante. Ojo que los routers son caros, especialmente los de fibra óptica, y la broma nos puede salir por más de 200 euros. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué quedarnos un dispositivo que no usaremos más.

La ley nos permite no aceptar este pago siempre que hagamos efectiva la devolución del router y otros aparatos de la compañía. Es más, especifica que es la empresa la que debe venir a comprobar su estado y recogerlo en nuestro domicilio. De todos modos, no está de más pedir al proveedor la dirección de una tienda cercana donde poder entregarlo y llevarlo allí, para evitar demoras en la recogida que impliquen la activación del pago e incluso la demora de la baja. Cualquier excusa es buena. Una vez lo entreguemos, nos aseguraremos de que nos dan recibo fechado de la entrega por si las moscas.

Otro caso frecuente es el de los cobros por la instalación de servicio de acceso. De un tiempo a esta parte, y tras los conflictos laborales con los técnicos instaladores, las compañías han decidido incluir una cláusula en los contratos que estipula que si no se cumple una permanencia mínima, e incluso sin esta, al dejar el servicio se deberá pagar la instalación, especialmente en el caso de la fibra, que es más compleja. Están en su derecho y debimos habernos apercibido de este ‘detalle’ al firmar el contrato. Algo similar ocurre con los contratos de permanencia.
5. Pide explícitamente una ‘baja exprés’

Si nos queremos cambiar sin haber cumplido los plazos, deberemos pagar con las mismas condiciones que se relatan para en cambio de operadora de telefonía móvil. Finalmente, otra fuente de conflicto es el finiquito del servicio, es decir la última factura, que muchas veces sufrimos como si hubiéramos cometido una falta y mereciésemos un castigo. Y no: las compañías solo tienen por ley derecho a cobrarnos los dos días siguientes hábiles tras pedir la baja, ya que esta debe estar tramitada en 48 horas.

Si las gestiones se demoran, no pueden seguir pasándonos facturas ni cobrarnos hasta 15 días laborables, como hacían antes. Sin embargo, es importante hacer constar a viva voz cuando pedimos la baja que queremos que esta sea ‘exprés’, para que quede grabado ante futuras reclamaciones. Por su parte en este plazo la compañía tendrá que dejarnos sin servicio y si no lo hiciera, correría con el consumo de datos que se generase.

Importante: si nos pasan facturas que consideramos injustas, es mejor pagarlas y reclamar su devolución después si no queremos terminar en un archivo de morosos, un trance desagradable y complicado de revertir. Por descontado, en todo este proceso siempre debemos pedir que se asigne una referencia a nuestro trámite, que utilizaremos para identificarlo ante futuros teleoperadores.
6. En ofertas convergentes exige precios oficiales

Si tenemos contratado un servicio convergente donde, por ejemplo, se unifica la telefonía móvil, la fija, el acceso a internet y la televisión por cable en una sola oferta, las bajas son más complicadas. El hecho de tener un solo paquete contratado otorga precios especiales que no se podrán conservar si se prescinde de uno de los servicios. En tal caso, pasaremos a pagar el precio de los servicios por separado, lo que aumentará sensiblemente la factura total.

Ante esta situación nos queda la alternativa de migrar integralmente a otra compañía que nos ofrezca un servicio convergente que pueda interesar a nuestro bolsillo. Si queremos seguir en la compañía, no está de más bien exigir que los precios que vamos a pagar por los servicios por separado sean las tarifas oficiales propuestas por la compañía en sus publicidades. Están obligadas a ello.

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